Por Maira Olivo

El 22 de marzo se celebra el Dia Mundial del Agua, proclamado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución A/RES/47/193 de 22 de diciembre de 1993, siguiendo la recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada en Río de Janeiro en 1992. Desde entonces, cada año se elige un tema específico para centrar la atención en un aspecto particular relacionado con el agua. Este año, el lema del Día Mundial del Agua es “Agua para la paz”, considerando que, si bien el agua puede ser una fuente de conflictos, también puede ser un instrumento para la construcción de la paz y la estabilidad en todo el mundo.

La conflictividad social relacionada con el agua es un fenómeno global que abarca una diversidad de problemas, entre los muchos detonantes está el despojo de agua que sufren los pueblos indígenas debido a factores como la sobreexplotación de acuíferos para favorecer proyectos extractivos impuestos en sus territorios, y la falta de reconocimiento de sus derechos colectivos.

Aun cuando en 2012 se adicionó un párrafo al Artículo 4° de la Constitución mexicana, que reconoció el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y mandató la creación de una Ley General de Aguas que permitiera “garantizar el derecho humano al agua y defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, a través de la participación de la ciudadanía, junto con los tres niveles de Gobierno”, y pese a los esfuerzos de movimientos, organizaciones y comunidades para avanzar una iniciativa ciudadana con los máximos estándares, a la fecha seguimos sin una Ley General de Aguas que incorpore mecanismos para respetar el agua de los territorios indígenas.

Para disminuir la conflictividad social por el agua en nuestro país se requiere también la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, pues como señala en su informe, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México, la Ley de Aguas Nacionales no refleja plenamente el marco de derechos humanos ni las reformas de la Constitución; “es necesario avanzar en estrecha consulta y colaboración con todos los interesados fundamentales, especialmente los grupos de la sociedad civil, para aprobar nuevas leyes acordes con las disposiciones constitucionales”.

Respecto a esos derechos territoriales que tienen los pueblos indígenas es urgente concretar una reforma constitucional que incorpore a la Constitución el concepto de territorio y garantice el derecho inherente de los pueblos a poseer, utilizar, desarrollar y controlarlo, reconociendo la relación que tienen los pueblos y las comunidades con la totalidad de su hábitat.

Recordemos que el Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT establece que el derecho a la tierra debe entenderse como derecho al territorio, lo que incluye el hábitat que los pueblos utilizan u ocupan de alguna manera, integrando el agua. En ese sentido, recientemente el Presidente de la República envió una iniciativa de reforma constitucional que debe ser fortalecida por el Poder Legislativo, incluyendo el derecho al territorio y a los bienes naturales como el agua, así lo han exigido pueblos y comunidades integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía.

El agua puede ser un bien vital para construir la paz, pero es indispensable abordar las causas subyacentes de los conflictos. Es fundamental que las políticas y acciones relacionadas con el agua tengan en cuenta su potencial para contribuir a la paz y la estabilidad en las comunidades y regiones afectadas por conflictos a través de un enfoque integral que incluya la promoción y respeto de los derechos indígenas, la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, la protección de sus bienes naturales y la participación plena de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre el agua y el territorio. Esto implica respeto a su derecho a la libre determinación, políticas y programas que reconozcan y respeten los conocimientos y prácticas tradicionales de gestión del agua de los pueblos indígenas, así como medidas para garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua para todas las comunidades.

* Maira es abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

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