En los últimos años, las agresiones contra las mujeres –abusos sexuales, desapariciones, homicidios, feminicidios– han tomado más espacio en la agenda nacional. Entre las razones pueden estar la crueldad o la cotidianidad de los casos, pero lo que es un hecho es que las protestas han obligado al Estado a crear oficinas para atender estas problemáticas, pero esa intención no se vio reflejada en el presupuesto.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– En los últimos 10 años, en los que México vivió una “guerra contra el crimen organizado” y luego la continuación de esa estrategia con acciones poco concretas, la sociedad exigió soluciones a las autoridades y éstas apostaron por la creación de oficinas que atendieran problemas como la violencia contra las niñas y las mujeres.
Fueron 14 oficinas distintas en la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (hoy, Fiscalía), que nacieron y luego cerraron de 2008 a 2018, es decir, en la última etapa del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y todo el de Enrique Peña Nieto. Fueron direcciones generales, unidades, secretarías, fiscalías y oficinas para atender las demandas, pero en diez años solo les asignaron 2 mil 978 millones 547 mil 556 pesos.
De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo a la Cuenta Pública, en 2008 dentro de la Segob existía únicamente la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos. Entre las dos tuvieron un presupuesto de 27 millones 909 mil 593.
Con el paso de los años, las oficinas fueron aumentando, hasta que de 2015 a 2018, se contó en esas dos dependencias con 9 oficinas dedicadas a la seguridad, prevención de la violencia, de protección integral de infancias, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, prevención de la trata y búsqueda de personas desaparecidas.
La realidad mostró la urgencia: de 2015 a 2019 se registraron 356 víctimas menores de edad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP). El 2019 cerró como el más violento para dicho sector de la población en los últimos cinco años, pues el SESNP registró 98 feminicidios, en promedio ocho casos al mes, lo que lo convirtió en “el peor año en la historia reciente para la vida de las niñas y adolescentes”, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Esa organización detectó un crecimiento de 11.4 por ciento respecto al 2018, cuando se registraron 88 de esos delitos, es decir, 7.3 feminicidios cada mes.
Para 2019, con base en los datos de la investigadora María Salguero, se estima un total de 3 mil 825 asesinatos de mujeres, principalmente en Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California.
Para dimensionar el gasto de los últimos diez años, esos 2 mil 978 millones que fueron repartidos a esas fiscalías y oficinas, es poco más de la mitad de lo que se gastó en un solo año en el rubro de “Alimentos y utensilios”. En 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, las principales oficinas del Gobierno federal gastaron 35 mil 678 millones 637 mil 962 pesos en este “gasto de operación”. En el último año fue de 7 mil 047 millones de pesos, el más alto de toda esa administración.
LAS OFICINAS CREADAS
Conforme la violencia se fue recrudeciendo y a la par el enojo de la sociedad, las oficinas fueron apareciendo. En 2008, solo estaban la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; en 2009, se le sumó la acción de Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y en ese año el presupuesto fue de 43 millones 429 mil pesos.
Para 2010 disminuyó a 34 millones porque se eliminó la Comisión para atender a las mujeres en Ciudad Juárez; retomó su nivel para el siguiente año cuando se creó la acción de Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, que para su primer año solo tuvo un presupuesto de 2 millones 500 mil pesos; para 2012, el último año de Gobierno de Felipe Calderón aparecieron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. El presupuesto para esos cinco programas fue de tan solo 70 millones 339 mil 182 pesos.
En la era de Enrique Peña Nieto, se sumaron desde el primer año cuatro oficinas nuevas en la Segob: la Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, la Unidad de Información para la Seguridad Pública y la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública. En la PGR se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para ese primer año el presupuesto también dio un brinco, a 174 millones 542 mil 872 pesos.
Y para el siguiente año dio otro brinco a 491 millones 587 mil 728 pesos, con exactamente las mismas oficinas. La cifra se mantuvo durante los siguientes dos años: en 2015 añadieron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y tampoco hubo cambios para 2016.
Es hasta 2017 cuando se vuelve a dar un brinco de casi 100 millones de pesos, ya que pasó a 565 millones 872 mil 362 pesos, con los mismos programas.
Para el último año de Gobierno, el presupuesto fue de 602 millones 401 mil 430 pesos, aunque se eliminó la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos y a la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se le asignaron solo 6 millones 823 mil 891 pesos.
