No todos los mexicanos pueden prevenir su retiro laboral. En el sistema de pensiones del país hay millones que cotizaron en alguna entidad de seguridad social durante su vida de trabajo, mientras otros millones que se encuentran en la informalidad no cuentan con este tipo de prestaciones. Y aunque el Gobierno federal da a 5.4 millones de mexicanos de más de 65 años 580 pesos mensuales mediante el programa de pensión para adultos mayores, ese monto no les alcanza para la canasta alimentaria y otros servicios básicos, destaca un estudio del CIEP.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Los montos de las pensiones no contributivas –las otorgadas por el Gobierno a través de programas sociales y cuyo objetivo es aliviar la pobreza en la etapa de la vejez– no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria y otros servicios básicos. Esto supone que 5.4 millones de adultos mayores de 65 años no tienen un piso mínimo de ingreso, expuso la economista Alejandra Macías Sánchez en un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“No hay de dónde tomar recursos [públicos] para obtener una pensión no contributiva más decente”, dijo la investigadora en entrevista este lunes, el Día Mundial de la Justicia Social.
La población mexicana está envejeciendo y se tiene una esperanza de vida más alta, entonces cuando los mexicanos se jubilan viven 20 o 30 años más, tiempo en el que el Gobierno debe destinar 3.7 por ciento del PIB para pagar pensiones tanto contributivas como las de quienes no contribuyeron.
La investigadora afirmó que esto se convierte en una presión para las finanzas públicas por lo que se necesita un paquete de acción desde educación para el ahorro hasta aumentar el porcentaje de las contribuciones, es decir, la parte del sueldo que el empleado o la empresa da al sistema de pensiones, e incluso gravar las pensiones.
Durante los tres años de operación del “Programa Pensión para Adultos Mayores”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la transferencia monetaria ha sido de 580 pesos mensuales para cada beneficiario. Sin embargo, la “línea de bienestar mínimo” se encuentra por arriba de los 800 pesos en áreas rurales, y encima de los mil 200 pesos en el área urbana, destaca el estudio.
La “línea de bienestar” en México, es decir, la que incluye la canasta alimentaria y otros bienes básicos como transporte, salud, vivienda, entre otros, se encuentra por encima de los mil 600 pesos para el área rural y a más 2 mil 500 pesos en áreas urbanas.
Mientras, el monto anual promedio de la pensión no contributiva representa menos del 10 por ciento del total del monto de la pensión contributiva anual más baja. En un año, contrasta el estudio, los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores reciben 7 mil 241 pesos, frente a los 85 mil 619 de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Que no contribuyan radica en la informalidad y el tipo de contrato: los que ganan por honorarios no reciben prestaciones y no cotizan al IMSS. Ellos tendrían que abrir sus cuentas de retiro e ir aportando voluntariamente a las afores”, destacó la investigadora.
Al cierre de 2016, de los 52 millones 123 mil mexicanos que tenían un trabajo, 37 millones eran subordinados y remunerados. De estos últimos, 19 millones no tenían seguro social y 29 millones laboraban en el sector informal sin acceso a seguridad social.
LOS QUE TIENEN PENSIÓN Y LOS QUE NO
Los ingresos del Gobierno han bajado por la caída de los petropecios entre 2014 y 2016. Los ingresos tributarios no logran compensar por completo las caídas de los ingresos petroleros.
En ese escenario, en 2017 el Gobierno gastará, como parte de su presupuesto, 720 mil 128 millones de pesos (3.5 por ciento del PIB) para pagar las pensiones de 5.4 millones de ancianos que durante su vida laboral contaron con seguridad social.
Las instituciones que otorgan este tipo de pensiones son el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), regímenes estatales y municipales. Incluso empresas extintas cuyos ex trabajadores siguen recibiendo jubilaciones, entre ellas, Luz y Fuerza.
Elena, que fue maestra de una primaria pública durante 35 años, se jubiló en 2010 a los 60 años. Podía desde los 27 años de antigüedad, pero “quería seguir trabajando”. Durante su vida laboral de su salario sólo le descontaban por el Impuesto Sobre la Renta (ISR); la Secretaría de Educación Pública se encargaba de aportar al ISSSTE.
Ganaba 14 mil 600 pesos y ahora recibe 20 mil 200 pesos porque al jubilarse le otorgan 10 salarios mínimos y cada febrero, su pensión va aumentando con base en el salario mínimo actualizado (actualmente de 80.04 pesos). Los maestros de escuelas privadas, añadió, reciben menos porque las empresas contribuyen con poco porcentaje.
Su esposo Miguel fue cocinero en un hospital del IMSS durante 27 años. Este instituto otorga las pensiones al 80 por ciento de la población afiliada a alguna institución de seguridad social.
El IMSS está contribuyendo con el 6.5 por ciento del sueldo con salario cotizable “y es muy poco”, dijo la economista Alejandra Macías. “En Costa Rica se cotiza el 13 por ciento”.
Miguel trabajaba ocho horas de seis de la mañana a 2 de la tarde y descansaba dos días a la semana. Ganaba más de 16 mil pesos mensuales contando las compensaciones económicas por llegar temprano o no faltar. Se jubiló a los 49 años. “Cuando uno ya está pensionado ya no tiene esas pequeñas entradas [de dinero extras]”, contó.
Sin embargo, otros millones de mexicanos que trabajaron en la informalidad no contribuyeron para su retiro por no contar con este tipo prestaciones o por falta de educación en el ahorro.
Del presupuesto federal, 39 mil 100 millones de pesos (0.19 por ciento del PIB) va para 5.4 millones de ancianos mayores de 65 años que reciben pensiones no contributivas por parte de programas sociales como “Programa Pensión para Adultos Mayores”.
Tres hermanas de Elena trabajaron casi toda su vida en una tienda de abarrotes y vinos, el negocio familiar que les heredó su padre. Luz María, la hija menor, recibió una llamada del IMSS para preguntarle si deseaba entrar al seguro social. Tenía 22 años. Era la década de los 80 y vendían al mayoreo. Había abundancia.
“Lo rechacé porque pensé que nunca iba a necesitarlo porque eso era para empleados, yo era la dueña”, lamentó. Sin embargo, cuando tenía 50 años la dueña del terreno donde se ubicaba el negocio las removió. En consecuencia, la mujer se quedó sin empleo hasta conseguir uno como encargada de una farmacia, donde cotiza lo mínimo ante el IMSS. “Ya tuvieran su dinero mensual”, comentó su hermana Elena.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 13 estados existen iniciativas similares al programa de pensiones de la Sedesol que incluyen transferencias monetarias y apoyos en especie. Entre ellos, se encuentran “Amanecer” en Chiapas; “Vive Grande” en Jalisco, o “Abuelita estoy contigo” en Quintana Roo. Pero los montos otorgados tampoco alcanzan la línea de bienestar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) previó, en el informe “Todo mundo a bordo: lograr el crecimiento incluyente”, que el programa Prospera facilitará el acceso a ahorro, seguros y crédito; y la Reforma Tributaria aumentará los ingresos gubernamentales del 19.6 por ciento al 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo 2014-2018.
PRESIÓN A LAS FINANZAS PÚBLICAS
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La población mexicana vive un proceso de envejecimiento que se agudizará durante las próximos décadas. Ello plantea “serios dilemas” a los sistemas públicos de pensiones, pues el gasto pensionario acumulado presionará las finanzas públicas al grado de restringir la capacidad del Estado para atender otras demandas sociales, expuso el economista Pedro Vásquez Colmenares, en el artículo “Nueva seguridad social y la crisis de las pensiones”.
“Del presupuesto federal aumentó el 14 por ciento del gasto en pensiones, [por lo que para compensar] hubo recortes en salud y educación”, expuso la economista Alejandra Macías.
La transición demográfica de México en años recientes ha provocado un cambio sustancial en la estructura de la población, producto de una marcada tendencia hacia el envejecimiento; la reducción de las tasas de mortalidad en casi todos los grupos de edad; una mayor esperanza de vida y una disminución del número de jóvenes como proporción del total de la población.
Además los adultos tienen vidas más prolongadas, alcanzan muy jóvenes la edad de la pensión y aumentan de manera significativa el bloque de la tercera edad.
“La pensión no contributiva es para mayores de 65 años, pero antes de las reformas, la edad de retiro era de 60 años. En Pemex incluso desde los 55 años”, afirmó Macías López.
“El problema es que estamos en la transición de reformas, al moverse del régimen de reparto (contribución del trabajador y el Estado) a cuentas individuales (el trabajador financia su Afore). Hay un periodo muy largo de personas que estaban en el sistema anterior, lo que está presionando más a las finanzas públicas: no están llegando contribuciones, pero deben pagar a los jubilados que estaban en el esquema anterior de reparto”, finalizó.
