El principal problema que las mujeres mexicanas perciben en su entorno y en su vida cotidiana es la violencia, sexual, física, sicológica, emocional, según revela la última encuesta realizada por la consultora Enkoll para el diario El País y para W Radio.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Para fortalecer el marco legal que establece condiciones más justas para la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, el pasado jueves 15 de noviembre del 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
El principal problema que las mujeres mexicanas perciben en su entorno y en su vida cotidiana es la violencia, sexual, física, sicológica, emocional, según revela la última encuesta realizada por la consultora Enkoll para el diario El País y para W Radio, publicada el jueves 7 de marzo del 2024. El 29 por ciento de las entrevistadas se queja de esta calamidad y el 93 por ciento de las afectadas considera que ese problema es muy grave en nuestro país.
El reformado Artículo Cuarto constitucional reitera que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La ley debe proteger la organización y el desarrollo de las familias. El Estado está obligado a garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Y agrega, en términos imperativos:
“Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. La ley definirá las bases y modalidades para garantizar su realización”.
Por iniciativa de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, al Artículo 21 constitucional se le hizo un agregado importante:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Cuarto de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
El 48 por ciento de las mujeres entrevistadas en la encuesta de Enkoll señala que en el algún momento de su vida fue objeto de acoso o agresión sexual y el escenario de las afectadas abarca todas las generaciones, desde niñas de 14 años hasta personas de la tercera edad. El problema es muy grave, considera el 93 por ciento de las mujeres afectadas.
El segundo delito del fuero común más frecuente en los estados de la República es la violencia familiar y en tercero, las lesiones. Estos dos últimos suelen ir vinculados. Lo preocupante es que con respecto a los delitos de los cuales son víctimas las mujeres, la mayoría de las fiscalías del país no muestran un especial interés por atenderlos, según los resultados que arroja el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las 32 fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República, entre el 26 de junio y el 4 de octubre del 2023. Este informe fue publicado el lunes 7 de octubre del 2024.
Por eso se establece en la reforma al Artículo 116 constitucional que se hace extensiva a los gobiernos de los estados de la República la obligación de proteger los derechos de las mujeres: “Para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres”.
Sin embargo, no todas las fiscalías del país cumplen con sus responsabilidades de garantizar a las mujeres unja vida libre de violencia y tampoco hay certeza de que quienes cometen abusos y violencia contra las mujeres puedan ser castigados.
Pero algo ha cambiado en la percepción de la población femenina, y en gran medida se debe a la enorme repercusión que tienen las redes sociales en la difusión de conductas violentas contra las mujeres, pues el 69 por ciento de las entrevistadas en la encuesta de Enkoll considera que con respecto a la situación que prevalecía en el país hace cinco años, actualmente es más probable que se castigue a quienes cometen acoso o abuso sexual. También hay un nuevo ánimo de seguridad y empoderamiento en las mujeres.
Por otra parte, en el Artículo 41 de la Constitución General de la República se advierte que “los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y Municipios, deberán observar el principio de paridad de género”.
La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República y la presencia de 12 mujeres gobernadoras y una jefe de gobierno de la Ciudad de México representan un cambio muy profundo en México. La misma relevancia tiene el hecho de que en la Cámara de Diputados de la Federación y en el Senado de la República, exista una paridad plena entre hombres y mujeres. Hay 250 diputadas mujeres e igual número de varones en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mientras que en la llamada Cámara Alta 64 escaños pertenecen a mujeres e igual cantidad a varones. Es fenómeno, de una mayor representatividad de mujeres también se experimenta ya en algunos congresos estatales. En 2022 los Congresos Estatales se integraron por 1099 legisladores, de los cuales 1043 estaban activos: 45.6 por ciento hombres; 54.2 por ciento mujeres y 0.2 por ciento no binario.
En el decreto de reformas constitucionales se establece plazos: El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico correspondiente en un plazo que no excederá de 90 días a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas. Estas reformas tendrán que realizarse, a más tardar, el jueves 13 de febrero del 2025. En tanto que se señala que las entidades federativas deberán armonizar el marco jurídico correspondiente en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Este plazo se cumple el viernes 22 de agosto del 2025.
