Tienen poder, dinero, armas y protección institucional. Así, catorce  cárteles de la droga se enfrentan por el control territorial, político y se disputan los recursos naturales. Su poderío es de tal magnitud que el crimen ya es considerado dentro y fuera de México un Estado dentro del propio Estado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a su quinto año de gobierno sin cumplir la promesa de pacificar el territorio, por el contrario, las complicidades y la corrupción se asoman por doquier aunque el mandatario lo niegue. Gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y hasta regidores forman parte de los grupos criminales que, su disputa territorial, ya han cobrado la vida de unas 167 mil personas hasta la fecha y se estima que el número de asesinatos de alto impacto cerrará en el 2024 –de seguir esta tendencia –en 250 mil muertos. Nada ha cambiado la llamada 4T en el país: la sangre sigue derramándose por doquier mientras el presidente ya ni siquiera se extraña ante las matanzas.

La violencia no ceja en el país, por el contrario, se recrudece y hay varios factores que lo explican: el vacío legal, la impunidad y la ausencia de una estrategia integral no sólo basada en el no ejercicio de la fuerza sino que incluya el combate al lavado de dinero, motor del crimen organizado.

La estrategia del gobierno federal, basada en “abrazos y no balazos”, sigue sin dar resultados concretos. El presidente se ha empeñado en explicar una y otra vez que su política anticrimen se basa en el combate de las causas que detonan violencia, pero hasta ahora se ha carecido de una estrategia amplia que incluye el desmantelamiento patrimonial del crimen, la narcopolítica, fenómenos que detonan impunidad y muerte.

El gobierno de López Obrador llegó a su quinto año de gobierno sin que la paz social sea una realidad; en todo el país siguen los desplazamientos humanos: se trata de familias completas que cambian su residencia, huyen del crimen, de las balas y de la violencia y se refugian en lugares más seguros, si es que los encuentran.

Con una fuerte presencia militar en todo el territorio, pero con una política federal que ha renunciado al uso de la fuerza y a la aplicación de la ley, los cárteles del narcotráfico hacen y deshacen sin freno alguno; ajustan sus cuentas, matan, desaparecen, cobran derecho de piso y exigen cuotas a empresarios grandes y pequeños. Ante este escenario de descomposición ninguna autoridad interviene.

La violencia prevalece. Las masacres también, mientras los capos emblemáticos se mantienen impunes y siguen operando el tráfico de drogas a gran escala. Nadie los detiene, pese a que en Estados Unidos se han aumentado los montos de las recompensas millonarias por sus cabezas.

La crisis de seguridad pública, desatendida en poco más de tres años, tiene un pendiente irresoluto: La guerra entre los cárteles que han trastocado la seguridad pública y la gobernabilidad.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, ha mostrado su preocupación por la falta de una política integral en el gobierno mexicano para enfrentar a las organizaciones criminales, consideradas en el país vecino como “grupos terroristas” que en el territorio nacional no se les combate.

Desde que asumió la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó a un lado la narrativa de la guerra contra el crimen y optó por el no uso de la fuerza. Según él, ésta es la mejor estrategia contra los mafiosos. Pero los resultados simplemente no se ven. La guerra actualmente es por el control territorial y los recursos naturales sin dejar de ver que el tráfico de drogas sigue siendo un negocio boyante.

Así, el crimen organizado se ha convertido –o quizá ya lo era desde hace décadas –en un aparato de la oligarquía que cuenta con la protección del Estado. Eso explica por qué no se les combate. Buscan que las zonas indígenas sean desocupadas por sus habitantes para apoderarse de los recursos más preciados: minería, litio, bancos de agua dulce, selvas y buena parte de la biodiversidad. En resumen, quien todo el país –y el planeta –estos voraces criminales que, desde el poder político, financian a los grupos criminales.

El presidente López Obrador no quiere combatir a los delincuentes. Así lo definió cuando tomó el poder presidencial, en 2018. Desde entonces acuñó la frase “abrazos y no balazos” para delinear una estrategia que, a diferencia de otros sexenios, no se basa en el uso de la fuerza del Estado sino en el combate de lo que el propio presidente llama “las causas de la violencia”.

Sin embargo, dichas “causas”, hasta ahora, han resultado inverificables, ya que a más de tres años de distancia no se ha concretado ningún resultado para frenar la violencia criminal, por el contrario, las matanzas continúan en todo el territorio nacional ya por el tráfico de drogas, el control de territorial, el manejo de sustancias químicas de gran demanda, como el fentanilo, que se introduce a Estados Unidos a través de los puertos mexicanos, según la DEA. De ahí que el gobierno de López Obrador haya optado por entregarles el control de la seguridad de las terminales portuarias a las Fuerzas Armadas.

La estrategia de “abrazos y no balazos” sigue sin dar resultados. El propio presidente López Obrador reconoce sus fallas y desatinos en el combate criminal, a grado tal que el año pasado dijo que si su gobierno no resuelve el problema de la inseguridad y pacifica el país el proyecto de la Cuarta Transformación habrá sido un rotundo fracaso.

Como nunca antes en la historia del país existe una militarización escandalosa no vista ni en el sexenio de la guerra contra el narco, declarada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Prácticamente todo el territorio está controlado por los uniformados de verde olivo y, para colmo, la Guardia Nacional –el proyecto sexenal –ahora es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La razón, según el presidente, obedece a que no quiere que a esa corporación militar le ocurra lo mismo que pasó con la Policía Federal, la cual terminó corrompida y al servicio del crimen organizado.

Lejos de combatir a los cárteles, el mandatario coquetea con algunos grupos criminales. El cártel de Sinaloa es uno de ellos, cuyos integrantes, según parece, tienen estrechas líneas de entendimiento con el gobierno de la República.

Incluso, hace unos días López Obrador puso como ejemplo de pacificación al estado de Sinaloa –cuna del cártel del mismo nombre –y dijo que en las regiones donde domina un solo grupo no hay violencia. Es posible que la apuesta presidencial sea que un solo grupo del narco domine en todo el país. Por lo pronto, el cártel de Sinaloa ya se acomoda en los territorios que gobierna o gobernará MORENA.

La proclividad del presidente por los capos llegó a tal grado que, tras conceder una amplia entrevista a la cadena Telemundo, el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo –exlíder del cártel de Guadalajara –dijo que hay que tenerle paciencia al mandatario porque no tiene duda de que resolverá el problema de la violencia en el país.

Y a esta afirmación, López Obrador expuso en su conferencia mañanera del jueves 19 que si la Fiscalía General de la República (FGR) decide excarcelar al capo bajo la ley de amnistía que favorece a reos mayores de setenta años, “yo no me opondré”.

Ante el crimen, la impunidad

La violencia, por doquier, está imparable: Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas están en llamas. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden.

En Chiapas, otro estado en crisis donde hace no mucho tiempo se pactó una pax mafiosa --acuerdo entre grupos criminales y el poder político –hoy las masacres y amenazas están a la orden del día.

Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo. Drogas, armas, químicos para las drogas de diseño, armas, indocumentados…

Y todo se transporta por la República mexicana. Se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados Kaibiles, desertores del Ejército Guatemalteco que reforzaron las fuerzas armadas del cártel de Los Zetas, el cártel militar.

En Chiapas el territorio está bajo la disputa de tres cárteles: Sinaloa, Cártel de Jalisco y el cártel del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.

Surgió en este escenario de violencia el cártel de “Los Ciriles”, vinculado al cártel de Jalisco, con presencia en las comunidades de Pantehló, Chiapas.

La guerra subió de intensidad, pues fue asesinado, en Tuxtla Gutiérrez un operador identificado con el capo Ismael “El Mayo” Zambada –Ramón Gilberto Rivera, “El Juniors” –quien es hijo de un personaje apodado “El Tío Gil”, quien responde al nombre de Gilberto Rivera Amarillas, padre de la víctima. Este personaje del hampa fue aprehendido en 2016 en el aeropuerto “La Aurora”, de Guatemala, en 2016, cuando pretendía volar hacia México.

La batalla en Chiapas está detonada por diversas causas, a saber: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta de entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, sin explotadas en el negocio de la trata.

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el estado está bajo disputa. La guerra por el territorio lo encabezan los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Golfo.

El cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el de Jalisco y Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja de poder que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.

En Chiapas también operan Los Zetas, ahora conocidos como cártel del Noreste. Dominan en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Todo el escenario de violencia –no antes visto en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa –se descompuso después de las elecciones del 6 de junio, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.

Esto abrió la puerta al cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Chiapas y Oaxaca. También tiene presencia en Veracruz.   La violencia en Chiapas provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de Pantelhó, Chiapas.

Durante las últimas semanas, la región Tsotsil Pentalhó-Chenalhó ha sido abandonada por buena parte de su población por el terror que priva en esa región. Igual que lo que ocurre en Aguililla, Michoacán. Y el Estado permanece ausente. Las manos fuera de la seguridad.

El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo. Expone, además, que la vida de quienes denuncian los hechos está en completo riesgo.

Este mismo escenario se repite en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Baja California, Quintana Roo, entre otros estados, que enfrentan la violencia del crimen organizado. Es claro, pues que el Estado mexicano ya no tiene capacidad de garantizar ni la vida ni el patrimonio de la sociedad.

El estado de Chiapas es uno de los más ricos del país. La migración es un negocio clave de la delincuencia, pero ahí se rompieron pactos y todo devino en violencia y criminalidad. Se deben establecer nuevos roles entre el poder criminal y el político, si es que ambos existen, pues a la vuelta del tiempo lo que es claro es que sólo impera un poder real: el crimen organizado.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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