Durante años, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha desenvuelto políticamente a costa de una agenda ambientalista que en los hechos ni comparte, ni representa. Esta simulación pareciera el epítome del corrupto sistema político mexicano, donde el compadrazgo compensan la falta de principios.

En esta tónica, los mexicanos hemos soportado aberraciones que han puesto a prueba la capacidad de asombro dentro y fuera del país.

Jorge Emilio González Martínez, líder del partido, fue detenido en 2013 por conducir en estado de ebriedad. Obvia decirlo, no perdió el cargo. En 2004, siendo senador, fue exhibido en una aparente negociación, cobrando 2 millones de dólares como soborno para permitir la construcción de un hotel en la Riviera Maya.

En 2009, cuando el actual Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, contendía al cargo como candidato del Partido Verde, fue arrestado en el aeropuerto del estado Luis Fernando Castellanos, entonces operador del partido. Las autoridades encontraron un millón de pesos en efectivo en posesión de Castellanos, que él justificó como personales. Claro, todos en este país salimos a viajar con un millón en la cartera.

Sobreviviendo en el aval de la impunidad mexicana, a pesar del descrédito ganado a golpe de escándalos, el Verde se sostenía de la credibilidad de otros sectores. Sin embargo, el partido también cayó de la gracia internacional en 2009, cuando la organización internacional de partidos verdes, la Global Greens, lo expulsó de sus filas por impulsar la pena de muerte en México.

El recuento de irregularidades y francas violaciones a la ley del Verde dan para llenar un almanaque de varios volúmenes, pero el punto de este artículo no es ser exhaustivos, sino traer a la memoria los elementos que confirman la falaz existencia del PVEM como partido ambientalista mexicano.

Por si el partido no se hubiera exhibido lo suficiente, impulsan actualmente una iniciativa de Ley de Biodiversidad que, no solo es risible por sus carencias técnicas, sino que traiciona en lo más profundo el postulado básico de cualquier movimiento que se diga ambientalista: desprotege a la mundialmente reconocida biodiversidad mexicana, expone su acervo genético y apunta particularmente contra especies ya amenazadas como las tortugas marinas y la familia de aves que integran los pericos y las guacamayas.

La ley, que de ser aprobada absorbería el marco regulatorio previo, fue presentada por Ninfa Salinas Sada, hija del magnate Ricardo Salinas Pliego (el dueño de TV Azteca) y senadora por la vía plurinominal del PVEM, entiéndase esto como no electa por los votantes.

No basta con decir que, de aprobarse la iniciativa de Ninfa Salinas, la protección de la biodiversidad  de uno de los países megadiversos del mundo queda en una posición endeble.

Es por ello que desde Greenpeace hemos iniciado una petición en línea para que la propuesta sea desechada y se inicie una verdadera discusión que incluya a todos los sectores de la sociedad, académicos, comunidades, organizaciones, para que el marco legal de protección a la diversidad biológica realmente cumpla con ese objetivo y de paso exhibamos una vez más la simulación ambientalista del Partido Verde. http://actua.greenpeace.org.mx/ley-biodiversidad

*Edith Martínez es coordinadora de Comunicación de Greenpeace México

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Edith Martínez

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Edith Martínez es coordinadora de Comunicación en Greenpeace México.

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