El INE, INAI y CNDH realizaron una carta con carta dirigida a Ernesto Javier Cordero Arroyo para hacer un llamado al Senado de la República para que el proceso de la ley de publicidad oficial sea abierta a un diálogo y una discusión.
El pasado 7 de enero, más de 85 organizaciones civiles, periodistas y académicos se pronunciaron en el Senado de la República a favor de una regulación de la publicidad oficial en tiempo y forma, tal como lo estipuló la Suprema Corte.
El Gobierno federal ha gastado de 2013 a la fecha, 41 mil millones de pesos. En 2015, 11 mil millones a nivel estatal.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- En una carta conjunta, el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que exigen al Congreso de la Unión que el proceso de la ley de publicidad oficial se apure, sea plural, incluyente e informado.
Los organismos autónomos hicieron un llamado al Senado, ante la proximidad del cumplimiento del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que la emisión de la legislación se abra al diálogo y discusión y que las voces de las partes interesadas “sean escuchadas”.
“Una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en ese rubro, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión”.
El INE, INAI y CNDH hicieron expreso su compromiso para acompañar en los trabajos que emprenda el congreso de la Unión e inicie la formulación de la ley, así como contribuir en el debate público.
El Gobierno federal ha gastado de 2013 a la fecha, 41 mil millones de pesos. En 2015, 11 mil millones a nivel estatal.
El pasado 7 de enero, más de 85 organizaciones civiles, periodistas y académicos se pronunciaron en el Senado de la República a favor de una regulación de la publicidad oficial en tiempo y forma, tal como lo estipuló la Suprema Corte.
Señalaron que no basta con que el tema figure dentro de las prioridades de la agenda legislativa, pues el objetivo es elaborar una ley hecha con los más altos estándares internacionales en materia. Todo bajo un esquema de transparencia que permita darle seguimiento y contemple la participación de los actores involucrados.
Unas horas después de ese mismo día, en el Senado se dio lectura a la sentencia de la Suprema Corte y se turnó a las Comisiones Unidas las iniciativas. Además se emitió una excitativa en el Pleno. Ese procedimiento es un exhorto que realiza la Mesa Directiva de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión a una o varias comisiones, según sea el caso, para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les haya sido turnado previamente y cuyo plazo para ser dictaminado haya vencido o esté por vencer.
Sin embargo no se han reportado avances en el Senado.
La publicidad oficial es la manera que usan los gobiernos para presionar a la prensa o para comprarla, tanto a nivel local como a nivel federal.
Los representantes del gremio solicitaron a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a las dictaminadoras, que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo con base en los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.
Ese día feneció el tiempo que el Poder Judicial señaló al Congreso para iniciar los trabajos. “Ya se enviaron tres notificaciones. De no hacerlo vendrá una multa, o la destitución del cargo de los responsables”, expresó Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, y quien además recordó que esta es otra promesa que no cumple el Presidente Enrique Peña Nieto.
Justine Dupuy, Coordinadora del programa de publicidad oficial de Fundar, dijo que se trata de más de 85 organizaciones nacionales e internacionales, académicos y periodistas que firman el documento a favor de la regulación.
“Si no se avanza no habrá medios libres. Sin medios libres no hay combate a la corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulnera los derechos humanos y no se escucha las voces de todas y todos. Se necesita información objetiva y rendición de cuentas, evitando el uso discrecional, arbitrario y opaco de nuestros recursos. El tiempo apremia y la regulación de la publicidad oficial es aún pendiente del Congreso de la Unión”, agregó.
