Habitantes de la Ciudad de México denuncian escasez de agua , pero empresas de ultraprocesados se benefician de este recurso, por ello, organizaciones como Agua para Todos impulsan una iniciativa ciudadana que sustituya la Ley General de Aguas, que actualmente permite la entrega de concesiones.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Mientras habitantes de la Zona del Valle de México denuncian escasez de agua, empresas multinacionales de alimentos y bebidas chatarra se benefician de concesiones que les permiten extraer millones de litros de agua.
Ante este panorama, organizaciones civiles, investigadores e investigadoras plantean reformar la Ley General de Aguas vigente desde 1992 para cambiar cómo se distribuye este recurso a nivel nacional.
“Tiene que cambiar el paradigma de la gestión del agua con un cambio en la legislación que permita el acceso equitativo al agua, que garantice el derecho humano al agua, a una gestión sustentable y democrática porque bajo el marco de esta Ley, que propicia la centralización que tiene la Conagua, no hay garantía de un acceso equitativo. Se ha privilegiado a los grandes concesionarios privados para el acceso al agua a grandes volúmenes, mientras a la población se le está racionando, mucha vive en tandeos”, expuso Beatriz Romero, investigadora e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos en entrevista para el programa “En Defensa del Consumidor”.
De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el 56 por ciento del abastecimiento del agua de la Ciudad de México proviene de 976 pozos que se extraen principalmente del subsuelo del Valle de México y el porcentaje restante del sistema Cutzamala.
“El tema que está preocupando ahora a la Ciudad de México es la baja de disponibilidad en el sistema Cutzamala. Tres presas de las ocho que surten a este sistema tienen una disponibilidad en enero de este año del 37 por ciento de su capacidad, es muy baja”, recordó la académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), quien también recordó que la zona metropolitana tiene décadas sobre explotando mantos acuíferos.
En ese sentido, las responsabilidades de las grandes empresas ha sido motivo de análisis tanto de personas defensoras del agua como de académicas y organizaciones civiles. De acuerdo con datos presentados por el Gobierno capitalino en marzo del año pasado, 10 empresas entre las que se encuentran Coca-Cola Femsa, PepsiCo, Lala, Grupo Modelo, P&G y La Esperanza, tienen 48 por ciento del volumen total de agua concesionada en la capital.
Una investigación de la periodista Guadalupe Fuentes publicada en SinEmbargo este mes exhibió que la Embotelladora Mexicana de Bebidas Refrescantes, cuyo nombre comercial es Coca Cola Femsa, tiene una concesión para el uso industrial con fecha de registro del 7 de octubre de 2022.
De acuerdo con el título de concesión número 823884 ubicado en el Registro Público de Derechos de Agua, la empresa cuenta con un pozo en la Ciudad de México del que extrae mil 128 millones 200 mil litros de agua al año (m3/año).
El reportaje también mostró que otra empresa con permiso de tipo industrial para extraer agua del subsuelo es Bebidas Purificadas S de RL de CV –con el nombre comercial GEPP–, que manufactura marcas como e-pura y asociadas, entre ellas Gatorade, Lipton, Pepsi y 7up.
A partir de la próxima semana, la Ciudad recibirá 244 litros por segundo de agua adicional por parte de 10 empresas que donarán una porción de su concesión para poder abastecer a las alcaldías que menos tienen y así enfrentar la temporada de estiaje. pic.twitter.com/gajp7IV87N
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 23, 2023
GEPP es la embotelladora exclusiva de PepsiCo en México y cuenta con un pozo del cual extrae al año 511 millones 392 mil litros de agua (m3/año), según el título de concesión número 847184.
Ante el panorama de la escasez del agua, el Gobierno capitalino anunció desde el año pasado que alcanzó un acuerdo para que las 10 empresas con casi el 50 por ciento del volumen total de agua concesionada en la Ciudad de México entregaran parte del agua que extraen. Pero, destacó la investigadora Beatriz Romero, medidas como esta no son suficientes si la forma de distribución no cambia.
La académica puso como ejemplo las ganancias de las empresas que venden agua embotellada en el país, y que al mismo tiempo producen bebidas azucaradas y productos chatarra cuyo consumo en exceso se relaciona con enfermedades cardíacas y otras como la diabetes.
“Las primeras transnacionales que se establecieron en el país fueron Nestlé y Danone. Danone controla el 60 por ciento del mercado del agua en México [algo que han mostrado, por ejemplo, datos de la red global de analistas de investigación Euromonitor International] y en estas casi cuatro décadas que llevan operando han crecido de forma muy significativa y con un negocio muy rentable: embotellando el agua. El negocio es de muy alta rentabilidad, la gente está pagando 20 veces el valor del agua de lo que cuesta”, denunció.
Una muestra de ello es que México ha sido identificado en estudios como el primer consumidor mundial de agua embotellada. Por ejemplo, en 2020 Beverage Marketing Corporation colocó al país en esta posición al superar en cinco veces el promedio global, con un consumo anual per cápita de 282 litros.
Un informe publicado en 2023 por el Instituto Mexicano para la Competitividad y que recopila datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que en promedio un hogar destina 62.4 pesos mensuales por concepto de agua natural embotellada.
“En otras palabras, a nivel nacional los mexicanos gastaron $28.1 mil millones de pesos en agua embotellada”, se lee en la investigación.
De igual forma, la organización El Poder del Consumidor se ha sumado a las críticas contra empresas multinacionales que lucran con la venta de agua embotellada.
“En México, Danone, Coca-Cola y Pepsi venden unos 32 mil 864 millones de litros anuales, que les dejan ganancias superiores a 66 mil millones anuales. En contraste, Coca-Cola Femsa, por ejemplo, pagó 2 mil 600 pesos al año por cada una de sus concesiones”, expuso en el programa transmitido este martes desde el canal de YouTube Estudio B, de SinEmbargo.
La organización también recordó las exigencias de activistas que señalan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por no cumplir con su obligación de regular y supervisar de modo riguroso los volúmenes extraídos de las aguas subterráneas que explotan las concesiones otorgadas a las empresas, a pesar de que, legalmente, puede cancelar las concesiones mal usadas.
La distribución del agua bajo el régimen de concesiones está avalado por la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, cuando se negociaba la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
“En el 1992 en que se aprobó esta ley había 2 mil concesiones y han subido hasta 550 mil concesiones en estos años, esta perspectiva no garantiza un acceso equitativo al agua”, afirmó Beatriz Romero.
Aunque desde febrero de 2012 el derecho humano al agua se elevó a rango constitucional y las y los legisladores tenían como plazo un año para emitir una nueva Ley General de Aguas, a más de 10 años esto no ha pasado. En ese contexto, las organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ciudadanos que conforman Agua para Todos impulsan una propuesta ciudadana de ley para cambiar el paradigma de la gestión de este recurso.
Los principios incluyen respetar a la naturaleza, las aguas de las comunidades y los pueblos, la coadministración del agua en los territorios. “Que esto deje de ser un tema de técnicos, de tubos, de ingenieros, tienen que haber la participación social, el derecho a vetar proyectos perjudiciales”, explicó Beatriz Romero.
La propuesta también plantea la prohibición del uso del agua para actividades mineras tóxicas y fracking, el fin de los privilegios de los grandes usuarios de agua, la oposición a la privatización, la democratización de los servicios de agua, la priorización del agua para la soberanía alimentaria, el acceso pleno a la información; además de la garantía de recursos públicos y la lucha contra la corrupción e impunidad en la gestión del agua.
Para ello, recordó la integrante de Agua para Todos, desde el colectivo siguen recolectando firmas de la ciudadanía para que la iniciativa avance.
De igual forma, en el paquete de reformas presentadas en febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se incluye una iniciativa que propone no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, como el norte y centro de México.
La académica Beatriz Romero destacó que además de la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Sinaloa tienen ciudades en focos rojos por la poca disponibilidad de agua, por lo que urge actuar.
“En 1970, en México teníamos una disponibilidad de agua de 8 mil metros cúbicos por persona. Para el 2012 esta cifra pasó a 4 mil 28 y para el 2030 la proyección es que el volumen sea de 3 mil 430 metros cúbicos por habitante. Hay que poner en contexto: una disponibilidad de agua menor de 2 mil metros cúbicos por año per cápita es muy baja, y menos de mil metros cúbicos, catastróficamente baja”, alertó.
