Hartas de la negligencia de las autoridades, madres de Sinaloa se han unido en la búsqueda de sus hijos en un grupo denominado Las Rastreadoras. Sus largas jornadas de trabajo han dado de qué hablar en un estado que incrementó el número de desapariciones en un 31.3 por ciento en el último año y medio. En los escombros o debajo de la tierra, numerosos cuerpos han sido hallados por estas mujeres; ellas les han devuelto su identidad.
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Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).— Hace dos años, Mirna Nereyda Medina Quiñónez perdió a su hijo después de que extraños a bordo de una camioneta Explorer color negro se detuvieran en una gasolinera, en la localidad de El Fuerte, Sinaloa. Roberto Corrales Medina, de 21 años, vendía complementos para celular y nadie lo ha vuelto a ver. En su búsqueda, la madre ha organizado a las familias para hacer trabajos que las lleven a encontrar a sus seres queridos. El grupo denominado como Las Rastreadoras, recientemente consideradas como concursantes al Premio Nobel de la Paz por labores que iniciaron en el 2014, quieren mantenerse lejos del reconocimiento y, como dice Medina, prefieren hablar de sus prioridades y de las herramientas que aún les hacen falta a 225 familias para trabajar en esta penosa tarea.
Hasta el pasado abril, el número de desaparecidos en Sinaloa ascendía a 2 mil 16, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Desde el percance que sufrió su hijo, el colectivo de Mirna ha logrado dar con los restos de 48 personas. La mayor parte de las madres que integra a Las Rastreadoras proviene del norte del estado, de los municipios El Fuerte, Choix y Ahome.
El 14 de julio del 2014, Corrales Medina fue visto por última vez, recuerda su madre.
“Eran las 17:45 cuando cuando llegó una camioneta tipo Explorer a las bombas de gasolina. Mi hijo se levanta para ofrecer la mercancía. Ahí mismo dejó sus cositas. Lo subieron. Ya estaba a punto de retirarse a su casa”, detalla.
Parte de los problemas para dar con los desaparecidos los vivió en carne propia, en especial los derivados del miedo. Los videos de la gasolinera en la que encontraba su hijo fueron solicitados. Sin embargo, le fueron negados bajo el argumento de que las cámaras no servían por la lluvia desde hacía tiempo.
En El Fuerte la gente teme, dice Medina. Hay miedo de lo que les pueda pasar por colaborar con el grupo de madres, en un lugar con no más de 15 mil habitantes. Ese municipio está asediado por la violencia y la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sitúa a dos de sus localidades dentro de las que tienen mayor rezago social: El Carricito y el Pochotal.
La denuncia por la desaparición del joven tampoco se pudo hacer de forma inmediata. Roberto, quien vivía en El Rancho, ubicado en el municipio de Choix, no llegó a su casa esa noche. Su padre adujo que se había quedado con otros familiares y no fue sino hasta el día siguiente que la familia se enteró de lo sucedido.
La Policía Municipal se ha atribuido mala fama en el lugar. Las Rastreadoras han sostenido que las autoridades participan en el 90 por ciento de las desapariciones. Al momento de que Mirna Medina solicitó ayuda para hallar a Roberto, la respuesta fue el menosprecio.
“No señora nosotros no buscamos. Sólo vemos si aparecen muertos”, recuerda que le dijeron.
El Fuerte, relata, vive acechado por “tiradores” y sicarios. Y fueron allegados a la familia que le dijeron que Gilberto, un narcomenudista local, sabía donde estaba su hijo. Armada de valor fue a buscarlo.
—Señor, ¿usted sabe dónde está mi hijo?
—¿Yo?, ni al caso—, contestó. Y dos semanas después, también Gilberto desapareció.
A partir de ahí, Mirna Medina se unió con otras madres que tienen hijos desaparecidos para realizar brigadas. Una de ellas, Reyna Serna Escalante, es la madre de Alejandro López Serna. Joven que desapareció en julio del 2014 en el municipio, y del que aparecieron sus restos el 2 de octubre en la comunidad Cuesta Blanca, en San Blas.
“Y ya empecé a buscar desde ahí, en las redes sociales , y también empezó a apoyarnos mucha gente”, dice Medina.
De los 48 cuerpos que han encontrado Las Rastreadoras, 16 han sido entregados a las familias, otros 10 se encuentran en proceso de cotejo de ADN y el resto aún no hay indicios de quienes pueden ser.
INDIFERENCIA
Sandra Luz Hernández, madre de un desaparecido que fue ejecutada en plena luz del día, en mayo del 2014, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJ). El caso aún es un símbolo de lucha dentro de Las Rastreadoras.
Hernández se había convertido en activista e investigadora a partir de que su hijo, Édgar García Hernández, empleado de PGJE, quien desapareciera el 12 de febrero de 2012, cuando personas armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron de manera forzada.
“A Sandra Luz la matan por ir a buscar a su hijo. El asesino confeso dice dónde la mató. Y después sale libre. Sandra Luz nunca encontró a su hijo”, dice Medina.
La primera vez que las madres manifestaron en el municipio por la ola de violencia en el norte de Sinaloa fue el 12 de septiembre del 2014.
Una marcha de madres recorrió de la gasolinera donde se le vio por última vez a Roberto hacia el Palacio Municipal. Pese a solicitarlo, el Alcalde Marcos Vinicio Galaviz no quiso recibirlas.
“Yo ya había reunido 38 denuncias por desaparición, pero cuando llegó, no nos atendió el Presidente Municipal, sino su Secretario. Y nos dio otra cita para hacernos el estudio de ADN”, cuenta Nereyda.
Cinco días después las madres fueron atendidas por el Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, cuyo compromiso de reunirse con las madres cada mes fue más tarde incumplido.
La indiferencia de las autoridades fue generalizada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registraba 154 denuncias por desaparición forzada en octubre del 2014. Más las reportadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otras 300. Pero la Procuraduría General de Justicia del Estado reconocía un solo caso por este delito.
La insistencia de las madres hizo que el Gobernador Mario López Valdez les recibiera el 16 de diciembre. El dirigente estatal entregó cuatro perros caninos para rastrear fosas clandestinas.
Aunque, a la fecha los esfuerzos de búsqueda los hacen por su cuenta. “Nosotros no tenemos apoyo de nadie, somos alrededor de 40 mujeres que vamos a las búsquedas”, dijo Nereyda.
“Hacemos lo mismo que otros, nos dan pitazos de por dónde podemos buscar. Y metemos la varilla”. Ahora les han prometido un georador para verificar las formaciones debajo de la tierra. “Se supone que el Gobernador lo va tener pronto. Otro regalo que nos va a dar es un laboratorio de genética”, confía Nereyda.
A la fecha las madres rechazan que sean policías municipales, quienes las escolten en sus brigadas. En noviembre del 2013 se dictó formal prisión a cuatro policías municipales de Ahome por su involucramiento en este delito, de los cuales tres se hallan detenidos.
El Juzgado Segundo de Ahome dio como sentencia 28 años nueve meses de cárcel a Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos.
LA VIDA EN SINALOA
Un conteo hecho por el diario Noroeste en julio del año pasado recalcó que en la entidad desaparece al menos una persona al día.
“A veces queremos pensar que es por el crimen. Muchas veces la gente dice que es porque quienes desaparecen andaban en algo, pero no es porque sea mi hijo, pero él no bebe, no fuma, no anda metido en cosas”, dice Medina.
En febrero de este año el Gobernador del estado se pronunció en contra de la crecida de la violencia. En reunión con representantes de las dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de México (Semar), López Valdes anunció una estrategia que incluía reforzar la participación del Ejército en las calles.
“Malova”, como le llaman al Gobernador, prohibió los eventos masivos y aminoró la venta de bebidas alcohólicas en zonas de violencia. Sin embargo, las políticas de seguridad del gobernante, así como del Gobierno Federal en la zona propiciaron los desplazamientos.
El Fuerte es uno de los municipios con mayor número de desplazados por la guerra contra el narcotráfico y las posteriores persecuciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el 2012, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, una organización civil de la entidad, calculó que había entre 25 mil y 30 mil desplazados en 11 de los 18 municipios de la entidad.
Un costo de 250 millones de pesos para el estado, reporta el libro Con una granada en la boca: “Heridas de guerra del narcotráfico en México”.
La violencia generó la salida de habitantes de la zona serrana del municipio. En especial, las disputas por el control de la zona entre cártel de Sinaloa y el grupo de los Beltrán Leyva, tras la ruptura entre ambos bandos, de acuerdo con el informe “Las víctimas ocultas de México”.
“En áreas rurales, los cárteles de la droga ejercen control sobre territorios que pueden ser utilizados para cosechar cultivos como marihuana o amapola, controlar la extracción de la madera y la minería, traficar drogas a través del área, o imponer gravámenes a otros contrabandistas o traficantes”, cita el informe.
Por otro lado, la autoridad también genera las desapariciones. “El 90 por ciento de las desapariciones se dan por la colusión”, detalló Mirna.
El 27 de noviembre del año pasado, Mirna fue amenazada por personas de las que prefiere reservarse su identidad, pero que ya fueron denunciadas a la Procuraduría General de la República. “Se desinformó al decir que eran policías municipales. Pero sé perfectamente quienes fueron”, destaca.
Hoy, el colectivo hace gestiones para que la PGJ les brinde una ventanilla directa en casos de desaparición, aseguran que la violencia no ha cesado, y que las jornadas de 7 de la mañana a cinco de la tarde por sus hijos seguirán, como hasta ahora, tres veces a la semana.
