El uso faccioso de la procuración de justicia es un elemento fundamental para detentar el poder político en México. La justicia está al capricho, estrategia o vaivén político de político en turno. Mientras los ejecutivos controlen –y esto en el más amplio sentido de la palabra- a los procuradores y fiscales el acceso a la justicia seguirá siendo el arma secreta de poder político.

La discusión sobre qué tipo de Fiscalía General de la República se lleva a cabo en el Senado de manera tímida. La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía debería estar en primer lugar de la agenda nacional. Sería, de tomarse con seriedad, una reforma estructural del Estado de gran calado. Y no como se toma ahora como una reforma administrativa con poco impacto político y social.

La explicación para esconder la discusión es bastante sencilla: los políticos no se quieren deshacer de su injerencia en la procuración de justicia. Parece una obviedad, pero, aunque lo sea es fundamental enunciarlo porque si algo queremos que cambie en materia de justicia y combate a la impunidad en México, crear una Fiscalía General autónoma y blindada de las injerencias políticas es fundamental. Si los gobernantes están dispuestos a tener a un verdadero policía que cuide el interés público y sostenga la ley y persiga delitos de corrupción, ese ya es otro cuento. Me temo que habrá que arrebatarles esa arma, no pedírselas.

Javier Duarte en la cárcel guatemalteca detenido con fines de extradición es una buena noticia. La información –que aportó el periodismo de interés público- sobre los ilícitos del gobernante acredita a Duarte como uno de los grandes ladrones de nuestra época. Y dudo que sepamos todo lo que se robó. Hasta ahí celebramos que haya sido detenido. Sin embargo, antes de vitorear de más su detención cabe hacernos dos preguntas: La primera, Javier Duarte era una parte importante de una red de corrupción. Repito: una red. No fue solo el ex Gobernador quien instrumentó los desvíos millonarios de la cuenta pública. Si perdemos de vista esto quiere decir que alguien quiere hacernos creer que la corrupción priista comienza y termina con Javier Duarte.

La segunda, el proceso judicial contra Duarte apenas comienza. Los que celebran su detención como un éxito de la justicia olvidan el simple hecho de que el proceso apenas comenzó. Esto es importante porque seguramente en el camino habrá varias sorpresas negociadas desde el ámbito político y la justicia se irá diluyendo. Por ejemplo, la PGR podría haber pedido que se deportara de Guatemala a Javier Duarte. Pero en cambio pidió su extradición la cual conlleva un proceso legal mucho más tardado. En otras palabras, tras haber entrado con un pasaporte falso, Guatemala tendría que haber deportado o expulsado al ex Gobernador de Veracruz. La ley de Migración de Guatemala establece en el artículo 112, que serán sancionados con la deportación el ingresar o permanecer en el país sin la autorización de la autoridad migratoria o entrar con documentos falsos, por lo que Duarte de debió de haber sido deportado. ¿Por qué hizo esto la PGR? No se sabe, simplemente podemos presumir que hay una motivación política.

La PGR hasta el momento solamente acusa a Duarte de desviar 223 millones de pesos del erario público a través de su red de empresas fantasmas. La cantidad parece de risa cuando –al mismo tiempo- la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que Duarte desvió y malversó 4 mil 630 millones de pesos con transferencias a cuentas bancarias cuyos destinos siguen siendo un misterio, con compras simuladas y empresas fachadas. Los desvíos principalmente se hicieron con el dinero destinado a salud y educación. En los anaqueles de la PGR hay más de 52 denuncias presentadas por la ASF las cuales no han sido movidas ni un ápice. Otra vez, la mano política dirigiendo los cauces de la justicia.

La protección política de Duarte va al más alto nivel. Nuevamente, parece cosa obvia afirmarlo. Dentro de la investigación de la PGR por los 223 millones de pesos están 9 personas, entre las que está su amigo prestanombres Moisés Mansur Cysneiros que reside tranquilamente en Canadá, y su amigo que Duarte nombró “heredero de todos sus bienes”. De esas nueve personas solo dos están detenidas por desviación de recursos; ambas, de escasos recursos, fueron la fachada más evidente de las empresas fantasmas.

Personaje clave en el asalto duartista es su esposa Karime Macias, de quien se sabe (al parecer excepto la PGR) que fue una pieza fundamental en la ejecución del robo y que gozó de millones de pesos del erario público de manera ilegal. Para muchos la confirmación de la PGR que para Karime no había orden de aprensión es una muestra más de la parcial justicia que se aplicará. La negociación de Duarte con el poder confirma que sigue siendo uno de ellos.

Y mientras México y el mundo se escandaliza por la detención del corrupto veracruzano, en el Senado siguen sin nombrar fiscal anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción solo puede funcionar una vez que se nombre al Fiscal. Esto quiere decir que el retraso en el nombramiento lo único en lo que se traduce es en detener la entrada en vigor de un sistema que promete ayudar a combatir la corrupción. De ese tamaño es el compromiso y voluntad política de los Senadores.

Entonces, Duarte en proceso legal en Guatemala, cosa buena. Pero su detención y procesamiento parece más un hecho aislado y cada vez más tenue que una verdadera persecución de la corrupción en México. ¿Y por qué? Sencillo, la mano de la política moviendo la justicia.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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