De 2015 a la fecha, al menos, 16 agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, han sido señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, algunos de ellos ya fueron sentenciados, sin embargo, se desconoce hasta qué punto el crimen organizado se ha logrado infiltrar en el organismo encargado de combatir el trasiego de drogas en ese país.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Mientras se lanzaba contra el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrados, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) enfrentaba escándalos por corrupción con, al menos, 16 de sus agentes involucrados en actividades que dicen combatir. En el último de estos casos, por ejemplo, se sentenció a un agente que protegía a narcotraficantes.
El pasado 10 de octubre, un exagente de la DEA en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, fue declarado culpable de corrupción después de un segundo juicio por acusaciones de usar su puesto para proteger a narcotraficantes. El jurado declaró a Joseph Bongiovanni, de 60 años, culpable de siete de los 11 cargos que enfrentaba.
La fiscalía dijo que, durante al menos una década, Bongiovanni protegió a amigos de la infancia que se convirtieron en vendedores de droga y a otros sospechosos que tenían vínculos con el crimen organizado al darles aviso sobre investigaciones y falsificar reportes de la DEA. Fue acusado de recibir al menos 250 mil dólares en sobornos que, según la fiscalía, utilizó para adquirir artículos de primera necesidad, así como viajes y otros lujos.
“Este jurado determinó que era un agente federal corrupto”, dijo el Fiscal federal adjunto Joseph Tripi en una rueda de prensa tras el veredicto, “y violó su juramento y su deber para proteger a aquellos a los que debería haber investigado y detenido”.
El caso arroja una luz negativa al proceso de supervisión de agentes de la DEA, en medio de una serie de escándalos de corrupción en la agencia.
Bongiovanni es uno de, al menos, 16 agentes de la DEA que han sido acusados de cargos federales desde 2015. Muchos de los casos derivaron en sentencias de prisión, entre ellos los de dos exsupervisores de la DEA sentenciados en un escándalo de sobornos en Miami relacionado con la revelación de información de inteligencia a abogados defensores.
Bongiovanni fue declarado culpable de cuatro cargos de obstrucción a la justicia, así como de uno de asociación delictuosa para defraudar a Estados Unidos, asociación delictuosa para distribuir sustancias controladas y hacer declaraciones falsas a la policía. Aunque el jurado lo absolvió de un cargo de soborno, y de cargos de fraude, conspiración y obstrucción, el abogado de Bongiovanni, Robert Singer, dijo que apelaría.
En enero de 2023, el organismo de control del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un director regional de la DEA —que supervisaba a agentes en México, América Central y Canadá—, había sido descubierto haciendo uso indebido de fondos de dicha agencia, para adquirir artículos para su fiesta de cumpleaños, así como “artículos no permitidos” durante viajes del “máximo responsable de la agencia”.
La Oficina del Inspector General indicó, de manera oficial, que el director fue “destituido de la DEA” a raíz de una segunda investigación, pero no reveló el nombre del funcionario federal. Sin embargo, el propio Nick Palmeri reveló al The Washington Post, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, que el comunicado se refería a él, Además, hizo una anotación: “afirma erróneamente que fui removido de la DEA”.
En un intento por justificarse, Palmeri también dijo al rotativo estadounidense que su salida “debería considerarse como una jubilación forzosa” y que la investigación sobre sus gastos se usó como “parte de una narrativa mal concebida para apartarme de mi puesto”, por una disputa interna en la agencia.
La periodista Mary Beth Sheridan, corresponsal para México y Centroamérica del diario estadounidense The Washington Pos dio a conocer que la oficina en México de la DEA “estuvo en crisis durante más de seis meses con un director llamado a Washington mientras los investigadores indagaban su conducta, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores”, así lo reportó la comunicadora.
Palmeri es un exoficial de Policía de Nueva York que logró ocupar un alto cargo en la oficina de la DEA, “era conocido como un investigador talentoso”, que comenzó como director regional en la Ciudad de México a principios de 2020, pero cuando la agencia recibió “informes de supuesta mala gestión en la oficina de México, en junio de 2021, se ordenó a Palmeri que regresara a Washington mientras los investigadores indagaban las acusaciones”, reveló el WP.
En el resumen del informe publicado el 26 de enero de 2023, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el director regional había usado fondos de la DEA destinados a reuniones profesionales para una actividad inapropiada: su propia fiesta de cumpleaños. Asimismo, señaló que Palmeri aprobó el pago de “artículos no permitidos” durante viajes, recurriendo a fondos que se suponía que se utilizarían para investigaciones delicadas de drogas.
“La oficina del inspector general decidió no buscar un proceso penal, dijo en su comunicado. Pero la DEA había abierto una segunda investigación sobre varias otras preguntas, incluso si Palmeri tenía relaciones indebidas con los abogados defensores de los narcotraficantes, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores con conocimiento de la investigación”, narró el WP.
En febrero de 2020, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) arrestó a José Irizarry, un destacado agente federal antinarcóticos de Estados Unidos conocido por su afición a los autos de lujo y la joyería, y a su esposa Nathalia Gómez Irizarry, en su casa ubicada cerca de San Juan, Puerto Rico, de acuerdo con un funcionario policial al tanto del caso.
Fiscales federales de Tampa, Florida, acusaron a Irizarry de “utilizar secretamente su posición y su acceso especial a la información” para desviar millones de dólares de ganancias de las drogas para que no fueran incautados por la DEA, de acuerdo con un acta de acusación. Además, alegaron que la asociación delictuosa no sólo enriqueció al agente, sino que benefició a dos cómplices que no han sido acusados y que no son nombrados en el acta.
Se trata de un funcionario público de Colombia, mientras que el otro es descrito como el líder colombiano de una organización de narcotráfico y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015. En ese entonces, el exagente laboraba en la ciudad de Cartagena, lo que creó inquietudes dentro de la DEA de que la asociación delictuosa pudo haber comprometido operativos encubiertos y trastocar casos penales.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Irizarry y a su esposa de desviar, durante siete años, alrededor de nueve millones de dólares que estaban destinados a invertirse en investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la Agencia Antidrogas, por lo que en diciembre de 2021 fue sentenciado a 12 años de prisión por un tribunal de Florida, luego de que un año antes se declaró culpable de 19 cargos que había en su contra.
En noviembre de 2023, dos exagentes de la DEA, Manny Recio y John Constanzo Jr., fueron hallados culpables de filtrar información confidencial, misma que llegaba a manos de los abogados de presuntos narcotraficantes. Según las investigaciones, a petición de Recio, Costanzo consultó en varias ocasiones la base de datos confidencial de la DEA en busca de nombres que estuvieran relacionados con investigaciones federales.
Los documentos judiciales indican que, a principios de 2019, bajo la dirección del FBI, se grabaron conversaciones en las que Recio, así como con Luis Guerra, abogado de Miami, discutieron el reclutamiento de personas ligadas con las investigaciones de la DEA, utilizando información confidencial supuestamente proporcionada por Costanzo. Recio ya se había retirado de la DEA y trabajaba como investigador privado con Guerra y David Macey, otro abogado.
Recio es señalado en la acusación de hablar cientos de veces por un celular desechable que le compró a Costanzo para supuestamente coordinar búsquedas ilegales en bases de datos criminales, información que sería de interés a sus clientes. A cambio, Recio supuestamente transfirió 73 mil dólares en compras a Costanzo, incluidos boletos de avión y el pago inicial de un condominio, ubicado en Coral Gables, Florida.
Los fiscales encargados del caso detallaron que en la trama también estaría involucrado el padre de Costanzo, un agente jubilado de la DEA, quien habría mentido al FBI. Asimismo, añadieron, también estuvieron bajo escrutinio conversaciones entre Recio y Costanzo sobre planes confidenciales de la DEA en 2019, en las que se planeaba el arresto de otro presunto criminal, a quien Recio y sus socios consideraban como otro cliente potencial.
– Con información de AP y Zeta
