El Instituto Nacional Electoral había dado un plazo de seis horas para que se eliminaran o se modificara las publicaciones que contenían la conferencia del 16 de abril.
Ciudad de México, 20 de abril (EFE/SinEmbargo).- La conferencia matutina del viernes 16 de abril fue retirada de las redes sociales oficiales del Gobierno de México, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de difundir logros de Gobierno para evitar violar la veda electoral.
La autoridad electoral solicitó eliminar de redes sociales y plataformas oficiales del Gobierno federal el material de la conferencia mañanera del 16 de abril por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, señalada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
En un comunicado, el INE informó de una medida cautelar vía tutela preventiva contra el Presidente mexicano para que durante las campañas electorales y hasta el 6 de junio “se abstenga de difundir logros de Gobierno, incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias de obra pública”. E incluso “emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”.
Dijo que esa obligación de neutralidad del presidente debe observarse incluso cuando responda a preguntas en sus conferencias de prensa.
En consecuencia, la autoridad electoral le ordenó a López Obrador que “de inmediato, en un plazo que no exceda de seis horas, elimine o modifique las publicaciones que contienen la conferencia del 16 de abril de dos vínculos de Facebook y uno de YouTube”.
Así como a la coordinación general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno mexicano que en el mismo plazo elimine dicho contenido de las redes sociales y plataformas oficiales del Presidente y del Gobierno de México.
La Comisión de Quejas del INE otorgó la razón a los partidos denunciantes que señalaron que el mandatario violó la veda electoral, el 16 de abril, al hablar de la aplicación de programas sociales de su gobierno en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
La Comisión estimó que “bajo la apariencia del buen derecho, las manifestaciones aludidas, se consideran constitutivas de propaganda gubernamental, con la exaltación de logros o acciones gubernamentales”.
Además, indicó que las declaraciones estuvieron acompañadas de la reproducción de imágenes, particularmente una tabla que contenía datos sobre tres entidades en las que se señalaron cifras de las personas beneficiarias, aun y cuando en las mismas se están llevando a cabo los procesos electorales federal y locales.
La Comisión reconoció que “no se trató de manifestaciones espontáneas, sino que, de un análisis preliminar, se advierte que fueron preparadas para su emisión pública, pues contenían gráficas y datos previamente obtenidos de una dependencia gubernamental”.
Además, la Comisión advirtió la existencia de “un riesgo inminente de que vuelva a ocurrir tal conducta y se ponga en riesgo los principios rectores del proceso electoral”.
El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.
