“Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con Gobernadores y ex Gobernadores y vamos a seguir con esa línea”, expresó este martes Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dela Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17, los delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente de la República.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene abiertas dos investigaciones en contra de superdelegados estatales del Gobierno federal y de Gobernadores en ejercicio de funciones, declaró Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
En las inmediaciones de Palacio Nacional, Nieto Castillo afirmó que la dependencia a su cargo mantiene vigilancia directa sobre los funcionarios encargados de programas de bienestar denunciados ante la SFP.
“La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular”, comentó el funcionario federal.
Además, confirmó que se analizan eventuales casos de lavado de dinero relacionados con actuales gobernadores y ex mandatarios.
“Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores, y vamos a seguir con esa línea”, expresó.
El 24 de octubre pasado, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, reveló que existen 12 denuncias en contra de diez de los superdelegados.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, comentó la Secretaria durante su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 17, esos delegados tienen la encomienda de coordinar los programas, supervisarlos, siempre bajo el mandato directo del Presidente.
Sobre las cuentas bloqueadas por el combate al narcotráfico, Santiago Nieto afirmó que se han bloqueado 756 cuentas relacionadas con diversos cárteles, equivalentes a 800 millones de pesos.
INVESTIGACIÓN CONTRA RUIZ ESPARZA
Sobre la indagatoria iniciada contra Gerardo Ruiz Esparza, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que hay más funcionarios bajo la lupa.
“Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática”, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
No descartó que las investigaciones se estén realizando con miras en algún otro ex Secretario, pero descartó la posibilidad de dar datos “por el sigilo de las investigaciones”.
El 6 de noviembre la UIF anunció la investigación en contra de Ruiz Esparza, por posibles casos de corrupción con la constructora OHL, hoy Alética.
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, señaló el el titular de la UIF, Santiago Nieto, al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario añadió que en las indagatorias colabora la Secretaría de la Función Pública (SFP), y estas incluirían a funcionarios del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
El pasado 28 de octubre, medios nacionales informaron que el Ruiz Esparza, ex titular de la SCT con Enrique Peña Nieto, estaría en la mira de la UIF, por operaciones irregulares y otorgamiento de beneficios a empresas constructoras como OHL; así como desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos.
