El mundo corporativo y financiero en México ha fomentado la creación de mecanismos que permiten a las grandes corporaciones “comprar” una máscara que les permite publicitarse como empresas “socialmente responsables” o “sustentables”, pese a que en sus operaciones del día a día no tienen un comportamiento ejemplar.
Tal es el caso de Femsa o Grupo México, que han estado en el ojo del huracán mediático por casos graves de afectaciones al medio ambiente y sin embargo cuentan con el reconocimiento de los mercados financieros por sus “buenas prácticas”.
El índice sustentable de la BMV mide dentro del mercado bursátil de México la “sustentabilidad” de las empresas que cotizan en él. Las empresas que participan de este índice asumen ciertos compromisos iniciales para cumplir con los requisitos de entrada, pero estos no se sostienen en el largo plazo.
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Por Laura Quintero
Ciudad de México, 20 de febrero (EconomíaHoy/SinEmbargo).– Cada vez más empresas en México y en el mundo necesitan cumplir o por lo menos aparentar que cumplen con estándares de buenas prácticas ambientales y sociales para poder dar brillo a su marca o para evitar pérdidas financieras millonarias cuando cometen errores o negligencias que dejan severas consecuencias.
El mundo corporativo y financiero ha fomentado la creación de mecanismos que permiten a las grandes corporaciones “comprar” una máscara que les permite publicitarse como empresas “socialmente responsables” o “sustentables”, pese a que en sus operaciones del día a día no tienen un comportamiento ejemplar.
Tal es el caso de Femsa o Grupo México, que han estado en el ojo del huracán mediático por casos graves de afectaciones al medio ambiente y sin embargo cuentan con el reconocimiento de los mercados financieros por sus “buenas prácticas”.
LA “SUSTENTABILIDAD” EN LA BMV
Al interior de la Bolsa Mexicana de Valores existe un Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable, en donde las emisoras son reconocidas o no, por sus prácticas de responsabilidad social y a favor del medio ambiente, aunque en la práctica no lo reflejen.
El número de emisoras que integran el IPC Sustentable ha crecido un 247 por ciento desde su creación en 2012. Al inicio contaba con 23 emisoras participantes y hoy, seis años después, son ya 80 las compañías que lo integran.
En entrevista para EconomíaHoy.mx, Eugenia López, directora de Vinculación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), detalló que las empresas en México que participan de este índice asumen ciertos compromisos iniciales para cumplir con los requisitos de entrada, pero estos no se sostienen en el largo plazo.
“Son estándares que las propias empresas se autocalifican, son ellas mismas diciendo qué es lo que tienen y lo que no, queda a beneplácito de ellos mismos. Los indicadores se deben de construir de manera conjunta con una parte de la sociedad civil, con las partes que han sido afectadas y debe haber partes independientes que puedan realizar la calificación”, advirtió.
El índice sustentable de la BMV mide dentro del mercado bursátil de México la “sustentabilidad” de las empresas que cotizan en él. El IPC Sustentable mide aspectos como la sustentabilidad ambiental, responsabilidad social, medidas anticorrupción o diversidad de género en los gobiernos corporativos.
“De lo que se está hablando es de cómo se compra la sustentabilidad, cómo hay indicadores o bonos verdes que puedes comprar y te permiten pagar por contaminar. Se implementan mecanismos que aparentemente son buenos pero que en la realidad no transforman las prácticas productivas de contaminación y de explotación de los recursos naturales”.
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FEMSA Y GRUPO MÉXICO: ¿MÁS PALABRAS QUE HECHOS?
Dentro de las firmas que más destacan por su sustentabilidad están Cementos Mexicanos (Cemex) o Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Grupo México, que forman parte del IPCS.
Por otro lado, está el índice bursátil del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado por México, Colombia, Chile y Perú, que es el equivalente al Dow Jones Sustainability (DJSI) MILA Pacific Alliance, el cual está conformado por 42 empresas, de las cuales 12 son mexicanas: Axtel, Cemex, Coca-Cola Femsa, Femsa, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Banorte, Grupo México, Rotoplas, Televisa, Qualitas, Fibra Prologis y Fibra Uno.
De esta larga lista de empresas, que ostentan la “marca verde”, la especialista indicó que por lo menos empresas como Grupo México y Femsa mantienen esos indicadores que tienen que ver con palabras y no con hechos, ya que tienen antecedentes como el caso del Río Sonora y la planta de Coca Cola en Chiapas, por mencionar algunos, en los que evidencian la falta de responsabilidad con los derechos humanos y con el medio ambiente.
GRUPO MÉXICO CON UNA DEUDA PENDIENTE
En el caso específico de Grupo México, la especialista detalló que ni siquiera tiene una política de compromiso con los derechos humanos que es el primer paso que establecen los principios rectores sobre empresas y sustentabilidad de la ONU para que cualquier empresa muestre su compromiso con ello. “El indicador de sustentabilidad tendría que reflejar qué tanto ha hecho Grupo México para remediar ese desastre medioambiental”, detalló.
En 2014 Grupo México fue el responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en el Río Sonora, lo cual a afectó a por lo menos 23 mil personas de siete municipios, y provocó el cierre de 36 pozos, por lo que prometieron 36 potabilizadoras y sólo hay una.
A más de tres años de que sucedió el incidente, los habitantes afirman que no hay ninguna certeza de que el agua esté limpia. La empresa propiedad de Germán Larrea, recibió una multa de 24 millones de pesos y le fue solicitado crear un fideicomiso por 2 mil millones de pesos, para la indemnización de los afectados, no obstante, del Fideicomiso sólo hay reportes de pago por mil 28 millones de pesos.
Mientras que el informe del grupo de trabajo de la ONU indicó que el pago de indemnizaciones que realizó la empresa mediante el Fideicomiso fue arbitrario, “se estableció un número máximo de cabezas de ganado pagadas, sin tomar en cuenta el número real de animales afectados”.
FEMSA, LA GUERRA POR EL AGUA
En el caso de Femsa, su planta de Coca-Cola ubicada en San Cristóbal, Chiapas, extrae cerca de 1 millón 600 mil litros de agua diarios en el municipio. Especialistas han denunciado que no hay transparencia acerca del monto y destino de los recursos obtenidos para la sobreexplotación de los pozos de los que la empresa hace uso. Grupo Femsa ha enfrentado movilizaciones y protestas en comunidades de y Veracruz Tlaxcala, contra su embotelladoras ubicadas en esas entidades.
Además, Coca-Cola Femsa realiza un pago anual de 2 mil 600 pesos por cada una de las 46 concesiones de explotación de aguas subterráneas al año, de acuerdo con datos del informe sobre violaciones a los derechos humanos agua y saneamiento 2017, elaborado por 101 organizaciones civiles, nacionales y extranjeras.
“Hay un entendimiento muy superficial de desarrollo sustentable, como si solo fuera una marca, la propia Cepal ha hecho énfasis en que es un riesgo que el discurso se ha cooptado para convertirse en promoción y difusión de las empresas en vez de que se transformen las prácticas”, detalló Eugenia López.
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REGULACIÓN LAXA
De acuerdo con el estudio “Desarrollo Sostenible en México 2018”, elaborado por la firma KPMG, a pesar de que ha habido un incremento en el tema de sustentabilidad de las empresas que operan en México, también ha habido un incremento en el costo que pagan por conflictos socio-ambientales.
Jesús González, socio líder de asesoría en Desarrollo Sostenible de KPMG México, explicó que no hay una empresa que no impacte, “todo lo que tocas lo vas a impactar, más que hablar de buenos y malos hay que aceptar que todo tiene su impacto, hay unos que hacen simulación. Lo verdaderamente importante es resolver cómo le hacemos para mitigar, regenerar para poder tener las mismas condiciones de vida mañana, cómo le hago para que mi proceso tenga el menor impacto”.
Detalló que México tiene de 120 empresas mineras, de las cuales por lo menos 90 son canadienses, y casi ninguna de ellas opera en Canadá, “esto se debe a que tenemos una regulación más laxa”, dijo González.
“Estamos muy acostumbrados a pensar que las empresas nos hacen un favor, que es filantropía y caridad lo que ellas hacen y con que nos den tres pesos para un grupo de adolescentes embarazadas ya están comprometidas con la población y no estamos acostumbrados a pensar que una empresa tiene un impacto fuerte en la comunidad y en el medio ambiente en donde se instala y qué parte de su modelo de gestión tiene que ser responsable con eso”, destacó Eugenia López.
