La exsecretaria de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto pidió la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputó por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos.
Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Juez Augusto Augusto Octavio Mejía Ojeda negó un amparo a Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que pedía la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputó por el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos relacionado con el caso de la Estafa Maestra.
El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México declaró infundados e insuficientes los agravios de la exsecretaria de Estado para desestimar lo inconstitucional de la resolución del pasado 4 de febrero del Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien resolvió no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019.
En su resolución el Juez señaló que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no contiene disposiciones contrarias al Código Penal Federal como para considerar que la primera derogó el delito contenido en el segundo cuerpo normativo.
Rosario Robles ya presentó un recurso de revisión contra la decisión del juzgador mismo que fue admitido a trámite por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
El pasado 20 de agosto, un Juez le otorgó a Rosario Robles la libertad provisional en su proceso por la “Estafa Maestra”, luego de tres años abandonó el penal de Santa Martha donde estuvo recluida.
Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos (247 millones de dólares) a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.
A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios, por el que es la funcionaria de más alto perfil acusada hasta ahora, en un caso que tampoco ha avanzado en tres años.
