Greenpeace denunció que tanto Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han actuado con nula transparencia en el Complejo Pajaritos, situado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde ha descubierto una fuerte contaminación producto de las descargas industriales.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El agua que proviene de la tubería de descarga del Complejo Pajaritos de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por Mexichem en asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex), contiene al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo para el ambiente y la salud de los habitantes de la periferia al ser catalogados como posibles cancerígenos, informó la organización ambientalista Greenpeace México.

Tras realizar un análisis, el 23 y 24 de abril pasados, la ONG con presencia internacional acusó que dichas sustancias prácticamente carecen de regulación en México y fueron encontradas en concentraciones superiores a lo permitido por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de Estados Unidos.

Los resultados desglosados en el reporte técnico realizado por la organización representan los impactos de la ausencia de regulación, control, y manejo de los químicos empleados en el complejo Pajaritos.

“Pemex está tirando esa porquería tóxica desde hace 15 años al menos o coincidió con que casualmente explotó Pajaritos y se contaminó también la tubería de descarga, lo cual es altamente improbable. Lo que sí es seguro, lo que sí es un hecho es que Mexichem y Pemex están contaminando con estas sustancias altamente tóxicas”, dijo a SinEmbargo Miguel Ángel Soto, vocero de Greenpeace México.

A dos meses de la explosión registrada en la planta Clorados III de dicho complejo petroquímico, que cobró la vida de al menos 32 personas y dejó cientos de heridos, Greenpeace presentó los resultados del análisis de las muestras de agua y suelo recolectadas en la zona con el propósito de buscar sustancias químicas peligrosas.

De las 10 muestras tomadas, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos es precisamente la del agua proveniente de Pajaritos. Se encontraron etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles.

De las distintas sustancias, el químico más predominante es el Dicloruro de Etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por IARC y los servicios de salud de EU. Las concentraciones halladas de EDC superan de 10 a 28 veces los límites que establece Estados Unidos respecto a las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.

“Si las sustancias entran en contacto con el humano, se empiezan a acumular en los tejidos y los EDCs pueden provocar enfermedades como cáncer, padecimientos en el sistema nervioso, en los riñones, el hígado, entre otros”, dijo.

Los compuestos químicos pueden ser ingeridos mediante los alimentos, el agua, al respirarlos en forma de gas o por contacto con el tejido humano, informó.

Las consecuencias, señaló, podrán ser evidentes en la salud de las personas dentro de un lapso de 5 a 10 años. “Toda la exposición a sustancias químicas de este nivel de toxicidad genera daños crónicos en la gente, mismos que se manifiestan es dicho tiempo”, comentó.

Por ello, subrayó la necesidad de que la situación sea atendida a largo plazo. “Hay que darle seguimiento y financiamiento para que la gente tenga noción, sepa lo que puede pasar y además para que (Pemex y Mexichem) asuman los gastos”, urgió.

AUTORIDADES OMISAS

Greenpeace denunció que tanto Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), han actuado con nula transparencia.

El 27 de abril, la organización preguntó –entre otros puntos– si se han tomado muestras representativas de agua, aire y suelo en la zona del complejo petroquímico posterior a la explosión en la zona, y en caso de contar con ellas, solicitó los reportes de las mismas.

Además exigieron un informe sobre el plan de monitoreo dentro y fuera de las instalaciones donde ocurrió la explosión, información sobre la condición de los trabajadores, sobre las personas que atendieron el accidente y la población vecina.

“Pedimos conocer con exactitud qué sustancias se fugaron para causar la explosión y pedimos saber si había algún antecedente de fugas en la planta y con qué sustancias estaba trabajando exactamente cuando esta ocurrió”, exigió el activista.

Por su parte, el 20 de mayo Pemex contestó no contar con información respecto al tipo de sustancias que operan en el complejo, respuesta que el activista calificó como ridícula: “es ridículo que Pemex no tenga información de las sustancia que explotaron dentro de su complejo donde mataron a 32 personas hasta el momento porque no sabemos si las cifras están actualizadas o están escondiendo algo”.

Semarnat dijo que no era su competencia, mientras Cofepris y Profepa solicitaron prórroga para responder, la cual vence mañana.  “Estamos ante varios hechos alarmantes: alta presencia de químicos, falta de transparencia en la información sobre el uso de sustancias tóxicas, y la ausencia de una regulación en el uso y manejo de químicos adecuada que minimice el riesgo de más explosiones con víctimas mortales y con serias afectaciones al ambiente, es ridículo que las autoridades digan desconocer la información. La población tiene derecho a la información, tiene derecho a saber lo que ocurrió”, abundó Soto.

“Presuntamente contestan mañana, porque no se puede confiar en las autoridades de aquí (México). Esperamos que cumplan su palabra”, agregó en entrevista para este medio.

Ante la opacidad, Soto subrayó la necesidad de que exista transparencia y se castigue a los responsables de la muerte de decenas de personas y del daño al medio ambiente: “tiene que haber sanciones ejemplares contra Pemex y contra Mexichem debido a estas pérdidas humanas, los daños graves a la comunidad y al medio ambiente. Pemex y Mexichem tienen que destinar recursos para indemnizar a las familias y brindarles atención médica a largo plazo”.

URGE REGULACIÓN, ACUSA GREENPEACE 

Asimismo, recordó que la Semarnat tiene la gran tarea de fortalecer la regulación del uso de suelo “porque si las autoridades hicieran su trabajo, accidentes como este por la liberación de químicos tóxicos podrían haberse evitado”, aseguró.

“¿Por qué operan así? Por un lado porque les les da igual, lo que quieren es tener dinero. Lo otro porque las leyes mexicanas en materia de descargas industriales y residuales de sustancias químicas son muy permisivas y laxas. Ese es el muy grave problema, las empresas como Pemex vienen a instalarse a zonas como Coatzacoalcos porque no hay leyes que se los impidan ni hay voluntad”, lamentó.

Soto urgió a las autoridades gubernamentales actuar con prontitud:

“A la Semarnat, a la Profepa y a la Conagua les pedimos acciones claras y contundentes en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, castigo contra Pemex y Mexichem por lo ocurrido, así como indemnizaciones para las familias de los fallecidos y seguimiento en la cuestión de salud, por lo que es necesaria la intervención de la Secretaría de Salud a cargo de José Narro Robles”, pidió.

Agregó que el Gobierno federal y Pemex deben dar a conocer ya el plan de remediación y estudios pertinentes para saber qué sucedió, qué impacto tendrá en el entorno y de qué forma se reparará el daño al medio ambiente.

“También deben informar a la sociedad cuáles son las sustancias que manejan sus instalaciones y en qué cantidades las están descargando cotidianamente en tierra, agua y aire. Muchas de las especies que están en los ríos absorben este tipo de sustancias y comienzan a desaparecer”, finalizó.