En el estado de Chihuahua se presenta un debate muy importante, es el debate por la dignidad.

Y los que argumentan frente a frente, son la Unión de Discapacitados de Chihuahua y por otro lado el Gobierno del Estado.

El centro de la polémica es es la naturaleza de la pensión que el Gobierno estatal debe entregar a las personas con discapacidad.

Para el gobierno su obligación se limita a brindar “ un apoyo alimenticio, para aquellos que viven en pobreza, en pobreza extrema o en situación de exclusión social”.

Para la Unión de Discapacitados de Chihuahua en voz de su dirigente, la señora Laura Fuentes, con un 100 por ciento de discapacidad visual, la solidaridad con las personas con discapacidad es una obligación a cargo del estado, correlativo de un derecho humano que tienen los beneficiarios por enfrentarse a la vida con una desventaja que los convierte en vulnerables.

Esta vulnerabilidad afecta a todos los discapacitados y no solo a los que viven en situaciones de pobreza, pobreza extrema o exclusión social, También argumentan, que la vulnerabilidad por situación de pobreza es diferente a la vulnerabilidad por discapacidad, y requieren atenciones gubernamentales diferentes.

Otro de los puntos del debate es es la forma en que debe cumplir el estado con su obligación de Derechos Humanos con ese grupo vulnerable.

El Gobierno entiende que su obligación es  brindar una ayudita alimentaria, y lo hará mediante una despensa que entrega en especie a los beneficiarios que se inscriban ante la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, atendiendo una convocatoria que ha lanzado a través de los medios de comunicación, y a todos los que se inscriban en esta convocatoria, se les hará un estudio socioeconómico por trabajadores sociales. Calculando que el número de beneficiarios que resulten afortunados para la ayudita, serán alrededor de 6 mil.

Para la Unión de Discapacitados de Chihuahua, esa forma de pretender cumplir con su obligación, atenta contra la dignidad de los derechohabientes.

Porque un derecho humano que respete a las personas debe basarse en el respeto a la dignidad humana, y como el origen de la vulnerabilidad reside en una desventaja que tiene este grupo social, la obligación del Estado debe cumplirse mediante una pensión universal, mediante un sistema que permita a los discapacitados el derecho a decidir cómo aplican los recursos recibidos. Ellos tienen una dificultad de movilidad, intelectual, visual o auditiva, pero conservan totalmente la capacidad para decidir que comprar, qué necesidades satisfacer y dónde hacerlo, en ejercicio de su libertad.

Denuncian al Gobierno del estado de tratarlos como menores de edad, a quienes hay que cuidar para que no vayan a malgastar su dinero, pero si comparamos los objetos y mercancías que compran los funcionarios de alto nivel que son quienes deciden que dar y cómo darlo a las personas con discapacidad, es evidente que quienes compran mercancías y objetos de lujo e innecesarios, los que no saben qué hacer con su dinero son los funcionarios y no los discapacitados. En todo caso quienes se comportan como menores de edad, como niños ambiciosos y chiples son los gobernantes y no los ciudadanos.

Pero la semana pasada el debate pasó a los hechos y la Unión de Discapacitados de Chihuahua tomó las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humanos y Bien Común en dos ocasiones y el debate se planteó cara a cara. Fueron horas en los cuales se hicieron valer los argumentos de ambas partes, y evidente la fortaleza los argumentos ciudadanos.

Pero finalmente el Gobierno del estado acudió al uso del poder, para decidir apoyar únicamente a quienes ellos consideran que necesitan el apoyo alimentario, y este año volverán a entregar una ayudita en despensa a un grupo reducidísimo de personas con discapacidad. Pues según el censo poblacional del 2020 registró a 110 mil personas con discapacidad en el estado, y 6 mil representa el 5 por ciento de la población a atender, por lo tanto esta medida gubernamental impuesta a la fuerza y argumentando que quien tenga necesidad de una despensa se acerque y que el que no la merezca o no se acerque se alimente con sus propios recursos.

Así están las cosas con el Gobierno del Estado de Chihuahua, y así están las condiciones de vida para las personas con discapacidad en este estado.

Otro de los temas es la condición regulada por la Secretaría de Bienestar para entregar la pensión de tres mil 100 pesos a los derechohabientes qué condiciona la entrega de la pensión a la suscripción de un convenio con gobierno del estado para que se aporte un 50 por ciento por es el estado y otro 50 por ciento por la Federación, convenio que no se ha podido concretizar en estos tres años porque para el Gobierno de Chihuahua, se trata de la realización de la caridad cristiana en cambio para la Secretaría de Bienestar se trata del cumplimiento de una obligación gubernamental.

Sin embargo para apoyar a los negocios de los amigos de la Gobernadora no hay limitación alguna: Ernesto Cordero y sujetos de la misma calaña reciben más de 15 millones cada año para asesorar al Gobierno en la administración financiera del estado, mantiene vigente un contrato con los amigos de Seguritech por mil millones de pesos anuales, a pesar del evidente  incumplimiento del contrato por parte de la empresa. Pero se niega a gastar los primeros 30 millones de pesos para iniciar el proceso de identificación y aportación de la pensión al 40 por ciento del universo a proteger, entendiendo que ese es el sector posible de identificar y documentar individualmente en el primer año y avanzar a un número mayor en el segundo año hasta alcanzar el el 100 por ciento de personas con discapacidad en el estado de Chihuahua.

Y así las cosas para el Gobierno del Estado de Chihuahua. La dignidad de las personas con discapacidad no es materia de atender y respetar.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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