No hay otra forma de calificarlos más allá de la expresión empleada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: son crímenes atroces. Y atenderlos en toda su compleja dimensión requiere un trato especial y determinación política.

Lo ocurrido este fin de semana en Guanajuato, con la matanza de 12 jóvenes en Salvatierra y cuatro en una barbería de Salamanca, se suma a una serie de asesinatos de más de cuatro personas intensificados en los últimos años en la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez.

Uno de los más cruentos, en 2020, en un centro de rehabilitación con un saldo de 27 muertos. El periódico AM/Al Día ha documentado 22 masacres que implican el asesinato de cuatro personas o más este 2023.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra entre enero y noviembre de este año 2 mil 400 homicidios dolosos. Según cifras presentadas en la mañanera de este lunes por el presidente López Obrador, entre el 14 y el 17 de diciembre, 40 personas fueron asesinadas en Guanajuato, que junto con Michoacán, Morelos y Sonora —21 cada uno— concentraron el 33 por ciento de todo el país.

“Ahí está nuestra preocupación, Guanajuato”, mencionó el presidente en marzo pasado, luego de que hombres armados asesinaran a siete hombres y tres mujeres en un bar de Apaseo El Grande.

Un mes después, en un balneario de Cortázar siete personas fueron asesinadas; en julio, en un campo de cultivo en Pueblo Nuevo se registró la matanza de otras cinco; en octubre, en León, cuatro más, y el mes pasado seis estudiantes de medicina en Celaya.

Estampas antecesoras de lo ocurrido este sábado en una ex hacienda de Salvatierra, donde un grupo al que la habrían negado la entrada interrumpió y disparó contra las y los jóvenes; el saldo: 12 muertos.

Sin determinación política e institucional es imposible contener y disminuir los homicidios dolosos. La responsabilidad de los gobernadores, presidentes municipales o fiscales no puede solo endosarse a la federación.

Garantizar la seguridad corresponde a las autoridades de cada entidad, desde el diseño de estrategias hasta la adecuada coordinación con otros niveles de gobierno, visiblemente ausente en el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años en el cargo y su periodo concluye hasta 2028.

Las cifras revelan voluntad desde algunas entidades hacia una política de seguridad integral, en la cual los asesinatos son investigados desde las autoridades locales independiente al llamado fuero del delito.

En la Ciudad de México, la estrategia implementada por Claudia Sheinbaum permitió pasar de un promedio diario de 3.7 casos en 2018 a 2 este año. Guanajuato tiene un promedio de 7 al día.

El Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito resalta la necesidad de planteamientos regionales adecuados a un modelo general.

En esa lógica es indispensable la sensibilidad política para contribuir a la construcción de la paz, en los caminos de Guanajuato y de todo el país.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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