Por: Ángel Ruiz (@ruizangelt)*

En su última columna, la lingüista ayuujk Yásnaya Elena A. Gil hablaba sobre el absurdo requisito para acceder a la discusión pública en nuestras democracias contemporáneas: la traducción de las demandas y necesidades populares y comunitarias al lenguaje de derechos. “Tenemos que ‘traducir’ nuestros deseos, conceptos y categorías a un lenguaje de ‘derechos’ por que, de lo contrario, corremos el riesgo de ser desacreditados por considerar estas ideas como ‘pensamiento mágico’ o detalle folclórico”, dice Yásnaya. Esto conlleva una doble violencia: el espacio público está fuera del alcance de un sinnúmero de personas, grupos, pueblos y comunidades; y el camino hacia lo público es unidireccional: son “los otros” quienes deben de aprender el lenguaje para entrar a la discusión.

¿Quiénes son esos otros? Si nos ponemos a pensar seriamente –es decir, a descartar a quién domina el lenguaje de los derechos y la política pública, además de los medios y legitimidad para acceder a espacios donde dicho lenguaje es útil– podríamos convenir que el uso tecnificado del lenguaje para la política es más bien la realidad de una minoría. Esto es paradójico, pues resulta en que el reconocimiento y garantía de los derechos –siempre ganados con sudor y lágrimas, nunca concedidos fácilmente por los grupos en el poder– se ha vuelto demasiadas veces en contra de quienes luchan por ellos, pues se ha ignorado que lo que en el discurso está en positivo (garantizar, reconocer, promover, proteger) se vive en negativo (violencia e injusticia). Nuestra realidad hace que la idea de “derechos” sea contra intuitiva: lo que se vive día a día es la vulneración de ellos, y tiene nombres más reconocibles, como violencia, injusticia, ausencia, indefensión y daño.

Los mecanismos de exclusión son muchos, pero pocos son tan tecnificados como proponer una traducción que –además de descartar los códigos originales por ser ajenos a la técnica legislativa, politológica, o de derechos humanos– propone que el hacer sentido es sólo responsabilidad de la parte que demanda. “Optamos por adaptarnos para que les sea comprensible: decimos ‘derecho humano al agua’ porque de otro modo, nuestros códigos y sistemas de pensamiento no pueden siquiera ser tomados en serio”, dice también Yásyana. En otro sentido, pero con espíritu crítico similar lo dice Wendy Brown: algo se pierde en el lenguaje de los derechos al querer universalizar y ahistorizar demandas que surgen de contextos particulares[1]. El derecho, por su propia naturaleza garantista, deja fuera el reconocimiento de las injusticias que lo hacen necesario: por ejemplo, enunciar el derecho de toda persona a ser buscada no transmite lo mismo que explicitar que el hecho de que no a todas las personas se les busca cuando desaparecen tiene un contexto político, económico, de género y racial muy particular.

Tampoco dejar el lenguaje de derechos es una opción, pues conlleva a que otras personas –normalmente ajenas a los contextos culturales y sin comprensión alguna de los daños sufridos– decidan sobre qué problema es el que se tiene, y qué estrategia se necesita para solucionarlo. En términos de Miranda Fricker hablamos de injusticias epistémicas que se cometen porque hay quienes tienen el poder suficiente para que el hacer sentido también sea un bien de pocos[2]. En términos más cercanos, significa que incluso los mecanismos ideados a través de luchas históricas para tener una vida digna sean secuestrados por élites que definen quién puede ser escuchado y qué palabra vale más.

¿Cómo llegamos aquí? Dando unos pasos para atrás, no es difícil comprender que la codificación técnica de las demandas aleja la política de su propia raíz, pues esta deja de ser pública. La idea no resulta tan negativa si observamos que la técnica fue el resquicio por el que lograron exhibir los abusos de poder durante décadas. Sin embargo, esto llegó al punto de legitimar discursos que elevaban la labor del “experto” como si representara a la mayoría, sin observar que lo que en el corto plazo abría el espacio público, en el mediano y largo contribuía a cerrarlo. El hecho de que un país de más de 120 millones de habitantes, diverso en sus geografías y sus calendarios, los actores políticos “relevantes” sean casi los mismos desde hace décadas tendría que darnos una idea del problema.

Lo que tendríamos que evitar es, al reconocer parte del problema, actuar como si tuviéramos que crear espacios, “dar voz”, o tener un rol protagónico en cambiar la correlación de fuerzas. No se trata de crear espacios, sino de reconocer los que ya existen y preguntarnos por qué no tienen la relevancia pública que deberían. No se trata de “traducir” las luchas, sino construir colectivamente un espacio público donde los derechos sean tan sólo una más de las formas en que exigimos y construimos horizontes políticos donde podamos vivir.

Tampoco es algo que haya que descubrirse, pues sucede día con día. “Víctima” es un sujeto político que hace diez años no tenía derechos reconocidos y que hoy reclama un trato no condescendiente y un uso no político de dichos derechos. Hace cinco años no existía un marco normativo que refiriera contextualmente a las modalidades en las que las personas desaparecen en México, como tampoco existía un consenso de que el acceso a la justicia y la lucha por la verdad podían tener estrategias complementarias. Los logros políticos más relevantes de los últimos años son de sujetos políticos que han ido construyendo sentido sobre la injusticia, a la vez que proponen mecanismos para transformarla en justicia.

La pregunta para quienes queremos acompañar es si nuestros esfuerzos serán para hacernos sitio en los intersticios del poder, o si comenzamos a construir para y con quienes tenemos mucho más en común de lo que a veces queremos transmitir en nuestros discursos.

* Ángel Ruiz es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Wendy Brown. “Lo que se pierde con los derechos”, en Estados del agravio, Colección Contextos: 2019.

[2] Miranda Fricker. Epistemic Injustice. Power and the ethics of knowing, Oxford: 2008.

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