La mayor parte del ingreso de los estados –entre el 80 y el 90 por ciento– provino de las arcas del Gobierno federal hasta el tercer trimestre de 2019; y la mayoría del gasto de los estados fue para mantener su operación a flote, y no para invertir, por ejemplo, en infraestructura pública o en proyectos que generen desarrollo económico y social.
Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Si las entidades federativas fueran casas, en México habría 32 hogares que, de acuerdo con las cifras de las cuentas públicas estatales hasta el tercer trimestre de 2019, se gastaron siete de cada 10 pesos en mantenerse en pie (gasto corriente), así como uno de cada 10 pesos en inversión (gasto capital) para mejorar sus condiciones. El resto del dinero –dos de cada 10 pesos gastados– fue para cubrir deudas y otros gastos fijos.
Lo anterior se dio en un contexto nacional en que la inversión pública –que es parte del gasto capital– fue equivalente al 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto es casi la mitad de la inversión mínima indispensable para impulsar el desarrollo nacional, según los estimados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El inadecuado nivel de inversión productiva en México también se vio reflejado en la economía de los estados.
Las cifras más recientes (2018-2019) de la organización México Cómo Vamos indican que 30 de 32 entidades federativas (o el 94 por ciento de ellas) tienen un crecimiento económico por debajo de lo que necesitan. Asimismo refieren que 19 estados (el 59 por ciento) tienen una productividad inferior al adecuado, y que la deuda pública de 14 entidades federativas (44 por ciento) está por encima –o tuvo menor “mejoría” en el último año– que el promedio nacional.
Entre los estados con mayor gasto capital como proporción del gasto devengado al tercer trimestre de 2019 estuvieron Coahuila (80 por ciento), San Luis Potosí (62 por ciento) y Baja California Sur (57 por ciento), que reportaron una inversión conjunta por 31 mil 318 millones 941 mil 870 pesos.
A estas entidades siguieron Guanajuato (17 por ciento), Sinaloa (16 por ciento), Aguascalientes (14 por ciento), Ciudad de México (13 por ciento), Chihuahua (nueve por ciento), Jalisco (seis por ciento) y Campeche (cinco por ciento).
En el extremo opuesto, el gasto capital –que incluye inversión productiva, obra pública y adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles– de Tamaulipas, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Colima, Tabasco, Baja California, Tlaxcala y Michoacán osciló entre el uno y el cuatro por ciento de sus respectivos gastos devengados hasta septiembre de 2019, además del gasto de Guerrero, Yucatán y Quintana Roo que fue inferior al uno por ciento.
Otros seis estados (Chiapas, Durango, México, Nayarit, Sonora y Veracruz) presentaron cifras actualizadas hasta el primer o segundo trimestre de este año, por lo que no fueron comparables. Su porcentaje de inversión en gasto capital fue de uno a 26 puntos porcentuales sobre el gasto total devengado.
Además hubo tres entidades (Morelos, Nuevo León y Oaxaca) cuyo desagregado de datos fue insuficiente para determinar el porcentaje de inversión.
INGRESOS Y GASTOS
La información disponible refiere que entre enero y septiembre de 2019, los 32 estados tuvieron ingresos devengados conjuntos de al menos 1 billón 463 mil 795 millones 700 mil 534 pesos.
En promedio, el 16 por ciento del dinero provino de ingresos propios de los estados. El resto fue otorgado por la Federación a través de aportaciones, convenios, financiamientos, participaciones y transferencias.
Esto quiere decir que una sexta parte del presupuesto utilizado por los estados fue reflejo del cobro de impuestos, derechos y demás contribuciones –como aquellas por venta de bienes y servicios– a nivel local.
Lo anterior coincide con la tendencia registrada al cierre del año pasado, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Las “Estadística de finanzas públicas estatales y municipales” indican que en 2018, el 10 por ciento de los ingresos correspondió a ingresos propios de las entidades federativas; es decir, sin considerar las aportaciones, financiamientos y participaciones del Gobierno federal.
Durante los primeros nueve meses de 2019, las entidades federativas con más ingresos propios fueron Zacatecas, Baja California y la Ciudad de México.
Dichos estados generaron entre el 47 y el 62 por ciento del dinero que ingresó a sus arcas. En cambio, Coahuila, Guerrero y Quintana Roo tuvieron el nivel de ingresos más bajo, con una proporción igual o menor al cuatro por ciento de sus ingresos totales.
Los datos disponibles también indican que entre enero y septiembre de 2019, los 32 estados tuvieron egresos devengados conjuntos de al menos 1 billón 302 mil 28 millones 166 mil 281 pesos.
La mayor parte del dinero utilizado (66 por ciento) fue para gasto corriente. Otra parte se fue en gasto capital (15 por ciento) y participaciones (nueve por ciento), así como en amortización de la deuda y disminución de pasivos (tres por ciento).
El balance financiero de los estados arrojó un superávit positivo en la mayoría de los casos. Sin embargo, Colima y Sinaloa tuvieron un déficit presupuestario de -0.2 y -1 por ciento, respectivamente. Ello implica que Colima tuvo un saldo rojo de 30 millones 464 mil 456 pesos, mientras que Sinaloa gastó 242 millones 67 mil 171 pesos más de los que tuvo de ingresos hasta septiembre del año pasado.
Otra de las entidades con saldo rojo fue Sonora.
Los datos financieros más recientes, actualizados al primer trimestre de 2019, indican que el déficit de Sonora fue de -1 por ciento, o bien, de 224 millones 678 mil 665 pesos.
Esta pérdida de dinero coincide con la reestructuración de su deuda en abril del año pasado, por un monto equiparable a 1 mil 300 millones de pesos.
La reestructuración de una deuda implica un cambio de condiciones en un crédito o préstamo a favor del deudor, cuando éste es incapaz de financiar su adeudo, o cuando existen condiciones favorables de mercado para ello. Por lo general, la reestructuración supone un aplazamiento en los pagos, sus intereses o la moratoria, así como la reducción de tasas de interés o gastos de capital, además de la negociación de periodos de gracia o el cambio de tasas variables a fijas.
En el caso de Sonora, el cambio de condiciones tuvo dos implicaciones observables a primera vista.
Por un lado, su nivel de deuda dejó de estar “en observación” y fue calificada como “sostenible” por la SHCP. Por el otro, implicó un aplazamiento del periodo de pago de intereses –lo que se traduce en un gasto no productivo que reduce el espacio fiscal estatal– que podría poner en riesgo las finanzas de Sonora. No en balde, la SHCP mantuvo “en observación” la capacidad de la entidad para solventar el pago de intereses financieros relacionados con su deuda pública, hasta el tercer trimestre de 2019.
