Los detalles no rosas de la marcha de ese color pueden ser el espacio del demonio. Con respeto para Baudelaire, quien desde sus flores del mal coloca en la minucia se hallaba la habitación de la iniquidad.

¿Es válido insultar, discriminar o denostar a quien no piensa de manera similar? Preguntado de otra manera: ¿puede la oposición utilizar aquello reprobado por ella misma cuando lo acusa en la retórica del Presidente Andrés Manuel López Obrador? Critican la denostación y la despliegan ampliamente. Desde el insultante “narcopresidente” hasta el ejemplo siguiente.

Álvaro Delgado presentó ayer en su cuenta de X la anécdota videograbada de un camión de transporte público, al paso de manifestantes. El operador grita por la ventanilla “¡Viva López Obrador!”. Le responde un ciudadano del grupo rosa: “estas son las marchas civilizadas”, con la implicación de incivilidad en las de Morena. Otro peticionario de “no tocar nuestra democracia” o al INE, toma su bastón —de mano, ¿o de mando?— y trata de golpear al conductor mientras profiere una grosería en la renuencia a conceder respeto a la memoria de su madre. Detalles a la vista.

Hay legítimo derecho de expresión ejercido en el segmento de ciudadanos por quinta vez constituidos como actores políticos en el Zócalo en los últimos 56 años contra unas 100 manifestaciones completadas a plenitud por la izquierda o la democracia con énfasis comunitario desde 1968 a la fecha.

Detallito olvidado por el sesgado historiador, en ejercicio de su derecho, Enrique Krauze quien confunde el rosa con el rojo y el riesgo de oponerse a Díaz Ordaz con el de insistir en su enojada antipatía dirigida contra un presidente “autoritario” respecto de quien al menos una veintena de plumas entrenadas lanza diversos niveles de invectivas desde hace 24 años.

El insulto daña la convivencia democrática… ¿solamente cuando es contra mí, yo, el nosotros de quienes nos oponemos a una supuesta regresión democrática con amplio daño institucional?

Salvo mejor opinión de Heráclito y el río del tiempo imposible de repetirse, la idea de la probabilidad de una regresión como dicen Lorenzo Córdova o Denise Dresser es una completa imposibilidad; para eso tendrían que ganar el PAN y el PRI la elección y aun en tal remoto caso la repetición idéntica de algo reprobado por las fuerzas constitutivas de Morena es una completa imposibilidad fáctica, programática y lógica.

La masiva marcha ciudadana la veremos el 2 de junio y será una marcha contundente.

Claro. Hay una disputa por la ciudadanía y su mayoría electoral. La concentración de ayer, que no una marcha, apoyada por los liderazgos del PAN, así como los vestigios del PRI y del PRD, es del grupo de respaldo a Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República y de Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno. Están en su derecho.

La rosada concentración tuvo consignas en contra de un movimiento ahora mayoritario en el gobierno con la misma intensidad con la cual se le promovió como “marcha” apartidista sin serlo. También en su derecho.

Ejemplo y detalle final. Una mujer expresa “pavor de que Morena quiera quitarnos la propiedad privada reformando el artículo 139 de la Constitución”. Y cuando el periodista Poncho Gutiérrez le recuerda la inexistencia de tal artículo en la Carta Magna, la respuesta es simple: “Pues sea por una cosa o por la otra, me da pavor”. La filosofía del haiga sido como haiga sido o el si parece como de López es malo y peligroso.

Apartidismo o no, bienvenida la activación preelectoral. Sin embargo, rechacemos virtudes donde no las haya. Un poco lo que Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia”. Al menos veamos la verdad del detalle donde se esconde el demonio.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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