El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, detalló que se tienen órdenes de aprehensión contra los directivos del grupo de subcontratación que operaba las nóminas de empresas de software y armadoras de vehículos, entre otras.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– Alrededor de 200 mil empleados de grandes empresas transnacionales dejaron atrás el outsourcing y ya están regularizados en las empresas en las que laboran, luego de que se interpusieran denuncias en contra del grupo que manejaba su nómina.
“Tanto las grandes supermercados, como las de software, las de armadoras de vehículos trasnacionales que estaban en esos esquemas (…) Yo les puedo decir que cuando menos los 200 mil empleados que tenía ese grupo delictivo, ya están de regreso en las empresas que donde prestan el servicio”, destacó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, durante su conferencia en el arranque de las “Primeras Jornadas Jurídicas de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho”.
Agregó que el grupo, del que no dio más detalles, no puede dar servicio ni tener cuentas en el sistema financiero mexicano.
“Era uno de los grupos de outsourcing del país y ya estaba migrando hacia Latinoamérica”, apuntó el funcionario federal que ya se tienen órdenes de aprehensión en contra de los directivos de estas empresas de outsourcing ilegal.
powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación señaló que al inició del sexenio se estimaba que 4 millones 600 mil trabajadores estaban contratados bajo el esquema de outsourcing que estaban a cargo de cuatro mil empresas, de esas sólo 900 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPyS), y que de ellas sólo 100 contaban con registro ante el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y de estas últimas sólo 40 pagaban impuestos.
“Si nos vamos en la misma proporción, pues cuántos trabajadores estaban sin recibir prestaciones, sin recibir el pago de cuotas obrero-patronales al Infonavit (…) Fue criminal lo que se hizo, cuántos trabajadores sin tener acceso a una pensión digna, cuántos trabajadores no van a poder acceder aun crédito hipotecaria, cuántos trabajadores perdieron la antiguedad”, expuso.
Romero Aranda señaló que fue a partir de ese diagnóstico que el Presidente promovió la reforma en contra del outsourcing, que actualmente se encuentra en el Senado de la República, tras ser avalada por la Cámara de Diputados.
“Era criminal lo que pasaba, cuando estamos en una pandemia”, consideró el funcionario.
Agregó que este tipo de servicios enriquecieron a varias personas a costa de los derechos de los trabajadores.
“Yo creo que muchos de nosotros llegamos a conocer a los famosos nuevos ricos, [a los que les preguntabas] ‘¿a qué te dedicas?’ ‘Pues tengo un outsourcing, todo lo hacemos con planeaciones fiscales para no pagar cuotas y limitar los costos'”, comentó.
Agregó que también se identificó a un grupo de outsourcing con mil 852 empresas constituidas, las cuales requieren de socios y representantes legales. “Yo me pregunto, ¿ a eso no se le llama delincuencia organizada?”.
Las Comisiones del Trabajo y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este lunes, sin cambios, la minuta sobre la reforma al outsourcing o subcontratación laboral.
Con 25 votos a favor y dos abstenciones, los legisladores dieron el sí al proyecto para prohibir esta forma de contratación tanto en la administración pública como en el sector privado.
La reforma aprobada prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogaron las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación; diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito; las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
