Chimalhuacán/Atenco, Estado de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Adán Espinoza Rojas arranca de la tierra un trozo de madera pintado color rosa fluorescente que, dice, señaliza el trazo planeado para una carretera. Avanza unos metros, hasta donde se levanta otra de esas como estacas. La arranca. Unos metros más allá se divisa otra y hasta ella camina el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Como a las otras, también la saca de la tierra como si fuera una hortaliza.
Espinoza Rojas no se inmuta por quitar los destacamentos de lo que supone será una carretera por la simple razón de que, dice, fueron colocados sin autorización en terrenos que corresponden al ejido del pueblo de San Salvador Atenco. Esos trozos de madera pintada serían la evidencia de que hay en marcha un plan de desarrollo urbano en la zona, que por ahora sólo figura como colindante del proyecto de infraestructura más ambicioso del gobierno federal: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
A 24.6 kilómetros de donde Espinoza Rojas quita los destacamentos de la tierra bajo un potente sol de principios de mayo, una semana antes un grupo de unas 500 personas, entre mujeres y hombres jóvenes y de mayor edad y hasta varios niños, recorría en caravana los extensos terrenos cuya propiedad se disputa con el Gobierno federal en el municipio de Chimalhuacán.
Un decreto de donación por parte del Gobierno del Estado de México ampara al Gobierno federal mientras que antiquísimos títulos de propiedad, contratos de compra-venta y recibos de pagos del impuesto predial respaldan los dichos del grupo sobre la propiedad de 945 hectáreas de la zona llamadas Los Tlateles y conocida también como “El moño”, por la semejanza de la forma del terreno con esa figura.
El recorrido por Los Tlateles se hizo para que la visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cinthya Arelette Juárez Luna, diera fe de los hechos denunciados ante esa instancia por quienes se reivindican como sus dueños. Ellos acusan que el Gobierno federal ha iniciado obras en las tierras en disputa, además de que operó la adquisición de algunos terrenos mediante veladas coacciones, amenazas de desalojo y el pago de supuestas compensaciones por haber “cuidado” la propiedad del Gobierno.
Inconformes, los que se reconocen como dueños de Los Tlateles llevaron a Juárez Luna por los terrenos cuya propiedad reclaman y que se localizan cerca del Lago Nabor Carrillo. Aunque ni el lago ni Los Tlateles forman parte del área donde se planea hacer el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la cercanía con la zona donde se realizará lleva a pensar a quienes se dicen propietarios que el interés del Gobierno federal por sus tierras está relacionado con ese proyecto.
La cercanía con el proyecto del nuevo aeropuerto no es lo único en lo que coinciden las historias de San Salvador Atenco y Chimalhuacán. También lo es la silenciosa forma en que en ambos casos el Gobierno federal ha actuado para hacerse de tierras que no necesariamente serán para el nuevo aeródromo pero que sí podrían utilizarse para los proyectos urbanos que indudablemente se desarrollarán simultáneamente o después de su construcción.
LA AMENAZA PARA LA TIERRA
Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto arquitectónico para el nuevo aeropuerto – el 3 de septiembre de 2014- aseguró que éste se haría en terrenos federales, con lo que descartaba por anticipado la alternativa de expropiar o comprar tierras, que fue lo que hizo fracasar en 2002 el plan de un nuevo aeropuerto del entonces Presidente panista Vicente Fox Quesada.
No obstante, el FPDT –surgido precisamente a raíz de la oposición de los ejidatarios de San Salvador Atenco a vender sus tierras para el proyecto foxista de un aeropuerto– asegura que el nuevo plan aeroportuario sí abarca las tierras que han defendido por 13 años. Espinoza Rojas esgrime que el terreno que el gobierno presenta como de la Federación contempla tierras que pertenecen al ejido de San Salvador Atenco, tal como lo asienta su Carpeta Básica, que es el documento donde consta la creación del ejido y contiene, entre otras cosas, datos sobre la creación del núcleo agrario, el número de beneficiarios y el plano definitivo del ejido.
Sumado a ello, el Gobierno federal impulsó desde 2008 una “sigilosa adquisición de tierras” en nueve pueblos aledaños a la zona del ex Lago de Texcoco –donde se ha dicho que se hará el nuevo aeropuerto– a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Una de esas comunidades es San Salvador Atenco, junto con Santa Isabel Ixtapan, San Luis Huexotla, Santa María Chimalhuacán, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, San Cristóbal Nexquipayac, Francisco I. Madero y San Miguel Tocuila.
En el caso de Los Tlateles, la operación para adquirir tierras comenzó el año pasado, a decir de los afectados. Primero comenzó con la propuesta de compra, pero como los supuestos dueños se negaron la estrategia cambió al pago de una compensación por haber “cuidado” tierras que en septiembre de 2014 el gobierno mexiquense donó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante la negativa de los supuestos dueños a firmar documento alguno en el que aceptaran otorgar sus tierras, vinieron las presiones y más tarde amenazas de desalojo.
Quien operó esas acciones, aseguran los afectados, es Irma Lorena Roa López, encargada del Departamento de Control y Validación Documental en la Secretaría de Gobernación. Su cargo actual no es lo que llevó a Roa a jugar ese rol, sino su pasado en el Gobierno del Estado de México, donde fue la encargada de negociar la compra de tierras para el Circuito Exterior Mexiquense, un conjunto de vías vehiculares que conecta el oriente de la Ciudad de México con las ciudades más cercanas. En su tramo BLA, el Circuito Exterior Mexiquense corre a lo largo y ancho de Los Tlateles.
En su libro Política, negocios y poder. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez plantea que el proyecto del nuevo aeropuerto fue una estrategia diseñada por distintos gobiernos mexiquenses e implementada a lo largo de varios años, “que de manera silenciosa fueron operando un proceso de especulación inmobiliaria, mediante el cual adquirieron propiedades y elaboraron distintos proyectos que acompañarán tanto la construcción del nuevo aeropuerto, en una superficie de 12 mil 500 hectáreas, así como posteriormente, el desarrollo inmobiliario de los terrenos e instalaciones del actual aeropuerto Benito Juárez en el Distrito Federal”.
LA SIGILOSA ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Durante el anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, el Presidente Peña Nieto deslizó la clave de su promisorio proyecto, la cual era que para ese momento su gobierno ya llevaba camino avanzado en uno de los temas pilares para su desarrollo: la adquisición de los terrenos.
Justamente ese aspecto fue el que echó por tierra el proyecto del ex Presidente Fox Quesada, cuando en 2001 intentó construir un nuevo aeropuerto en terrenos ejidales del municipio de Atenco y pretendió indemnizar a los campesinos ofreciéndoles 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado.
Los gobiernos posteriores aprendieron de ese error y cambiaron la estrategia para adquirir tierras. Por una parte, se modificó la zona en la que se construirá el nuevo aeropuerto. Pero además, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se financiaron estudios y un proyecto para adquirir tierras, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El argumento usado fue que los predios se usarían para consolidar una reserva ecológica dentro de la zona federal del ex Lago de Texcoco.
La estrategia de adquisición de tierras se describe en el libro blanco de la Conagua, CONAGUA_07, Programa Ecológico Lago de Texcoco (PELT), de octubre de 2012.
En éste se refiere que un estudio realizado por el Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo mostraba que la exposición humana a las partículas PM10 (pequeñas partículas dispersas en la atmósfera formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos o aluminatos, metales pesados y material orgánico asociado a partículas de carbono) provenientes de las 966 hectáreas de suelos salinos y alcalinos de la zona del Vaso del Lago de Texcoco, aumentaban los niveles de morbilidad humana.
Para combatir este riesgo a la salud se elaboró una propuesta de aplicar tecnologías de pasturización y cortinas rompevientos con el apoyo de un sistema de riego y drenaje, a fin de disminuir y mitigar o controlar las tolvaneras que emitían partículas PM10 a la atmósfera.
Con este argumento, en 2008 la Conagua presentó el Programa Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) que planteó incrementar la superficie del suelo con remediación y el rescate de suelos erosionados para mitigar el problema de las tolvaneras y disminuir los daños a la salud, así como consolidar la mayor reserva ecológica y ambiental de la zona metropolitana de la Ciudad de México y crear un espacio público para realizar actividades recreativas y deportivas en la zona oriente del Valle de México.
Para cumplir este objetivo se justificó la necesidad de adquirir predios, así como construir 40 kilómetros de caminos para el acceso a la zona de mitigación prevista. La Conagua planteó una superficie total de 3 mil 200 hectáreas, de las cuales 2 mil 500 serían adquiridas en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán. Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Entre 2008 y septiembre de 2012, la Conagua adquirió 897 predios, de los cuales 663 se encontraban para 2012 pagados y escriturados y los 234 restantes estaban en proceso de pago.
El proyecto también consideró un Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de Mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco, con el que se pretendía construir 40 kilómetros de caminos para desarrollar un sistema de acceso permanente a la zona de mitigación y otros objetivos.
El programa tenía previsto hasta este año para la adquisición de predios. De acuerdo con el libro de Encinas Rodríguez, en 2008 se llevaron a cabo las asambleas de ejidatarios de los núcleos de Hidalgo y Carrizo y Chimalhuacán, quienes aceptaron un pago de 119 pesos el metro cuadrado de sus tierras. En 2013, los ejidos de Huexotla, San Felipe, San Bernardino, Nexquipayac, Francisco I. Madero y Santa Isabel Ixtapa realizaron sus asambleas ejidales y cedieron sus derechos sobre sus tierras por 157 pesos el metro cuadrado en promedio.
“Hoy se puede confirmar que fue un engaño que le permitió al gobierno federal instrumentar con gran sigilo una operación inmobiliaria que conformó una red de complicidades entre los gobiernos del PAN [Partido Acción Nacional] y del PRI [Partido Revolucionario Institucional], acompañada por el gobierno del Estado de México y por particulares que tuvieron acceso a información privilegiada”, sostiene el Senador en su libro, publicado en diciembre del año pasado.
José Luis Luege Tamargo, quien fue director de la Conagua durante el sexenio calderonista, ha rechazado que la compra de terrenos hay a obedecido a un proyecto para un nuevo aeropuerto.
ESTRATEGIAS CONTRA LOS MÁS REACIOS
Para septiembre de 2012, de acuerdo con los datos del libro blanco de la Conagua, se habían adquirido mil 749 hectáreas de las 2 mil 929 hectáreas proyectadas. Los únicos ejidos en donde no se había avanzado ni un ápice en la adquisición de predios eran San Miguel Tocuila y San Salvador Atenco.
En ambos casos, sin embargo, la estrategia a emplear ha sido diferente: a través de la cooptación de sus representantes ejidales, con el convencimiento de algunos para generar pugnas entre la comunidad, mediante la persistente criminalización de quienes se oponen y también recurriendo a medidas de presión, como la intromisión en los terrenos, de acuerdo con Espinoza Rojas e Ignacio del Valle, integrantes del FPDT.
La estrategia es doblegar o dividir, dice del Valle, quien es el rostro más visible del movimiento opositor que se ha mantenido por 13 años y que, en su caso, le ha costado incluso ser encarcelado.
La figura de Ignacio del Valle, maciza y pequeña, se detiene en seco a mitad del camino de tierra que recorre los terrenos ejidales del ejido de San Salvador Atenco.
El sendero es flanqueado por árboles medianos, cuya frondosidad no es suficiente para proteger del potente sol de mediodía, pero que gracias a ello permiten la vista a un azulado y limpio cielo. Del Valle pide poner atención a algo que en ese instante ocurre en el ambiente. Son pájaros trinando.
“Ese canto de los pájaros, ¿en qué lugar lo comprarías?”, pregunta como invitando a la reflexión frente a la ininteligible amenaza de que un proyecto de desarrollo urbano aniquile el ambiente natural. Parco, concluye: “No podemos renunciar a nuestra identidad”.
Antes de interrumpir el diálogo para escuchar el canto de las aves, del Valle hablaba de cómo, a diferencia de hace 13 años cuando se les quiso convencer de vender sus tierras, esta vez la estrategia es presionarlos. Los mecanismos son varios: uno es la presión directa a los más reticentes, pero también hay una presión indirecta al ganarse la confianza del resto.
Del Valle explica las fases de ese mecanismo: primero operan una especie de compra velada a través de la implementación de proyectos que se denominan sustentables, aunque ya no promueven la siembra de los cultivos tradicionales, sino otros que eventualmente lleven a que la siembra se vuelva una actividad que no sirva ni para el autoconsumo ni para la venta.
Aceptar ese tipo de apoyos a la larga lo que hace es generar la idea de que se debe hacer lo que el Gobierno propone. Una vez ganada la confianza, entonces sí el gobierno intentará negociar la propiedad de la tierra.
El otro mecanismo ha sido incidir en la dinámica cultural de los pueblos. En el caso de San Salvador Atenco, se penetró a través de la asamblea ejidal, que el 1 de junio de 2014 avaló el cambio del uso de suelo de propiedad comunal a una figura que permite su usufructo individual.
El FPDT denunció en su momento que la asamblea estaba amañada, pues se había permitido la entrada a personas que no eran ejidatarios y negado el acceso a otros que sí lo eran pero se oponían al cambio del uso de suelo. El Frente impugnó la asamblea de ese día y es un proceso judicial que actualmente está abierto.
Pero no fue únicamente a través de la asamblea ejidal como el gobierno incidió en la comunidad. En esa misión no sólo participaron los comisariados ejidales, sino hasta los sacerdotes, dice del Valle, quienes difunden el mensaje del progreso entre su grey. Del Valle dice que la mayoría de los mayordomos, por ejemplo, son de filiación priista. La imagen ilustra esa relación latente entre los poderes y los intereses de un grupo por un proyecto que nunca se abandonó del todo, como concluye el ejidatario convertido en luchador social.
“Siempre estuvo latente el proyecto”, dice.
Bernardino Cruz Cardón, también del FPDT, suma a esos mecanismos el que se hizo a través del cierre de pozos de agua. Él conoce y narra la historia del pozo Diostleoloc, pero podría ser la de varias comunidades más pues, dice, hubo 38 pozos en la región con una situación similar. De pie y en medio de un grupo formado por un par de docenas de mujeres y hombres, el maestro Cruz Cardón cuenta la historia de cómo hace algunos años las autoridades les clausuraron el pozo que usaban para regar sus tierras y cómo los ejidatarios, incansables, batallaron hasta conseguir reabrirlo.
No fue fácil, relata el hombre de figura gruesa y suaves maneras, porque la batalla no era contra una sola instancia del gobierno, sino contra varias que parecían organizadas para obstaculizarlos. Era como pelear contra un monstruo de varias cabezas.
Lo que estaba en juego no era cosa menor: dejar que cerraran el pozo significaba condenar las tierras de cultivo a una eventual e inevitable desecación. Cruz Cardón comparte el siguiente razonamiento, quizá adquirido mientras libraba la batalla por defender el pozo o quizá comprendido conforme fueron transcurriendo otros sucesos, que en apariencia podrían no haber estado relacionados: había una intención de propiciar deliberadamente la desecación de las tierras para eventualmente señalarlas como no cultivables y justificar su uso para fines distintos a la siembra.
LOS TLATELES: LA DISPUTA POR LA TIERRA
El 21 de julio de 1971 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fijó los límites del Vaso del Lago de Texcoco, delimitándole una superficie de 14 mil 500 hectáreas. Once años más tarde, el 8 de noviembre de 1982, un decreto presidencial fijó nuevos límites al Vaso, delimitándole una superficie menor (de 11 mil 600 hectáreas) y autorizando la desincorporación de las 2 mil 900 hectáreas restantes para ser enajenadas, a título gratuito, a favor del Estado de México y del entonces Departamento del Distrito Federal.
Al año siguiente, el 29 de diciembre de 1983, la escritura pública 5042 avaló la donación de una superficie de 27 millones 854 mil 390.04 metros del gobierno federal a favor del gobierno del Estado de México. Dentro de dicha superficie se ubicaban los polígonos A y 1B, que sumaban aproximadamente mil hectáreas de extensión (9 millones 454 mil 92 metros cuadrados), de vocación ecológica.
Se trataba de Los Tlateles, un conjunto de terrenos que en su nombre nahua hacen referencia a charcos o islotes. Cada tlatel abarca alrededor de 200 hectáreas de extensión, a decir de quienes actualmente se identifican como sus “propietarios nativos”.
Lo anterior consta en la declaratoria de Área Natural Protegida con categoría de parque estatal, que el 4 de junio de 2001 expidió el entonces Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas para el predio comprendido en los polígonos A y 1B, que abarcaba una superficie de 9 millones 454 mil 92 metros cuadrados.
Al parque estatal se le nombró “Ing. Gerardo Cruickshank García” y, según la declaratoria, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se trataba de un inmueble propiedad del gobierno mexiquense.
El 19 de septiembre de 2014 el Congreso mexiquense avaló la desincorporación de su patrimonio, propuesta por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, del predio de Los Tlateles para donarlo a la Conagua a fin de conformar la zona de mitigación del Ex Vaso del Lago de Texcoco.
Desde 2008, en el Proyecto Ecológico del Lago de Texcoco impulsado por la Conagua, el área de Los Tlateles estaba contemplado como parte de las 3 mil 200 hectáreas para la “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”. Pero a diferencia de las 2 mil 500 hectáreas que planeaba comprar (que corresponden a la zona de los ejidos de Texcoco y pueblos aledaños), no se detalla cómo se adquirirían 700 hectáreas del parque estatal, es decir de Los Tlateles.
Seis años más tarde y a pocos días de haberse dado a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto, el gobierno mexiquense se lo donaría.
Aunque se supone que el área convertida en parque estatal se destinaría a la restauración, reforestación y conservación de la flora y la fauna, recuperación de los mantos freáticos, preservación de los ecosistemas y la realización de actividades de recreación, turismo y educación ecológicos, a la fecha es un extenso y terregoso llano, donde sobreviven unos muy pocos cultivos de comida para ganado y las verdolagas -aptas en terrenos salitrosos- son las plantas que mejor han pervivido.
Los “propietarios nativos” sostienen que esa planicie accidentada está siendo rellenada con tierra y cascajo a fin de emparejar el terreno, como paso previo a la puesta en marcha de alguna obra. De ser el caso, el gobierno estaría invadiendo un terreno que es propiedad privada, señalan.
Por ahora, además de montículos de tierra y camiones de carga que entran y salen durante todo el día por el único acceso que tiene Los Tlateles, la única obra visible en la zona es una cavidad de unos tres metros de ancho que corre paralela a la parte más ancha de Los Tlateles.
En la parte más alejada de la entrada a Los Tlateles es donde se ve a la mayor cantidad de trabajadores, que suman alrededor de 30. Al advertir la presencia de personas ajenas a las obras, aparecen camionetas de policías estatales y de la Conagua.
La cavidad se encuentra justamente en el lugar donde Los Tlateles termina y comienza la zona federal del ex Vaso del Lago de Texcoco. Los policías, empleados de la Conagua y trabajadores de la obra se mantienen del lado de la zona federal, los “propietarios nativos” hacen lo propio del lado de Los Tlateles. Nadie intenta atravesar la cavidad.
En el otro extremo de Los Tlateles –y también de donde acaba la obra– un par de trabajadores de la empresa Protelsa refieren que se encuentran haciendo el revestimiento del canal y niegan que se trate de alguna obra relacionada con el proyecto del nuevo aeropuerto. Dicen que la obra de revestimiento comenzó en octubre del año pasado.
Quienes se reivindican como dueños de Los Tlateles han interpuesto denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por estos hechos, que consideran una invasión a sus terrenos.
Ellos rechazan la serie de decretos que llevó a la desincorporación del terreno donde se encuentran Los Tlateles arguyendo que en 1936 un decreto anuló los contratos privados de esa área, pero en 1982, el entonces Presidente José López Portillo nulificó ese decreto. Ese mismo año, en otro decreto se entregaron los predios al gobierno mexiquense pero con el objetivo de regularizar la propiedad de la tierra.
Ese propósito nunca se cumplió, dice Tomás Cruz, asesor jurídico de los “propietarios nativos” de Los Tlateles. Junto con él, quien encabeza las demandas del grupo es Juan Loreto González, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Chimalhuacán en 2012.
Al margen de la emisión de decretos legales, personas como Álvaro Hernández Castillo se dicen dueños legítimos de esos terrenos. Él es nieto de una persona que adquirió tres hectáreas en 1923, como prueba mostrando una copia del contrato de compra-venta.
Margarita Jiménez Jiménez dice que su bisabuelo, Félix Montes, compró en 1933 seis hectáreas. Roberto Pacheco Rojas también cuenta que su abuelo fue quien se hizo de 10 hectáreas de tierra de Los Tlateles. A él le vino la propiedad de ese terreno por sucesión y en 2008 lo cedió a su hermano. Hasta 2013 estuvo pagando anualmente el impuesto al predial, pero desde ese año ya no les recibieron los pagos, dice. Otros testimonios refieren situaciones similares, siempre acompañando sus palabras con copias de escrituras, contratos de compra-venta, pagos del predial y de otros trámites administrativos, con los que intentan acreditar la propiedad de los terrenos.
LA FIJACIÓN POR TEXCOCO
Durante el anuncio del nuevo aeropuerto, en su segundo informe de gobierno, Peña Nieto dijo que desde el inicio de su administración había encomendado la realización de estudios para identificar la mejor alternativa.
“Se concluyó que el lugar idóneo es la zona contigua del aeropuerto actual. Con base en este dictamen, ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto que se prevé tenga seis pistas para transportar a cera de 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual”, dijo el Presidente ese día.
El Senador Encinas Rodríguez señala en su libro que, además de los estudios y proyecto realizados por la Conagua durante 2008, que costaron 200 millones de pesos, a principios de 2013 el gobierno de Peña Nieto solicitó al Massachussetts Institute of Technology Research & Enguneering (MITRE) analizar la viabilidad aeronáutica de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, pero también estudiar la posibilidad de adecuar su ubicación para que fuera construido en los terrenos propiedad del gobierno federal ubicados en el vaso del Lago de Texcoco.
Pero desde antes de que Peña Nieto tomara posesión del cargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó de manera directa al MITRE un contrato para que realizara un estudio especializado de viabilidad aeronáutica de un nuevo aeropuerto para la capital del país. El contrato tuvo un plazo del 25 de mayo de 2012 y concluyó el 31 de julio de ese año y costó 8 millones 347 mil dólares.
El 28 de junio de 2012, es decir antes de la elección que llevó a Peña Nieto a la Presidencia, se adjudicó a The MITRE Corporation un nuevo contrato para apoyar a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la evaluación e implementación de mejoras para el control del tráfico aéreo que requerían análisis aeronáuticos y transferencia de tecnología para cumplir con los masatos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Este contrato costó un millón 347 mil dólares.
Además de esos estudios, en 2013 también Aeropuertos y Servicios Auxiliares, instancia pública encargada de la operación y administración de los aeropuertos, hizo diversas contrataciones como parte del proyecto denominado “Resolver la problemática del transporte aéreo en el centro del país”.
En la documentación final que como testigo social presentó la Academia de Ingeniería relativa a esos procedimientos, señala que fue designado como testigo social para participar de manera integral en 70 procedimientos de contratación, 30 para la elaboración de estudios y 40 para la elaboración de proyectos ejecutivos.
De acuerdo con la información disponible en el portal de la Academia de Ingeniería, tan sólo en 11 de esos contratos se erogaron 275 millones 703 mil 198 pesos.
LOS POSIBLES PLANES
El libro de Encinas Rodríguez señala que desde que se anunció el proyecto del NAICM, las presiones inmobiliarias por las áreas rurales empezaron a intensificarse, convirtiendo la región Atenco-Texcoco en una zona codiciada para desarrolladores y especuladores inmobiliarios que buscan beneficiarse del impacto urbano que tendrá el proyecto. El legislador plantea que eso incrementará las invasiones de predios, conflictos agrarios, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el desinterés por la participación social, el deterioro del tejido social y la precarización de los servicios, entre otros desórdenes.
En un estudio realizado en 2002 por el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el que proyectaba las implicaciones demográficas y territoriales de un nuevo aeropuerto, se señala que en el escenario de más elevado crecimiento demográfico en Texcoco, habría un incremento de 1.9 millones de habitantes en la zona de influencia inmediata y adicional del aeropuerto, al pasar de una población de 2.4 millones en el año 2000 a casi 4.3 millones para el año 2030.
Lo anterior se traduciría en una demanda de un millón de viviendas adicionales, con todos los servicios públicos de salud, educación, recreación y cultura, y con la suficiente infraestructura de redes de agua potable, gas, energía eléctrica y drenaje pluvial y sanitario.
Advierte además que la decisión de ubicar el nuevo aeropuerto “no puede ni debe hacerse descansar única o exclusivamente en criterios técnicos o aeronáuticos, sino que también exige introducir, entre otros, criterios demográficos y urbanos, opuesto que el desarrollo del proyecto podría contribuir a equilibrar (o desequilibrar aún más) el proceso de estructuración del espacio urbano metropolitano”.
Aunque el proyecto del nuevo aeropuerto señala que éste se hará en una superficie de 4 mil 430 hectáreas, de acuerdo con Encinas Rodríguez en total se prevé abarcar una superficie de 12 mil 500 hectáreas, siendo el resto destinadas para diferentes usos y desarrollos inmobiliarios.
Por ahora, la única información que se tiene al respecto es la que figura en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y en el Anteproyecto del nuevo aeropuerto, en donde se refiere la construcción de una aerotrópolis.
El concepto de aerotrópolis fue desarrollado por el académico John Kasarda para referirse al desarrollo de centros urbanos en torno a un aeropuerto.
En el caso del NAICM, la aerotrópolis prevista consistirá en diversas obras asociadas a desarrollarse en una extensión de 3 millones 750 mil metros cuadrados, o 375 hectáreas, más del doble del área que ocuparan las seis pistas del aeropuerto previstas. De hecho, el área que ocupará la aerotrópolis equivale al 9.93 por ciento de la superficie total de la terminal aérea.
La aerotrópolis prevé cerca de 146 hectáreas de terreno urbanizable de vialidades al sur del aeródromo y de las terminales del aeropuerto, así como el uso industrial para cerca de 730 mil metros cuadrados en donde se estima que trabajen 180 mil personas.
Plantea también la construcción de un bulevar principal de 59 metros de ancho, con un camellón central de 25 metros, donde habrá parques, restaurantes “y otras actividades”, que no se detallan en el resolutivo de la MIA. En este bulevar, cuya construcción está prevista para la fase 1 del NAICM (planeada para realizarse entre 2014 y 2018), se planea construir amplias banquetas de 5 metros de ancho, que incluyan árboles, áreas verdes “y otros servicios atractivos para las personas”.
El resolutivo de la MIA también señala que la aerotrópolis “ofrecerá oportunidades de desarrollo para bienes raíces comerciales de clase mundial”, que atenderán a los viajeros, empleados y las comunidades cercanas al aeropuerto. Plantea “la ubicación estratégica de desarrollos comerciales, parques empresariales y zonas de libre comercio […] en las zonas que no sólo representen el mayor y mejor uso de la propiedad del aeropuerto, sino que también permitan la maximización y diversificación de los ingresos del aeropuerto”.
El desarrollo comercial de la aerotrópolis estará organizado en dos grandes parcelas de terreno situadas entre tres calzadas arboladas, que serás las tres principales vías de acceso, en una serie de bloques de aproximadamente 150 metros por 175 metros.
De acuerdo con el programa de trabajo, la construcción de la aerotrópolis comenzará en julio de este año y durará hasta mayo de 2018, tan sólo en su fase inicial.
La aerotrópolis contempla también la construcción de pasos a desniveles de la autopista Peñón-Texcoco y del Circuito Interior Mexiquense para conectar con el complejo de la terminal. Además establece que las conexiones del transporte público hacia el aeropuerto lleguen también a la aerotrópolis.
Uno de esos transportes es el tren que se construirá para conectar el centro de la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto, y está previsto que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se conecte con una de las tres líneas que están cerca del aeropuerto existente y que cinco de sus estaciones se construyan en el área de la aerotrópolis.
Además habrá servicio de Mexibús y las líneas 4 y 6 del Metrobús se extenderán a la aerotrópolis. En la fase 2 del NAICM, conforme se expanda aerotrópolis, se incrementaran los servicios de Metrobús y Mexibús, según lo plantea la MIA.
