Tras 12 días de movilizaciones tras el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, el Ministerio de Salud ha confirmado la muerte de 24 personas. Este fin de semana, la sede de la Confederación Nacional de Campesinos fue allanada por la Dirección Contra el Terrorismo – DIRCOTE, y fueron detenidas arbitrariamente más de 20 personas. RFI conversó con Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos quien denuncia violación de derechos humanos.
Por Aída Palau
París, 19 de diciembre (RFI).– Este fin de semana, casi en paralelo del discurso a la nación de la actual Presidenta Dina Boluarte, la Dirección Contra el Terrorismo – DIRCOTE, allanó las instalaciones de la Confederación Nacional de Campesinos y detuvo a una veintena de personas que habían pasado la noche allí.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia que esta dirección de la Policía sembró pruebas, detuvo arbitrariamente y hasta torturó a manifestantes que no participaban an ningún acto violento. En estas manifestaciones han muerto hasta ahora 24 personas, siendo las regiones más afectadas por la represión Ayacucho y Apurímac. En esta última, todos los fallecidos eran adolescentes de entre 15 y 19 años.
RFI: ¿Qué datos se están manejando de detenidos y en qué condiciones se detienen a estas personas?
Coordinadora: Bueno, sobre los detenidos no hay un consolidado, pero sí se han producido situaciones como por ejemplo en Abancay (donde) detuvieron a cinco campesinos que estaban durmiendo en la calle. Les destrozaron todas sus pertenencias entre hombres y mujeres, y luego los ponen a disposición fiscal y se les libera. En Andahuaylas hemos accedido a imágenes que demuestran tortura contra las personas detenidas, fotografías que evidencian hematomas que presentan en gran parte de su superficie corporal, es decir, que han sido brutalmente golpeados durante su detención.
Acá en Lima, estamos registrando muchas detenciones. Los jóvenes, sobre todo, pero también personas que simplemente pasan por la calle y los detienen. Se denuncian en muchos casos golpizas por parte de la Policía al momento de intervenir en la calle, pero también dentro de los propios patrulleros en el traslado a las dependencias policiales. Y no hay una defensa pública eficiente.
Las organizaciones de derechos humanos tratamos de estar allí cuando los llevan a las comisarías, pero no nos damos abasto.
Entonces, en el tiempo que ellos pasan, sin defensa, sin la presencia de los fiscales, porque tampoco los fiscales están en la comisaría, la policía comete una serie de abusos: se les hace firmar documentos que no reflejan la realidad de la detención. Pero lo que más nos está preocupando en estos momentos es que hay una escalada en la criminalización.
El día sábado en la mañana se produjo una intervención de la Dirección contra el Terrorismo, que es una unidad policial que investiga este tipo de delitos, está abusando del estado de emergencia”.
Normalmente un operativo de allanamiento como el que se llevó a cabo el sábado habría necesitado la participación de la Fiscalía. Pero como estábamos en estado de emergencia, la policía intervino sola, allanando el local de la Confederación Campesina del Perú, donde estaban pernoctando 26 campesinos venidos de zonas altoandinas que se habían desplazado a Lima para participar en las movilizaciones pidiendo el adelanto de elecciones.
Durante varias horas, la policía no permitió el ingreso de abogados y les han sembrado pruebas (…) La fotografía de los machetes, que son unas armas blancas que se utilizan para trabajar en el campo, pero que en este caso tenían hasta los stickers de los supermercados donde los acababan de comprar.
Finalmente llegó la Fiscalía de Derechos Humanos a controlar la actuación de la policía.
En la noche, los 26 campesinos salieron en libertad, pero han quedado vinculados a una investigación por terrorismo, lo cual aquí en el Perú, es algo que genera mucha zozobra en las personas, porque la acusación de terrorismo involucra, como en otros lugares del mundo, el recorte de diversas garantías, pero además un estigma muy muy, muy fuerte.
Y además estamos hablando de personas que vienen justamente de la zona donde más violencia generaron las huestes de Sendero Luminoso y el propio Estado. La lucha antisubversiva, entonces, es algo que hace que las personas se llenen de temor y que te estén acusando por terrorismo.
RFI: ¿O sea que lo que denuncian ustedes es detenciones arbitrarias, criminalización del movimiento de protesta y fabricación de pruebas para incriminarlo?
Coordinadora: Sí, y en algunos casos torturas a los a las personas detenidas.
RFI: Y esto parece que no se va a terminar porque lo que, al menos una parte de los peruanos quiere, es que se adelanten elecciones, que se hagan lo más pronto posible. Creo que el Congreso mañana vuelve a votar.
Coordinadora: Sí. No se va a terminar, porque además la Presidenta ha dicho que ella no piensa renunciar y está avalando todos los abusos que están cometiendo. Las fuerzas del orden han desplegado a las Fuerzas Armadas y se sigiuen produciendo choques entre manifestantes y el Ejército y la Policía. El fin de semana hemos tenido cinco heridos de gravedad en un lugar de la selva. Bueno, aparte de eso, tenemos información de que el mismo premier Pedro Angulo (ahora ex premier) ha declarado públicamente que están interceptando comunicaciones de las organizaciones sociales. Están utilizando el aparato de inteligencia para hacer seguimiento e investigar a personas simplemente porque son opositoras al gobierno, porque son personas de izquierda, porque pertenecen al movimiento social. Entonces esto parece que solamente va para peor. O sea, no tenemos en la historia reciente una experiencia semejante de de violencia policial. Estamos hablando de 22 muertos y de estos 22, por lo menos 17 son directamente el resultado de la disparos de la policía y del Ejército. Sin contar con los heridos. Ya están llegando a Lima varias personas que por la complejidad de sus lesiones no pueden ser atendidas en en provincia.
Por ejemplo, hay un menor de edad que ha llegado de Ayacucho y parece que va a quedar parapléjico. Una niña que ha venido de Andahuaylas y ha perdido un ojo. Otros que están en coma. Esto es extremadamente grave. O sea, nosotros ya consideramos que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno antidemocrático porque está manteniéndose en el poder contrariando los deseos de la población. Más de un 80 por ciento demanda el adelanto de elecciones y que ella dé un paso al costado y se está manteniendo en el poder. Con el respaldo de las Fuerzas armadas y la Policía y en medio de un estado de emergencia. Esto ya no puede llamarse democracia.
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