El senador mexicano Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mayoría en la Cámara Alta, señaló que tan sólo en el ámbito fiscal el mal uso de la subcontratación laboral incide en la disminución del pago de los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado.
Ciudad de México, 20 de abril (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes, en lo general, el proyecto que reforma diversas leyes para regular la subcontratación laboral o “outsourcing” en el sector privado y en el público, una propuesta legislativa acordada entre el Gobierno y los empresarios tras meses de disputas.
La aprobación, que se dio con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, modifica las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación.
Además, modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución mexicana.
El senador mexicano Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mayoría en la Cámara Alta, señaló que tan sólo en el ámbito fiscal el mal uso de la subcontratación laboral incide en la disminución del pago de los Impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado.
“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana”, dijo Monreal.
“Pero tampoco se pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas en diversos aspectos como la antigüedad laboral, la estabilidad en el empleo, el reparto de utilidades, la seguridad social y el derecho a la vivienda”, añadió.
Además, dijo que el proyecto prohíbe la subcontratación de personal, “entendiéndose esta cuando un persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Con ello, las empresas no podrán contratar trabajadores a través del llamado “outsourcing” para realizar tareas permanentes o esenciales.
También prohíbe la subcontratación de personal “en beneficio de dependencias e instituciones” y se apuntó que “se permitirá únicamente esta figura laboral para servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público”.
En tanto, Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), señaló que la reforma “no sólo representa un paso en la restitución de los derechos laborales de la clase trabajadora” sino que también consideró “se debe erradicar la precarización del trabajo”.
El pasado 5 de abril, el Gobierno de México, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.
López Obrador desató a finales del año pasado un enfrentamiento con los empresarios al anunciar su intención de suprimir la subcontratación o “outsourcing” al considerarla un abuso, pero finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.
Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6.000 empresas que se dedican a la “subcontratación abusiva” y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de “outsourcing”.
