Si bien Alejandro Encinas enfrentó a lo largo de su mandato frente a la Comisión a todo tipo de autoridades, tanto del pasado como del actual gobierno, su salida de la Secretaría de Gobernación ha sido cuestionada sobre todo por no haber esclarecido lo que sucedió con los normalistas, una promesa que hizo López Obrador, cuyo primer decreto como Presidente estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición, la misma que Encinas ha dejado.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Alejandro Encinas Rodríguez fue el responsable del actual Gobierno de llevar a buen puerto el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Como cabeza de la Comisión de la Verdad, configurada desde antes de iniciado el sexenio, el hasta hace unas horas Subsecretario de Gobernación chocó a lo largo de su mandato con uno de los actores contra el cual persisten a la fecha señalamientos de obstaculizar las investigaciones: el Ejército.
Alejandro Encinas renunció el día de ayer a la Subsecretaría de Gobernación para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial del oficialismo. Antes de dejar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Encinas Rodríguez, un hombre de todas las confianzas del Presidente, presentó un adendum de su último informe del caso Ayotzinapa en el cual mostró una vez más cómo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocieron en tiempo real los hechos que derivaron en la desaparición de los normalistas.
Hoy, en un mensaje por X, Encinas se refirió al Presidente y dijo: “Mi respeto y agradecimiento a todas las víctimas, familias, movimientos sociales y organizaciones por la confianza depositada en mi gestión. A las y los funcionarios públicos de esta Subsecretaría, que con compromiso y convicción, apostaron en este proyecto y pusieron en alto los derechos humanos. A mis colegas por siempre hacer equipo y al Presidente @lopezobrador_ por su confianza y respaldo.Dejo la Subsecretaría en las mejores manos con una Secretaria comprometida y tenaz @LuisaAlcalde, deseándole éxito al nuevo Subsecretario, @arturomedinap”.
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— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 19, 2023
El Ejército ha sido señalado tanto por la Comisión de la Verdad como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por haber conocido qué sucedía aquella noche en Iguala, incluso se sabe que tenían un agente infiltrado entre los normalistas a quien dejaron a su suerte. Los documentos revelados esta semana también reiteran “que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
En un principio las fuerzas armadas negaron haber participado en los hechos, el Secretario de la Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto se opuso en su momento que militares fueran llamados a declarar, ya en esta administración 39 elementos fueron vinculados al caso (22 Sedena y 17 Semar), de ellos 14 del Ejército están presos, al mismo tiempo el Presidente López Obrador ordenó a la Sedena que entregara toda la información que poseyera sobre el caso, una negativa que ha sido denunciada por las familias y el GIEI, y al mismo tiempo minimizada por el Ejecutivo.
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) difundido representa el último de los episodios que confrontó a Encinas, que encabezaba este órgano, con las fuerzas armadas, que incluso lo espiaron con el programa Pegasus, como reveló el 23 de mayo pasado The New York Times. El teléfono celular de Encinas fue hackeado por órdenes de los militares, que tuvieron acceso a toda su información digital, incluidas conversaciones de WhatsApp, imágenes, audios y correos electrónicos, de acuerdo con el diario estadounidense que citó en ese momento un análisis forense independiente que confirmó el hackeo.
Encinas supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá. Incluso el Presidente López Obrador confirmó que conocía la situación, pero descartó llevar a cabo una investigación y liberó de toda responsabilidad al Ejército. Citizen Lab también encontró pruebas de infiltración con Pegasus a los celulares de otros dos funcionarios que trabajan con Alejandro Encinas, quienes también han colaborado en investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Meses antes, en septiembre de 2022 justo en el 8 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, los abogados de cuatro de los militares implicados en la desaparición acusaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas y pidieron dejar de “manipular” las investigaciones.
“Pedimos al Subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la COVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, expuso uno de los defensores.
El enojo de los militares se originó cuando Encinas presentó en agosto de 2022 un informe de la Comisión de la Verdad en el que la desaparición de los normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”, entre ellas el Ejército y la Marina.
Y sobre todo ante las órdenes de aprehensión que se dieron a conocer el 21 de septiembre de 2022 contra el General José Rodríguez Pérez y dos militares más. Al primero por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y a los otros dos restantes por la desaparición forzada de los 43 normalistas.Se trató de José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el Sargento Eduardo Mota Esquivel.
La situación además de los reclamos del Ejército llevó a la salida de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), quien apuntó a una intervención de esta unidad autónoma del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, quien en su paso por la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido cuestionado por la falta de resultados en los casos de alto perfil y por la opacidad con la que se ha manejo en su gestión.
Por esas fechas, ya en octubre de hace un año, The New York Times reveló que en febrero de 2022 Encinas voló a Israel para encontrarse a solas con Tomás Zerón de Lucio, uno de los artífices de la verdad histórica, para ofrecerle un criterio de oportunidad, es decir, volverlo testigo protegido a cambio de que revelara información sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
“Encinas le suplicó a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que pudo haber ocultado mientras estuvo en el poder, ofreciendo el ‘apoyo del Presidente’ a cambio de su cooperación”, publicó el Times. A la fecha no hay claridad sobre cuándo Zerón podría ser extraditado desde Israel en donde tiene una vida despreocupada, como él mismo ha revelado.
Después de ese encuentro, comentó Encinas a SinEmbargo, Zerón le confirmó, al igual que lo haría el exprocurador Jesús Murillo Karam, detenido por su papel en el caso, que sí mantuvieron reuniones con el expresidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos para fabricar la llamada verdad histórica, como se dio a conocer en el último informe que presentó la COVAJ.
Encinas destacó en este informe que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”. Las conclusiones del Segundo Informe de la Covaj refieren que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, pues las autoridades federales, militares, estatales y municipales permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
Si bien Encinas enfrentó a lo largo de su mandato frente a la Comisión a todo tipo de autoridades, tanto del pasado como del actual gobierno, su salida de la Secretaría de Gobernación ha sido cuestionada sobre todo por no haber esclarecido lo que sucedió con los normalistas, una promesa que hizo López Obrador, cuyo primer decreto como Presidente estableció una comisión de la verdad encargada de investigar la desaparición, la misma que Encinas ha dejado.
