El Banco Mundial ha estimado que la corrupción en México impone una sangría equivalente al dos por ciento del PIB anual, aunque otros organismos del sector empresarial o la OEA la sitúan entre nueve y 10 por ciento, considerando las muchas modalidades en las que impacta a la actividad económica y social. Desde el importe para el ciudadano de a pie por concepto de mordidas y similares hasta la piratería, pasando por la merma en la eficiencia de las empresas o la improductividad de la inversión y del gasto público desviados a otros propósitos. En ese sentido no andaba errado Andrés Manuel López Obrador cuando afirmaba que la sola atención a este tema resolvería buena parte de los problemas económicos de México. Basta decir que el ritmo de crecimiento del país en lo que llevamos de siglo es justamente de dos por ciento promedio al año, prácticamente por debajo de esa sangría que representa la corrupción. Equivale a ascender una cuesta con una mochila de piedras en la espalda que nos hace retroceder dos pasos cada vez que avanzamos cuatro.

El diagnóstico del Presidente pudo haber sido el correcto, al darle al problema de la corrupción la atención que merece, aunque habría que reconocer que los esfuerzos que ha hecho la 4T para disminuirla han sido más importantes en el terreno de los símbolos y de la narrativa que en la vida cotidiana de ciudadanos y empresas.

Para nuestra desgracia la factura que le pasa a México la deshonestidad o la ilegalidad no se reduce a esto: habría que añadir el costo de la inseguridad y la violencia como una segunda mochila cargada de piedras colgada al otro hombro. Ya en 2019 la organización Incide Social, a partir de datos del Inegi, informó que este costo ascendía al 1.5 por ciento del PIB, es decir 286 mil millones de pesos de ese año, de los cuales “el 61 por ciento (174.6 mmdp) se destinaron al pago de las consecuencias directas de haber sido víctima de algún delito, el 35.6 por ciento (101.9 mmdp) a medidas preventivas (como cambiar o colocar cerraduras, puertas, rejas, bardas o costo de seguridad y vigilancia con los vecinos) y el 3.4 por ciento (9.7 mmdp) a gastos a consecuencia de daños a la salud”.

Solo podemos imaginar lo que sería este país sin este doble “gravamen” a sus posibilidades de mejorar. El efecto sumado de la corrupción y la inseguridad, cercano al cuatro por ciento del PIB, incluso en las estimaciones más modestas (las otras superan el 10 por ciento), representaría la diferencia entre transitar a una sociedad próspera a la vuelta de un par de lustros y otra eternamente estancada.

Las malas noticias no terminan allí. A estas dos calamidades habría que comenzar a contabilizar los costos aún invisibles pero no menos reales de una tercera mochila a cuestas: el carácter inhibidor que tiene la violencia. Los negocios que dejan de operar o los comercios que ya no se instalaron, los viajes por carretera suprimidos que solíamos hacer para vacacionar un fin de semana, las noches que se deja de salir, las zonas comerciales caídas, las inversiones no realizadas por precaución, los pueblos abandonados, las huertas y cosechas no recogidas o, de plano, no sembradas. Los economistas manejan el concepto “costo de oportunidad” para designar aquello que dejamos de ganar en “A”, por haber optado por “B”. Habría que imaginar el país que seríamos si no estuviéramos cancelando tantas “A”, sobre todo porque la opción “B”, abstenerse de salir o invertir, resulta de escaso beneficio para la prosperidad o el empleo de otros.

Y los costos de la violencia no paran allí. Habrá que comenzar a hacer la cuenta de lo que asciende en pesos debido a la creciente violencia social resultado de la incapacidad del sistema para ofrecer una salida viable a los agravios o al enojo de tantos. Normalistas capaces de poner en jaque la economía y el transporte de una región, vecinos sin agua que dejan a miles de automovilistas varados durante horas, trenes imposibilitados de entregar sus cargas durante semanas, brigadas negras del movimiento feminista dispuestas a quemar edificios y destruir mobiliario urbano o, incluso, vándalos de futbol en estallidos de violencia que afecta una actividad de la que dependen tantos. A juzgar por las noticias, estas manifestaciones de la informalidad social, legítima en muchos sentidos, van en aumento. Hay mucha gente enojada en México que ya no está dispuesta a esperar a que alguien venga a resolver su problema o tenga confianza en los canales que ofrece el sistema. No ponernos de acuerdo tiene un costo; un costo que empieza a ser prohibitivo.

La sociedad en su conjunto sale perdiendo por esta ingobernabilidad: la toma de una caseta resuelve la necesidad de un grupo de muchachos para conseguir plazas, pero afecta las actividades de miles de personas; resolver el conflicto a una colonia sin agua que paralizó a una presidencia municipal durante días, termina siendo un ineficaz criterio para definir la asignación de recursos. Lo anterior impone una especie de ley del más fuerte, medido en capacidad de generar violencia e infligir daño a terceros. La suma de estos terceros es la sociedad en su conjunto. Con lo anterior no desestimo la legitimidad de muchas de estas reivindicaciones y su derecho a exigir el fin de una injusticia; solo doy cuenta de lo perjudicial que resulta para la comunidad, incluyendo a los sectores populares, la incapacidad del sistema para responder a tales agravios por la vía institucional.

En última instancia, corrupción, inseguridad pública y violencia social son tres calamidades que remiten a las mismas causas: impunidad, ausencia de Estado de derecho, falta de oportunidades para la población e ineficacia de las instituciones para gestionar abusos y necesidades. Si la cuota de inseguridad supone una sangría física a sus habitantes, el impacto económico de estas calamidades representa una sangría económica que nos condena a la pobreza y a la imposibilidad para salir de ella como sociedad. No ponernos de acuerdo es un lujo que ya no podemos darnos.

@jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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