Más de 100 académicos, periodistas y activistas, así como 42 organizaciones e instituciones, solicitaron al Senado de la República y al Presidente electo echar abajo los cambios aprobados en la Cámara de Diputados en los que se le otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad para regular y operar estaciones de radio y televisión.
Para los firmantes, “dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Un total de 42 organizaciones e instituciones, así como académicos, especialistas, periodistas y ciudadanos hicieron un llamado al Senado de la República y al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para echar abajo los cambios aprobados en la Cámara de Diputados en los que se faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular y operar estaciones de radio y televisión.
“La Secretaría de Gobernación NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión”, destaca el posicionamiento en el que piden “que se detenga esa contrarreforma”.
De acuerdo con los más de 140 firmantes, los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) determinan que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF).
Esto representa, señalaron, “un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información”.
Las 42 organizaciones e instituciones que suscriben el posicionamiento señalaron que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales.
“Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo”, aseguraron.
En el posicionamiento, firmado también por 103 académicos e intelectuales entre los que destacan Sergio Aguayo, Gabriel Sosa Plata e Irene Levy, se detalla que los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. Por lo que la participación de Segob en la regulación de los medios “es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato”.
Para los firmantes, “dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El retroceso en materia de medios públicos que representa la Minuta no es el único que aprobó el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, las organizaciones y activistas denunciaron que además se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del Gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables” (adición a la fracción I al artículo 8).
Esa facultad, señalaron, no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales. Esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuya autonomía y atribuciones constitucionales quedarían lesionadas con tal disposición.
“Hoy en día todos los medios públicos en México deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios”, advirtieron.
