En caso de probarse de forma definitiva estas acusaciones, este podría ser uno de los primeros casos de corrupción que enfrenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su propio partido luego de haber repetido hasta la saciedad que su mandato se caracterizará por la ausencia total de impunidad ante la corrupción.
México, 20 de mayo (EFE).- El delegado del Gobierno federal en el estado de Jalisco, Carlos Lomelí, estaría detrás de una red de empresas farmacéuticas beneficiadas por contratos gubernamentales, informó este lunes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con la investigación difundida por la organización, que tuvo acceso a documentos públicos, la red de nueve empresas se encuentra controlada por el funcionario a pesar de que sólo reconoce oficialmente en su declaración patrimonial a cuatro de ellas.
Las cinco empresas restantes han tenido en su directorio a 11 de sus familiares y colaboradores más cercanos y han ganado más de dos mil millones de pesos (unos 104.38 millones de dólares) en contratos por la venta de medicamentos a distintas autoridades.
Sobresale la compañía Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), la cual ganó en lo que va de 2019 más de 164 millones de pesos (8.82 millones de dólares) el contratos adjudicados por el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rechazo los señalamientos que, sin fundamento, difunden en contra de mi persona.
Reitero: ninguna de las empresas en las que tenga participación interviene ni intervendrá en licitaciones gubernamentales.— Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) May 20, 2019
Además, detalló MCCI en su investigación, Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones de pesos (1.87 millones de dólares).
Durante su infructuosa campaña electoral por la gubernatura de Jalisco en 2018, el hoy “superdelegado” Lomelí, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), negó en reiteradas ocasiones estar relacionado con Abisalud ante las acusaciones de sus opositores.
“Es totalmente falso, eso no lo tengo que decir yo porque no es mi empresa; que vayan e investiguen y citen a la empresa y a las personas señaladas”, dijo en junio de 2018.
Sin embargo, al mando de esta empresa han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, ex secretario y sobrino, respectivamente, de Carlos Lomelí.
El resto de empresas que conforman la red son Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.
De estas sólo figuran Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra como propiedad de Lomelí.
“En todas ellas colaboran las mismas personas que aparecen en las cinco empresas restantes, en donde el Súperdelegado (como se denomina a los delegados del Gobierno federal en los estados) no reconoce tener participación”, expuso MCCI.
La organización civil precisó que “esas personas son su ex esposa, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña, y sus hijos Carlos, Karla Millaray y Lourdes Saraí Lomelí Abundis; su actual esposa Karina Lucía Navarro Pérez, y los tíos de esta, Jorge y Francisco Ramón Pérez Estrada”.
Varias de las farmacéuticas, reconocidas o no por Lomelí, comparten domicilio, una finca de 162 metros cuadrados en el número 205 de la calle Chicle de la colonia El Colli, en Zapopan, Jalisco.
En caso de probarse de forma definitiva las acusaciones que hace MCCI en su investigación, este podría ser uno de los primeros casos de corrupción que enfrenta el mandatario López Obrador dentro de su propio partido luego de haber repetido hasta la saciedad que su mandato se caracterizará por la ausencia total de impunidad ante la corrupción.
La asociación MCCI, encabezada por el empresario y activista Claudio X. González Guajardo, ha desvelado importantes casos de corrupción del Gobierno mexicano como el de la Estafa Maestra, una trama de adjudicación de contratos a empresas fantasma, dada a conocer en 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El Fiscal General de México, Alejandro Gertz, anunció el pasado 6 de mayo que la Fiscalía del nuevo Gobierno, que desde el pasado 1 de diciembre preside López Obrador, investigará como un crimen de Estado la Estafa Maestra, que involucra desvíos por 5.875 millones de pesos (310.8 millones de dólares).
