Ante la falta de respuesta oficial, extrabajadores portuarios de Veracruz, miembros del Sindicato de maniobristas, decidieron lanzarse a la protesta. Y aseguran que llegarán “hasta donde tope”.

Más de 500 exmaniobristas, carretilleros y checadores han decidido dar la batalla. Son los mismos que hasta 1991 vivieron años de gloria, hoy están en la desesperación absoluta porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin resolver el conflicto que padecen desde hace treinta años, cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó la requisa al puerto de Veracruz. Desde entonces están sumidos en la desgracia.

Hartos del silencio oficial, desde principios de semana tomaron las instalaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el jueves 18 hicieron lo propio con las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en protesta porque el Gobierno federal no atiende ni resuelve su petición de que les devuelvan propiedades y cuentas bancarias que perdieron en 1991.

Como se recordará, el Gobierno de Salinas –uno de los más corruptos de la historia– decretó una requisa en el puerto de Veracruz en 1991. Fue ésta una etapa de privatizaciones, negocios, saqueo y despilfarro. Las principales empresas estatales –Telmex, entre ellas– se privatizaron pese a que eran rentables.

Carlos Slim, el magnate de las telecomunicaciones, el hombre que más dinero ha ganado con la empresa Telmex y América Móvil, fue uno de los más beneficiados en el sexenio de Salinas y el expresidente también se benefició con la ola privatizadora que él impulsó mediante subastas públicas, un esquema que resultó corrupto.

El objetivo fue privatizar los servicios portuarios, pero todo aquello terminó en un gran negocio entre políticos y empresarios, pues Salinas de Gortari, el exgobernador Dante Delgado y Carlos Slim aprovecharon las circunstancias para apropiarse de las tareas portuarias que reditúan ganancias millonarias y en dólares. Ese fue el gran negocio.

La requisa fue, en estricto sentido, una medida para despojar a los trabajadores de su patrimonio, ya que los sindicatos que agremiaban a cientos de trabajadores, como el de estibadores, maniobristas y checadores fueron disueltos; a los obreros los despojaron de sus derechos laborales –actualmente piden una pensión que se les niega– y también les quitaron edificios, cuentas bancarias y la concesión de cien años para explotar las tareas portuarias.

A cambio de esta humillación laboral, como la llaman los afectados, Salinas creó tres empresas privadas que actualmente tienen a su cargo las maniobras en el puerto de Veracruz. Algunas de esas compañías tienen como socios a políticos. Se menciona con insistencia a Carlos Salinas como el principal beneficiario de ese negocio junto con Carlos Slim.

Debido a esta injusticia, aún no resuelta, los trabajadores decidieron emprender un movimiento de protesta para que el actual Gobierno “nos haga justicia”, pero resulta que, pese a que ya se ha demostrado la ilegalidad de la requisa ningún funcionario del Gobierno federal ha decidido resarcir los agravios que padecen los obreros portuarios. Y el Presidente asegura que “habrá justicia”, pero hasta ahora nada ha hecho al respecto.

“Tal parece que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere tocar los intereses de Carlos Salinas”, expresa Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal de los trabajadores maniobristas, carretilleros y checadores del puerto de Veracruz, quien tiene a su cargo la lucha legal desde hace varios años.

El abogado postulante sostiene que ha tocado decenas de puertas en el Gobierno federal y hasta ahora “no nos hacen caso”. Y pide al Presidente López Obrador que resuelva esta injusticia cometida por Salinas de Gortari.

–¿Crees que Salinas está protegido por el actual gobierno?– se le pregunta mientras le da un sorbo a su vaso con brandi.

–Nos parece muy extraño que el Gobierno no nos responda. El Presidente ha dicho que su Gobierno procura hacer justicia a los trabajadores afectados, como es nuestro caso, pero hasta ahora son puras palabras. Aún no vemos la justicia.

Añade:

“Hemos demostrado que la requisa fue un atropello de Carlos Salinas, pero nadie hace nada. Nosotros no queremos regresar a las tareas portuarias. Lo que queremos es que nos devuelvan nuestro patrimonio, los edificios que nos quitaron y nuestras cuentas bancarias, actualmente en poder del SAT, y que nos otorguen una pensión, pues nuestros derechos laborales fueron interrumpidos en 1991. Muchos de los viejos obreros carecen de pensión; otros han muerto anhelando ese derecho”.

Recientemente, el sindicato Primero de Mayo, encabezado por Leonel Noya, se adhirió a una organización internacional –la IDC–para tener apoyo fuera de México. Se planea empezar a realizar paros portuarios en varias terminales del mundo a fin de apoyar el movimiento de los obreros maniobristas.

Pulido Cueto ha tocado las puertas del SAT, Secretaría del Trabajo, Comunicaciones y Transportes, entre otras, con el fin de que “nos devuelvan nuestras propiedades y bienes”, pero ningún funcionario ha atendido las órdenes del Presidente López Obrador, asegura.

–¿Crees que hay órdenes de no atender su caso?

–No lo sé. Pero hemos dado muchas vueltas y no tenemos respuesta. Mi impresión es que no quieren tocar los intereses de Carlos Salinas.

–¿Por qué?– se le inquiere.

–Algo le deben, seguramente.

–Pero en este caso es un asunto de justicia laboral.

–Si, y el Presidente así lo ha dicho, pero una cosa es lo que él dice y otra muy distinta es lo que decide. No hay congruencia.

–Van a seguir con las protestas?

–Si, necesitamos a fuerzas una respuesta del Gobierno federal. No podemos terminar el año sin respuesta. Le pedimos al Presidente que nos haga justicia porque lo que nos hicieron es una acción impune que todavía no tiene castigo.

El movimiento obrero portuario ha tenido el apoyo de organismos internacionales. Pulido Cueto ha sostenido reuniones con distintos funcionarios federales. Todos les han dicho que el asunto se va a resolver, pero hasta ahora no ha pasado nada.

–¿Por qué crees que el presidente no resuelve?

–Por lo que te dije: es posible que López Obrador no quiere tocar los intereses de Salinas. Eso es una realidad. El jefe de la mafia del poder –Salinas– está muy bien protegido en el Gobierno de la Cuarta Transformación. Adentro del Gobierno eso se comenta y creo que hay muchas razones para que así ocurra.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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