La falta de documentación oficial sobre el número de guatemaltecos que trabajan en las fincas cafetaleras de México –parcialmente explicado por las condiciones irregulares en las cuales cruzan la frontera para trabajar por temporadas—abona a la poca información que existe sobre el número de ellos que tienen acceso a servicios de salud, un derecho que está amparado por la Ley Federal de Trabajo.
ESTE TRABAJO FUE REALIZADO GRACIAS A LAS BECAS COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE MIGRACIÓN LABORAL AGRÍCOLA CENTROAMERICANA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO.
Tapachula, Chiapas, 19 de octubre (SinEmbargo).- Bajo el sol extenuante, con altas temperaturas, mexicanos y guatemaltecos trabajan en los campos de cultivo ubicados a lo largo de toda la zona del Soconusco, en Chiapas, una región que se extiende a lo largo de cuatro mil 600 kilómetros cuadrados en la costa del Pacífico hasta la frontera con Guatemala.
Son miles las personas empleadas en cada una de las fincas cafetaleras, según la temporada de cultivo o siembra, con una historia de cientos de años de migración transfronteriza. Debido a la naturaleza del movimiento migratorio, los guatemaltecos que llegan a Chiapas no siempre tienen la documentación requerida para trabajar en territorio mexicano.
El tipo de trabajo realizado, junto con las condiciones climatológicas, pueden resultar en accidentes y enfermedades que le obstaculice o impida a migrantes el desempeño de su trabajo, a la par que su acceso a la salud se ve limitado por la falta de esta documentación que avala su trabajo en México, la discriminación o falta de capacitación en atención a migrantes por parte de personal de instituciones de salud, entre otros factores.
Por ejemplo, Martha Rojas, académica del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) que ha investigado migración en dicha región mexicana, registró en sus visitas a fincas en 2018 que había trabajadores guatemaltecos que no podían acudir con médicos en caso de alguna enfermedad por la lejanía de los sitios donde laboran con los profesionales de la salud.
“Hay todavía lugares en donde está lejos [de un centro de salud], o no hay atención”, detalló la especialista. “Hay fincas donde pueden sencillamente decirles: ‘Mira, lo que tenemos es este botiquín, te podemos dar esta pastilla’ (…) o donde no hay nada, y son ellos quienes tienen que traer las pastillas”.
¿CUÁNTOS GUATEMATELCOS TRABAJAN EN MÉXICO?
La falta de documentación oficial sobre el número de guatemaltecos que trabajan en las fincas cafetaleras de México –parcialmente explicado por las condiciones irregulares en las cuales cruzan la frontera para trabajar por temporadas—abona a la poca información que existe sobre el número de ellos que tienen acceso a servicios de salud, un derecho que está amparado por la Ley Federal de Trabajo.
La Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) está diseñada para cualquier guatemalteco o beliceño mayor a 16 años de edad que quiera trabajar en México, de tal manera que durante su año de vigencia la persona extranjera pueda entrar y salir múltiples veces desde los estados en la Frontera Sur y realizar actividades remuneradas.
Esto, además, brinda protección en concordancia con los derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, entre los cuales está el acceso a servicio médico.
Sin embargo, tiene un costo de 535 pesos mexicanos al 2024, y requiere para su trámite una oferta de empleo elaborado por el empleador. El mismo Gobierno de México contempla que si el ingreso que percibirá la persona por la actividad laboral es equivalente al salario mínimo general vigente para la zona, no se aplica el costo del trámite.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), seis mil 635 guatemaltecos recibieron una TVTF en 2023.
“Hay un subregistro (de trabajadores fronterizos), siempre, porque hay personas que justamente por esta situación de tener que pagar por un documento para trabajar, no se van a registrar y a lo mejor llegan y piden el trabajo directamente en la empresa, sin que necesariamente hayan pasado por este ordenamiento”, compartió Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).
Incluso, datos de la OIM en su informe “La migración laboral de personas guatemaltecas hacia México” señalan que hasta el 10 por ciento de las personas encuestadas para su elaboración han viajado entre Guatemala y México durante más de 15 años, lo que a su vez es un reflejo de migración laboral a largo plazo.
La experta Melissa Vértiz del GTPM sumó que los mismos trabajadores que reciben a los migrantes para ser atendidos en instituciones como el IMSS llegan a pedir documentos que acrediten la residencia de la persona en México, y no aceptan o desconocen la existencia de las tarjetas de trabajadores fronterizos, por lo que se les niega la atención médica de primera instancia.
“A veces puede que no haya una negativa del acceso a la salud, a recibir una primera atención médica. Sin embargo, si requieren una atención especializada, ya no ocurre, o apoyo para medicamentos, o un seguimiento a la atención médica”, compartió.
Lo anterior incluso cuando en el artículo 8 de la Ley de Migración, se establece que “los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.
También hay trabajadores que están en un esquema de “semi-formalidad”, indicó Vértiz, ya que están contratadas por una empresa, pero no se les garantizan todos sus derechos laborales, entre ellos el derecho a la salud.
Segob reconoce falta de acceso a salud para trabajadores migrantes
Incluso, la OIM junto con la OIT y la Unidad de Política Migratoria de Segob documentaron en su informe “Personas trabajadoras temporales guatemaltecas en Chiapas, México. Un diagnóstico a partir de la documentación para desempeñar actividades remuneradas” que tan sólo el 1.2 por ciento de las personas trabajadoras temporales que tenía una prestación, tenía acceso a servicios de salud.
“Es preocupante que la prestación más básica, pero imprescindible, que es el acceso a los servicios de salud tenga un peso tan bajo, por lo que se hace prioritario pensar en estrategias que reviertan esa tendencia, iniciando por la vigilancia del cumplimiento de contratos laborales y la inscripción de personas trabajadoras al sector salud”, indicaba el reporte publicado en 2020.
En respuesta a las necesidades de la población migratoria en materia de salud, el Gobierno federal implementó el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante (PIASM), el cual contiene lineamientos para los distintos niveles de gobierno e instituciones médicas para brindar atención oportuna; pero que no atiende de manera única a población migrante trabajadora, sino al universo total de personas migrantes que entran, transitan o se asientan en México.
El acceso a servicios de salud privados, el ejemplo de consultas en farmacias
Frente a este panorama, una opción son los consultorios médicos particulares que operan de la mano con farmacias comerciales y tienen un costo por consulta desde 50 pesos mexicanos, sin que esto asegure un seguimiento médico.
Cortar y cargar una caja de café podía pagar entre 250 y 300 pesos a inicios de 2024, cuando se entrevistó a productores de fincas de la zona del Soconusco. En tanto, trabajos como la poda y sombra pagan 250 pesos por día.
Una consulta médica con médico particular de farmacia representa entre el 16.66 y 20 por ciento de la ganancia por una caja de café cortada, pero a su vez implica la pérdida de un día de trabajo y, por tanto, de paga, para los trabajadores.
