La deuda pública del Gobierno de Puebla ha permanecido en la opacidad y, oficialmente, se muestra como una de las bajas del país. Sin embargo, en la medida que el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se extingue en esa entidad, han comenzado a saltar cifras con miles de millones de pesos. Como sucedió en Coahuila, en el Gobierno de Humberto Moreira Valdés, el Gobernador poblano presume una cifra y las consultorías y calificadoras de riesgo hablan de otra que es mucho mayor. Uno de los hilos que comienzan a desatar la madeja de ese entramado financiero en la entidad apunta a Evercore, empresa de Pedro Aspe Armella que administra recursos de ese estado y, además, a funcionarios públicos de primer nivel en la Secretaría de Hacienda que, antes trabajaron para Aspe: Luis Videgaray Caso, el ahora ex titular de la dependencia hacendaria; Fernando Aportela, hoy Subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, quien se desempeña como Jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de Hacienda.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Al abogado y académico Rodrigo Díez Gargari, que investiga el tema de la deuda pública de los estados, le llamó la atención el vínculo de diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la firma Protego-Evercore, del ex Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella y que por años se ha dedicado a “reestructurar” precisamente este tipo de pasivos.
El ahora ex Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, por ejemplo, fungió como director general fiduciario de Evercore hasta antes del inicio del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y su nombre aparece en la documentación que forma parte del Fideicomiso 144, firmado el 29 de noviembre de 2012 con el Gobierno de Puebla, para tener un “mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.
Y la hasta hoy titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Marcela Andrade Martínez, trabajó como subdirectora de Evercore también hasta noviembre de 2012.
Por esas relaciones, Díez Gargari presentó en septiembre pasado una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda para conocer “la lista de todos los proyectos de financiamiento, refinanciamiento o reestructura de la deuda estatal en la que haya participado” cada uno de estos funcionarios, incluyendo nombre del estado y monto de la operación.
“Le aclaro que me refiero a todas las asesorías que brindó Protego, S. A. (o Evercore) para endeudar a los estados, y que el término deuda se deberá entender en los términos más amplios, tal como lo dispone la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dicen la solicitudes enviadas por el abogado vía sistema Infomex y que incluyeron una similar para el entonces aún Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también ex empleado de Protego hasta 2005.
Conocer en qué casos de endeudamiento de las entidades federativas participaron desde el ámbito privado, dice Díez en entrevista, permitiría saber si una vez como servidores públicos enfrentaron o, como en el caso de Andrade, aún podrían enfrentar, potenciales conflictos de interés al participar en los “rescates” financieros de los mismos estados.
Hacienda, sin embargo, le respondió al peticionario no haber encontrado información en sus archivos sobre estas relaciones y, también, que eran datos anteriores al periodo en el que los mencionados habían asumido el servicio público.
Sobre Evercore, SHCP respondió que “los ordenamientos legales que regulan la inscripción de las obligaciones de los estados en Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (…) no establecen como requisito presentar a esta Unidad Administrativa la documentación relativa a quiénes son los asesores que participan en los proyectos de financiamiento, refinamiento o reestructura de la deuda estatal”.
El abogado Díez Gargari, en cuyo despacho se representa por separado a la empresa Infraiber en su disputa contra la constructora española OHL, explica en la entrevista que la solicitud es una continuación de la investigación que el año pasado publicó con el título de “El Régimen de Deuda Pública local a la luz de las decisiones del poder Judicial de la Federación”.
De ella es parte también la solicitud de información gestionada ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, que sólo después de dos años de recursos le entregó una copia del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número 144, firmado entre Evercore y el Gobierno de Puebla.
Por eso, dice en entrevista con SinEmbargo, ante la negativa de Hacienda de revisar cada Fideicomiso estatal de reestructura para saber en cuáles participó Evercore, lo que hará en la semana próxima será dirigir una solicitud de información a Marcela Andrade, única de los tres que queda en la SCHP y quien, además, encabeza la relación con las entidades federativas.
“Vemos esta conexión”, dice Díez en entrevista. “Una vez, durante las discusiones Y lo más grave es que estas personas podrían estar revisando estas deudas públicas, lo cual es un conflicto de interés; es como auditarme yo solo. Entonces, como ella estaba en Protego-Evercore, la pregunta específica es, si cuando trabajaba ahí, se realizaron proyectos de refinanciamiento en estas deudas públicas”, agrega.
La solicitud, explica, será con base en el derecho de petición garantizado por el artículo Octavo Constitucional y, también, será dirigida a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.
“Lo grave es que vienen estos rescates financieros, a estados como Veracruz o Chihuahua”, agrega.
Chihuahua, que es uno de los estados más endeudados de acuerdo con el registro de la SHCP, contó desde noviembre de 2013 con una “reestructura” realizada por Evercore, la cual le permitió al ex Gobernador priísta César Duarte Jáquez obtener préstamos por hasta 19 mil 725, casi la mitad del total que debe el estado a la fecha.
En días pasados, el nuevo Gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo del panista Javier Corral Jurado, reportó que la administración anterior incumplió términos del Fideicomiso de reestructura de Evercore y elevó el déficit del estado a más de siete mil millones de pesos.
PUEBLA DEBE CASI TRES VECES MÁS
En Puebla, ha explicado Díez Gargari, el Fideicomiso que administra Evercore le permitió al Gobernador panista Rafael Moreno Valle, después de una serie de modificaciones legales, construir obras, comprometer ingresos estatales hasta por 30 años y, al final, mantener sin aumento el registro de su deuda pública ante la SHCP.
La Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, reportó en agosto pasado haber encontrado que a los más de 500 mil millones de pesos de deuda que acumulaban hasta 2015 las 32 entidades federativas, según el conteo del Gobierno federal, hay que sumar otros 50 mil 464 millones de pesos formados por pasivos garantizados con fondos diferentes a las participaciones federales.
Y, en primer lugar de pasivos no contados por Hacienda: el Estado de Puebla, con 8 mil 608 millones de pesos de deuda registrados ante el Gobierno federal pero, en total, 24 mil 655.2 millones de pesos en “obligaciones financieras”; es decir, casi tres veces más, o 16 mil 46 millones de diferencia.
“La ASF realizó una comparación entre el saldo registrado en los reportes trimestrales de la SHCP denominados Indicadores de Obligaciones y el reportado en cada una de las cuentas públicas estatales”, dice la ASF en una revisión sobre la deuda pública subnacional incluida en su Informe de Avance de Gestión Financiera, de agosto pasado.
“Al cierre de 2015, se observó una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos; destacan Puebla (16 mil 46.5 millones) y Michoacán (13 mil 941.1 millones), los cuales concentraron el 59.4 por ciento de dicha diferencia. Lo anterior, debido a que las entidades y los municipios sólo están obligados a inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (ROEEM) las obligaciones garantizadas con participaciones y aportaciones federales, se excluyen los pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”, agrega el documento.
Por el salto en el endeudamiento ante la Secretaría de Haciendaen el último año del sexenio del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés –cuando aumentó de ocho mil 267 millones de pesos a 36 mil 507 en 2011–, el también ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido usado como ejemplo por críticos de Moreno Valle para alertar sobre la creciente deuda pública de los poblanos.
Moreira, de acuerdo con entrevistas que dio a inicios del sexenio de Peña Nieto, argumentó que la deuda –garantizada con recursos federales– se disparó cuando él ya era Presidente del PRI y en Coahuila gobernaba su interino.
En Puebla, una modificación a la Ley de Deuda Pública estatal ha permitido a Moreno Valle asumir pasivos para la construcción de obra y que, gracias al cambio legal, dejaron de llamarse “deuda” para convertirse en “proyectos de prestación de servicios”.
Pero cualquier compromiso financiero es deuda, insiste Díez Gargari, con lo que coincide el reporte de la ASF: “Es importante considerar todas las obligaciones y financiamientos de las entidades federativas, debido a que, como se observa (…), el concepto Otros Pasivos concentró el 25.5 por ciento del total de las obligaciones financieras”, dice.
La misma revisión de la ASF encontró que el Estado de Chihuahua registró un nivel de endeudamiento ante la SHCP, por más de 42 mil millones hasta 2015, superior al reportado en sus cuentas públicas estatales, que sumaba sólo 30 mil millones de pesos, por lo que hubo también una diferencia de 12 mil millones 91 millones.
