Este miércoles, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa para reformar el actual esquema de combate a la corrupción: busca crear la –ya famosa y tantas veces anunciada– Comisión Nacional Anticorrupción.
En la presentación, el propio Presidente electo dijo que con esta propuesta da cumplimiento al primer compromiso que hizo durante su campaña. La intención es que “el gobierno actúe con mayor eficacia en combatir las faltas administrativas y las conductas de corrupción que se viven, lamentablemente, en los distintos niveles de gobierno”.
La iniciativa pretende que la Comisión reemplace a la Secretaría de la Función Pública. El nuevo órgano contaría con plena autonomía –cosa que no sucede actualmente– y su tarea estaría enfocada a “prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral”; en determinados casos, también podría conocer de asuntos de corrupción del ámbito estatal y municipal.
Es decir, esta nueva instancia tendría facultades para fincar responsabilidades a funcionarios públicos –de todos los niveles– así como a los particulares que estén involucrados en asuntos de corrupción.
La propuesta –que incluye muchos más puntos, algunos bastante técnicos– resulta muy interesante y tomada con seriedad podría ser un avance importante en el combate a la corrupción en México. Sin embargo, hay que poner el foco en dos cuestiones que resultan fundamentales, y que en la iniciativa, o se plantean de forma errónea o se dejan de lado.
La primera tiene que ver con el sistema para nombrar a los comisionados que van a dirigir la labor del órgano anticorrupción. La iniciativa priísta pretende que sean designados por el Presidente, y que el Senado solamente los pueda objetar, por mayoría calificada. En este punto, si en verdad se pretende que la Comisión sea autónoma, hay que implementar un método de nombramiento diferente, con mayor participación del Poder Legislativo (y no dándole tanta preeminencia al Ejecutivo).
De igual manera, el órgano encargado de combatir la corrupción debería tener facultades para poder acusar directamente a una persona, cuando considere que cometió un delito relacionado con actos de corrupción. Que lo hagan las procuradurías –tal y como ocurre actualmente y así lo propone el Presidente electo– es un error. Mientras el Ministerio Público no sea autónomo, esto significa que el mismo gobierno perseguiría a uno de sus miembros. El resultado final ya todos lo conocemos.
En resumen, creo que es una propuesta bastante sugestiva –mucho mejor de lo que ahora tenemos–, pero en la que los legisladores deben trabajar y hacerle correcciones de fondo. No es perfecta –de hecho está lejos de serlo– pero significa un avance importante en un tema –el de la corrupción– en el que los gobiernos de la alternancia nos han quedado a deber, y mucho.
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