México

Javier Duarte se le escapó a la PGR: desde noviembre está fuera del país, revela abogado

19/12/2016 - 7:10 am

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, está fuera de México, por lo menos desde principios de noviembre, afirmó su abogado en un escrito presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que el diario Reforma tuvo acceso. El pasado 13 de octubre, el priista pidió licencia como Gobernador y luego de despedirse utilizando un helicóptero del Gobierno estatal, no se volvió a saber de él. A finales de noviembre, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula en posesión de dos pasaportes falsos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías.

El Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, ahora prófugo, ha sido puesto en el centro de atención por parte del Gobierno y el PRI. Foto: Cuartoscuro
El Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, ahora prófugo, ha sido puesto en el centro de atención por parte del Gobierno y el PRI. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, se encuentra fuera del país desde principios de noviembre, afirmó su abogado en un escrito fechado el 4 de noviembre y presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que el diario Reforma tuvo acceso.

“El señor Javier Duarte Ochoa se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones, es cierto, razón por la cual mi representado no puede comparecer de manera personal”, dice el escrito citado por el medio de circulación nacional y que se encuentra en el expediente 912/2016 que presentó su defensa, Juan Carlos Cajigas Lozano.

El pasado 13 de octubre, Javier Duarte pidió licencia como Gobernador y luego de despedirse utilizando un helicóptero del Gobierno estatal, no se volvió a saber de él.

Ese mismo mes, Duarte se convirtió en prófugo de justicia después de que un juez ordenara su detención por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga la creación de las diversas “empresas fantasma” ligadas con lavado de dinero y que obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte.

La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a su captura, la cual un juez federal ordenó el 18 de octubre por lavado de 439 millones de pesos y delincuencia organizada.

A finales de noviembre, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula en posesión de dos pasaportes falsos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías.

El actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, declaró a ese estado en “emergencia financiera”.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado desvíos por 35 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, y el mismo órgano estatal ha presentado denuncias por desvíos que suman 23 mil millones de pesos.

EX FUNCIONARIOS PROCESADOS

El pasado 12 de diciembre, un juez del estado de Veracruz dictó auto de formal prisión, que implica el inicio de un proceso penal, a cuatro exfuncionarios de la Administración de Javier Duarte, por supuestamente aprovecharse de su trabajo para beneficiar a un partido político.

“En su calidad de funcionarios públicos participaban en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información” sobre los padrones de beneficiarios de programas sociales, informó la PGR.

Asimismo, están acusados de incluir en dichos programas sociales a ciudadanos afines a ese partido político.

Los cuatro sujetos trabajaban en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz durante el mandato de Duarte (2010-2016), actualmente prófugo de la Justicia y expulsado en octubre del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La PGR señala que las actividades ilícitas se produjeron durante el periodo comprendido entre marzo y abril de 2013, cuando los funcionarios “asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río”.

Los puestos que entonces desempeñaban estas personas -identificadas únicamente como Ranulfo “N”, Felipe “N”, César “N” y Graciela “N”- eran los de delegado, subdirector de área, enlace de atención ciudadana y enlace operativo, respectivamente.

“Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral”, afirmó la PGR en su comunicado.

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