El actual sexenio, al que le queda un año por concluir, ha sido marcado por una brecha significativa entre las expectativas iniciales en políticas de derechos humanos y los resultados concretos obtenidos. La falta de avances significativos en casos emblemáticos como Ayotzinapa y las tensiones entre las comisiones de la verdad, y el GIEI con la Secretaría de la Defensa Nacional, acusada de negar y ocultar información crucial, han afectado negativamente al Acceso a la Verdad, señalaron expertos y colectivos de búsqueda.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Las altas expectativas que rodearon la consolidación de comisiones especializadas para buscar la verdad y la justicia, así como para la atención de las víctimas y la crisis de desaparición, se confrontan por la realidad. Los esfuerzos y avances en la búsqueda de justicia se han visto limitados y difuminados por resistencias y obstáculos derivados de usos políticos en el sistema judicial y la presencia del poder militar, lo que hace prever que esa será la gran deuda del actual Gobierno.
La exigencia de verdad, justicia y reparación del daño retumbaba durante el 2018 en el país. El Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, marcado por la simulación, violaciones a derechos humanos y mentiras históricas, salía entre reproches y las exigencias de miles de familiares de personas desaparecidas que reclamaban la búsqueda y localización de sus seres queridos.
La llegada de un nuevo Gobierno renovó ligeros bríos entre colectivos de búsqueda de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos ante el primer Presidente de izquierda en la historia reciente de México, que prometía un cambio: disminuir la violencia, lograr la pacificación y una “reconciliación nacional”.
El actual sexenio, al que le queda un año por concluir, ha sido marcado por una brecha significativa entre las expectativas iniciales en políticas de derechos humanos y los resultados concretos obtenidos. En el horizonte inicial, se generaron altas expectativas en torno a la implementación de medidas de justicia transicional, incluyendo la promesa de establecer una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad y un enfoque específico en la justicia transicional.
Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos difirió significativamente de estas proyecciones. Aunque se arrancó con la intención de promover la verdad, la justicia y brindar una atención efectiva a todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, se observó un énfasis sólo en determinados casos, y la justicia y el esclarecimiento de la verdad en términos más amplios no se consolidó.
El experto en derechos humanos Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM), dijo en entrevista con SinEmbargo que, a pesar de algunos avances en economía, programas sociales, derechos salariales y laborales (que también son temas en materia de derechos humanos), el balance del sexenio en cuanto a justicia y verdad es negativo.
“Dentro del análisis de política pública del actual sexenio, el tema de justicia y desaparecidos en México es el punto más flaco sin duda. Porque la economía va bien, también hubo una buena política salarial que supone derechos económicos y sociales; también hubo, más o menos, una buena política en términos de formalizar los empleos; hubo un buen desempeño en los programas sociales que todos esos puntos siguen siendo de derechos humanos, en esos hay resultados. Hay cosas que podemos decir que salieron razonablemente bien, pero en lo que tiene que ver con justicia, –en términos de la procuración de la justicia y reconstruir el sistema de fiscalías y policías– con verdad y desmilitarizar al país, en esas no hay nada que festejar, no hay prácticamente ningún resultado”, expresó el experto.
Yolanda Morán, representante del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, dijo que hay una profunda preocupación de las familias de desaparecidos ante la aparente desatención y desinterés por parte del Gobierno actual en México.
“Nosotros como familias de desaparecidos pensamos que es terrible que para el Gobierno hay un ‘ya se acabó ese tema de desaparecidos’. Para el sexenio, ya se terminó. Empezamos a ver que va descendiendo el interés y este tema (los desaparecidos) va creciendo cada día […] entonces, estamos muy mal en ese tema. Reprobado el Gobierno que está en este momento y no pongo nombres porque en lo que me preguntes están reprobados,”, señaló.
Daniel Vázquez agregó que, a pesar de las altas expectativas generadas en 2018 sobre la justicia transicional y el esclarecimiento de los casos y la atención trasversal a la desaparición en México, el enfoque se limitó desde el principio a cuatro instituciones clave: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía y la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El especialista destacó que, pese a la relevancia de estas áreas, la gestión se vio afectada en algunos casos por mala administración y, principalmente, por la obstaculización de las fuerzas armadas.
AYOTZINAPA
En el caso Ayotzinapa, con la llegada de la Cuarta Transformación, la investigación dio un giro. Se dio apertura para que el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) regresaran a seguir investigando el caso.
Si bien los padres y madres de los normalistas han reconocido la voluntad del Presidente López Obrador para esclarecer el caso, su principal demanda aún es saber qué pasó con sus hijos, dónde están y encontrarlos. En este sentido, el tema del Ejército ha sido motivo de discordia, debido a las resistencias, denunciadas por los expertos y padres, que las fuerzas militares han tenido para entregar información.
La investigación ha oscilado entre avances y retrocesos. Inicialmente se creó una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), un cuerpo autónomo e independiente que prometía avances significativos.
Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, después de 2019, esta autonomía e independencia se vieron socavadas, especialmente a partir de 2021 y finales de 2022, el objetivo se volvió menos claro. La Unidad enfrentaría diferencias con el Fiscal Gertz Manero y vino la salida de Omar Gómez Trejo, debido a que la FGR obstaculizó el trabajo y porque le dieron indicaciones a quien se debía detener y cómo iban a cerrar el caso. Según se denunció, le pidieron realizar, de manera anticipada, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, cuando el Fiscal les señalaba que necesitaban fortalecer la investigación para judicializar la causa penal contra el exprocurador.
“Esas instrucciones, según lo expresó el propio Omar Trejo, rompían la lógica de la investigación, porque si bien tenían pensado detener a Murillo Karam, no estaba pensado detenerlo sin una investigación fortalecida, que en ese momento no existía […] Entonces Murillo Karam estaba entre las personas que estaban siendo investigadas, pero lo que Gómez Trejo pidió fue simplemente tres meses más de investigación, pero ese periodo no se lo quisieron dar, y entonces, otro error: no hubo una comunicación entre Gertz Manero y el Presidente respecto a que la fiscalía del caso Ayotzinapa, encabezada por Omar Gómez Trejo, no se negaba a detener a Murillo Karam, sino que se requería un poco más de tiempo para fortalecer esa carpeta de investigación”, relató Daniel Vázquez en entrevista.
El GIEI también se retiró del país, entre lamentaciones y denunciando obstaculización de la investigación. El pasado mes julio, los dos integrantes restantes, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, lamentaron que no pudieran continuar su trabajo en el esclarecimiento del paradero y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a la falta de transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acceder a documentos importantes para la investigación.
“Y en ese marco, pues lo que sucede de forma totalmente inesperada, se cayó la Comisión de la Verdad y la Fiscalía especializada de Ayotzinapa por una dinámica, entre otras cosas, de control político, de uso político, de la justicia y, entonces, hoy lo que vemos en esa fiscalía es el control absoluto del Presidente sobre la fiscalía”, consideró Daniel Vázquez.
La respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha centrado en proteger al Ejército. En la conferencia matutina del pasado 20 de septiembre, defendió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), acusando a organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), de querer “manchar” y “descalificar” la investigación que realiza el Gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
Daniel Vázquez señaló que otra de las piezas fundamentales en las promesas de justicia del Gobierno fue la recuperación y reinauguración de las comisiones de búsqueda, encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, esta iniciativa sufrió un duro golpe cuando la Comisionada Karla Quintana tuvo que dejar el cargo por presiones.
El pasado 23 de agosto, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, presentó su renuncia “inmediata e irrevocable” al cargo a través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una nota publicada por Proceso señalaba en ese momento que la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda se debía a diferencias sobre el censo para verificar personas desaparecidas en México, ya que se indicaba que Karla Quintana habría sido relegada del proceso, participando la Secretaría del Bienestar y que el registro era para “rasurar” el número de personas desaparecidas.
“Eso también de cierta manera sufre un fuerte golpe cuando a la Comisionada Karla Quintana le encargaron, entre otras cosas, un registro confiable de cuántas son las personas desaparecidas. Ella hizo y, como muchas veces sucede con las grandes calamidades, como es el caso de México, el registro no gustó al Gobierno porque marcaba un alto número de personas desaparecidas y también marcaba el proceso de crecimiento de personas desaparecidas en el actual sexenio, e independientemente de que sí hay algunos motivos para dudar del proceso, en específico del crecimiento de cifras desaparecidas, pero por lo menos había cierta fiabilidad”, expresó Daniel Vázquez.
Sin embargo, detalló Vázquez, “frente a la intención política de cerrar el sexenio con buenos números, menos que los del sexenio de Felipe Calderón o con el que tenía Enrique Peña Nieto, pues ahí se empezó a caer la Comisión Nacional de Búsqueda”.
El pasado 7 de noviembre, Karla Quintana confirmó que su renuncia se debió a diferencias sustanciales en cuanto a la forma y la finalidad del proceso de actualización del Censo de Personas Desaparecidas, ya que en dicho proceso se involucra personal de la Secretaría de Bienestar sin especialización, con falta de transparencia y, lo más grave, dijo, se está realizando con la intención de “reducir” el número de registros de personas desaparecidas.
“Esta renuncia se produjo debido a diferencias sustanciales, tanto en términos de forma como de los objetivos y finalidades de la actualización del registro de personas desaparecidas y el censo en curso […]. Siempre se ha dicho que la búsqueda es un asunto de Estado, y nadie está en contra de la actualización del registro. El problema radica en que este proceso no está siendo liderado por las autoridades especializadas y se añade la intención de este ejercicio, que no es actualizar la información, sino reducir la cifra de personas desaparecidas en este Gobierno, lo cual es muy claro”, indicó la extitular de la CNBP.
Yolanda Morán destacó que la desarticulación de figuras clave, como Karla Quintana, quienes formaban parte del equipo operativo especializado en el tema de personas desaparecidas, sugiere que el compromiso inicial del Presidente, de hacer del tema de desaparecidos una prioridad para su sexenio, está siendo dejado de lado.
“Ahorita con lo que quiere hacer de los registros, el que quieran borrar y bajar las cifras de desaparecidos, […] son cuestiones de que cada vez vamos más mal”, expresó en entrevista Yolanda Morán.
El 23 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sin embargo, su nombramiento ha sido severamente cuestionado por organismos de derechos humanos y principalmente por colectivos de búsqueda.
Los Consejos Ciudadanos de Búsqueda pidieron el pasado 31 de octubre, la revocación del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y demandaron que se reponga el proceso, pues acusaron que no se transparentó ni se optó por un perfil con experiencia especializada.
“La designación de la nueva titular de la CNB se llevó a cabo mediante un proceso simulado donde sólo se permitió a las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y expertos postular candidaturas, sin transparentar los resultados”, denunciaron los consejeros.
Asimismo, calificaron de “inconcebible” que se haya optado por el nombramiento de “una persona con un perfil político, no técnico, sin experiencia y un nulo conocimiento y dominio del bloque normativo nacional e internacional sobre desaparición, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como aspectos en materia forense”.
La representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos calificó esta elección como una ofensa y violación a la ley, ya que coincidió en denunciar que no se realizó una convocatoria adecuada.
“Nos ponen oficialmente a la Maestra Teresa, o sea, no tengo nada en contra de la Señora. Sabemos que tiene capacidad, es inteligente, pero desconoce mil por ciento el tema de desaparecidos. Eso para nosotros es una ofensa que nos traigan a alguien para aprender y no a avanzar, entonces están desmantelando todo”, dijo.
Sin embargo, el experto en derechos humanos abundó: “Pero la CNB no solamente se cayó ahí, también tenemos el gran problema de que, si bien se reinauguraron las comisiones y se les dotó de un montón de infraestructura, también es cierto que no están dando los resultados esperados. Entonces, el gran punto es que no estamos encontrando a los desaparecidos. De poco nos sirve decir se gastaron tantos millones de pesos, se contrataron tantos cientos o miles de personas, se invirtió tanto en recursos humanos, en recursos económicos, en recursos materiales, si la consecuencia de eso no es una mayor capacidad de búsqueda, no es decir que efectivamente están encontrando a más personas desaparecidas. […] no están encontrando a más personas desaparecidas, porque en donde no se hizo una apuesta sólida es precisamente el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad, que es donde tenemos la mayor cantidad de información de dónde se encuentran las personas”.
Yolanda Morán expresó su preocupación por iniciativas que podrían reducir las cifras de desaparecidos y la salida de figuras como Omar Gómez, quien habría sido presionado para desmentir hallazgos relevantes.
“Efectivamente, Karla (Quintana) ya se fue. Todo el equipo operativo que ella tenía, que conoce lo de los registros, que conoce todo lo que es el tema de desaparición, ya no está. El Subsecretario Alejandro, también ya se fue. También los que investigaban a fondo lo de Ayotzinapa. Creemos que realmente se está ya deshaciendo el señor Presidente de este compromiso que desde un inicio nos hizo las familias de desaparecidos. Dijo que iba a ser un tema prioritario, pero ¿cómo está eso si ya nos está dejando blanco?
EL MEH
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) es otro organismo que también ha enfrentado obstáculos.
“La última que nos queda es el Mecanismo de Esclarecimiento de Crímenes del pasado, y con ese mecanismo se encontró también que lo mismo que Ayotzinapa, es decir, con los límites de los militares”, expresó Vázquez.
El Mecanismo acusó públicamente la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, resguardada en archivos militares. En esa denuncia, señalaron que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, situación que fue incrementándose con el paso del tiempo.
Al respecto, el pasado 11 de octubre, Alejandro Encinas Rodríguez, siendo aún subsecretario de Derechos Humanos, dijo en una conferencia de prensa que investigadores del Mecanismo se retiraron el mes pasado tras descubrir que los funcionarios militares estaban ocultando, alterando y destruyendo documentos.
“Lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamientos y cero impunidad”, acusó.
En respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que si el Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos.
En referencia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), otra de las instituciones clave en las que se tenían puestas grandes expectativas, el experto Daniel Vázquez declaró que la institución “nunca terminó de arrancar porque se encuentra rebasada”.
Vázquez explicó que esta situación de sobrecarga es lógica, considerando que en México se cometen alrededor de 27 millones de delitos al año, afectando a aproximadamente 22 millones de víctimas. Detalló que la regulación actual de la CEAV permite la inclusión de víctimas de delitos penales, no sólo de graves violaciones a los derechos humanos, para que puedan acceder a recibir reparación.
El experto argumentó que esta ampliación en la inclusión de víctimas ha generado un número significativo de casos que supera las posibilidades de una institución con recursos limitados, como es el caso de la CEAV. Esta situación, según sus declaraciones, desborda la capacidad de la institución para proporcionar la atención necesaria a un amplio espectro de víctimas, resaltando la necesidad de abordar los desafíos estructurales y de recursos que enfrenta la CEAV en la actualidad.
Finalmente, en cuanto a todos los aspectos, el catedrático de la UNAM consideró que es el uso político de la justicia y las tensiones con el poder militar los que han socavado los esfuerzos, dejando al país sin resultados tangibles en términos de verdad y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Yo lo resumiría en dos: el uso político de la justicia y la tensión con el poder militar. Yo creo que esos son los dos principales. Hubo muchas, muchísimas expectativas en el 2018, pero se acotaron desde el inicio del sexenio a cuatro instituciones (Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas; la fiscalía y la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa; el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas). No obstante, incluso, esas cuatro áreas, en algunos casos, por mala administración, pero sobre todo por un uso político de la justicia y especialmente por los límites o los bloqueos o los obstáculos de los militares, el sexenio va a terminar prácticamente sin ningún resultado en términos de justicia y de verdad. […] En algunos casos estamos prácticamente igual que en el 2018. En otros, como es el caso de la militarización, estamos claramente peor.
Por su parte, Yolanda Morán también denunció la falta de atención por parte de las nuevas autoridades que han ingresado a la Secretaría de Gobernación, indicando que, desde la gestión de Adán Augusto Hernández, los nuevos titulares no se han presentado con los colectivos de búsqueda. La falta de diálogo y reuniones con el Presidente, a pesar de sus promesas anteriores, es un aspecto que la activista también señaló como un incumplimiento de compromisos.
“Estamos muy decepcionados de este Gobierno y he escuchado a muchos compañeros de búsqueda que dicen que la decepción es tan grande que va a tener costo”, agregó la madre buscadora.
