El Observatorio Nacional Ciudadano destacó que la implementación de una política pública en materia de desaparición forzada ha sido un fracaso por la falta de interés y coordinación entre las autoridades en diez años.
De hecho, uno de los invitados especiales al evento fue el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, quien asumió ese cargo el 7 de marzo pasado, pero que no acudió a la cita y se desconoce el motivo.
La organización señaló que en Mexico aún existe un grave problema de rendición de cuentas y de criminalización de las víctimas.
Por su parte, Birgit Lamm de la Fundación Friedrich Naumann resaltó que lo preocupante es que las desapariciones no son casos aislados sino un fenómeno estructural que se realiza en México desde hace mucho años.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La implementación de una política pública en materia de desaparición forzada ha sido un fracaso por la falta de interés y coordinación entre las autoridades, destacó hoy el Observatorio Nacional Ciudadano al presentar el segundo fascículo de su proyecto “¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública”.
“Las desapariciones son como una herida que no cierra y en nuestro país esta herida sigue presente, sigue sin cicatrizar”, comentó Francisco Rivas, director de la organización en rueda de prensa hoy.
“Como sabemos la delincuencia desaparece personas […] pero más grave aún es que el Estado a través de sus autoridades también cometen este grave delito y que también protegen a quienes desaparecen usando una placa”, dijo Rivas.
Uno de los invitados especiales en este evento era el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, quien asumió ese cargo el 7 de marzo pasado. Pero no acudió a la cita, y los organizadores no supieron por qué. Previó a la presentación del fascículo se colocó su nombre en la mesa de exponentes; pero posteriormente tuvieron que quitarlo.
Al finalizar la conferencia algunos de los presentes que notaron la ausencia del nuevo Comisionado la cual, la calificaron como “acorde” a lo expuesto en el informe: la falta de interés de las autoridades en el tema de desaparecidos.
Antes de ocupar ese cargo, Cabrera Alfaro fue coordinador general de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que es titular Renato Sales. Ahí se encargaba, según su perfil en esa dependencia, del “desarrollo e instrumentación de la Estrategia de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas, desde la oficina del comisionado nacional de Seguridad”.
EL INFORME
El proyecto “¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntaria?” fue lanzado desde el año anterior y se divide en cuatro fascículos: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?; Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias; Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses y ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridad.
Los documentos tienen la finalidad de generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno.
Hoy, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó la segunda entrega que muestra un inventario de las acciones y políticas implicadas en el ámbito nacional y estatal en materia normativa sobre las desapariciones forzadas. A partir de dicho inventario, presenta un análisis sobre el grado de avance de las políticas pública.
La organización inició con la investigación del tema desde hace tres años, especificó su director.
El estudio destaca “el fracaso en la implementación” de las políticas donde a diez años aún no se ha podido establecer una política coherente, transparente, sostenible y evaluable.
“No se ha articulado una política coherente, seguimos teniendo una carencia en la materia, tenemos sólo acciones cosméticas, hay descoordinación entre autoridades, no solo por fuera sino dentro de las instituciones, y repetimos acciones con mismo objetivo. Las desapariciones nos ponen en evidencia la carencia que tienen las instituciones”, añadió Francisco Rivas.
Otro de los aspectos que enfatizó Rivas es que en Mexico aún existe un grave problema de rendición de cuentas y de criminalización de las víctimas.
“En nuestro país seguimos apostando a descalificar a la víctima antes de buscarla y admitir que el Estado sigue fallando”, afirmó.
La explicación para el fracaso es que a los funcionarios no les interesa atender la problemática de la desaparición forzada y como ejemplo de ello, el informe destacó el caso de Ayotzinapa:
“La relevancia de este fascículo se explica por el fracaso existente en la materia. […]Este fracaso evidencia contundentemente la falta de interés y coordinación que debiera existir a la luz de la magnitud del problema. Asimismo, este fracaso se hace más visible al considerar cómo ha sido la respuesta instituí cional en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa y Allende pues aun hoy no existen certezas en torno a lo sucedido. Pensar que tras diez años el logro más importante es la promulgación de una ley”, establece el documento.
El fascículo también subraya que la desaparición forzada aún no se encuentra tipificada de manera completamente homologada en la Declaración sobre la Protección de todas las personas, que no se han emitido de manera completa los protocolos de búsqueda a nivel nacional y no hay una completa capacitación en derechos humanos a las dependencias públicas de seguridad.
“Lo que más nos preocupa es que en Mexico ya se han aplicado Reformas […] las cuales han quedado en materia muerta”, agregó Francisco Rivas.
Por su parte, Birgit Lamm de la Fundación Friedrich Naumann señaló: “lo que a mí me preocupa es que las desapariciones no son casos aislados sino es un fenómeno estructural que se realiza en México desde hace mucho años, no solo es Ayotzinapa, sino es una estructura, un fenómeno que viven muchas familias aquí en México”.
La representante de la organización internacional comentó que la desaparición de personas por el crimen organizado es alarmante pero más grave es que en este tema también están involucrados actores con cargos políticos, funcionarios.
“Es una violación más grave porque son funcionarios, que supuestamente están para proteger a los individuos, quienes ni siquiera cumplen con eso sino se hacen común con la delincuencia, y eso realmente es el tema que requiere mucha atención”, consideró Lamm.
RETOS EN MATERIA LEGAL
Francisco Rivas del Observatorio Nacional indicó que uno de los grandes retos para la implementación de esta Ley es la asignación de recursos. La información pública establece que se destinaron alrededor de 282 millones de pesos para el Sistema Nacional de Búsqueda, presupuesto que tendrá que cubrir las 32 comisiones locales; sin embargo, no es suficiente.
“No podemos contar con una Ley que sea simplemente una referencia y para que esta Ley pueda funcionar requiere de recursos”, detalló.
Otro reto es de recursos humanos y la sensibilización a los servidores públicos de atención, seguridad, de de todas las dependencias en donde llegan atender a familiares de personas desaparecidas.
“Si no se sensibiliza, la Ley va a quedar en letra muerta, en un país donde la desaparición es una realidad”, recalcó.
La mejora de los servicios forenses, la necesidad de que funcionen los registros nacionales de fosas, de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, y el administrativo de detención, así como el Banco Nacional de Datos, son otros pendientes clave en México.
Aracely Rodriguez lleva 8 años 4 meses y 4 días en búsqueda de su hijo Luis Ángel, un policía federal desaparecido en Michoacán: “No saber de su paradero es muy doloroso, al igual que darnos cuenta que muchas veces que se esta normalizando la desaparición”, dijo en la misma rueda de prensa.
La integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos recalcó que para las familias la Ley General para Personas Desaparecidas no es exactamente la ley que querían pero que sí lleva la voz de los colectivos, de familias, y aunque es perfectible tienen esperanza que poco a poco pueda avanzar.
El Observatorio Nacional Ciudadano propuso crear un mecanismo de monitoreo y seguimiento para la implementación de la nueva ley, en el que participe la sociedad civil para que exista una verdadera rendición de cuentas.
“En México no podemos seguir permitiendo que una y otra vez las personas no tengan acceso a la justicia, a la verdad, que las familias sean borradas”, apuntó Francisco Rivas.
