El corazón de esta reforma constitucional plasma en el Artículo 2 de la Carta Magna el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas ya no de entidades de interés público, como se les considera en la actualidad, sino como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– El rescate de las lenguas indígenas, el reconocimiento constitucional de la medicina tradicional y de prácticas ancestrales como la partería, así como un derecho a la Consulta sobre proyectos en tierras de pueblos indígenas que los indemnice cuando se trate de privados, son algunas de los cambios que conlleva la aprobación de la Reforma a Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados y que fue enviada al Senado donde se prevé un escenario similar.
En México, de acuerdo con las cifras oficiales, hay 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, lo que representa el 10.6 por ciento del total de la población. De igual forma 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa el 21.5 por ciento de la población total del país. Por otra parte, 1.3 millones de personas se consideran afromexicanas, lo que representa el 1.2 por ciento de la población a nivel nacional.
Los mismos datos muestran que la población indígena y afromexicana es la que tiene los niveles más altos de pobreza. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, el 57.5 por ciento de la población indígena carecía de acceso a los servicios básicos de la vivienda (casi 7 millones de personas indígenas la presentaban), y del total de 623 municipios con 40 por ciento y más de población indígena, 224 tenía muy alta marginación y 321 alta marginación.
En ese sentido, y frente a la deuda que existe frente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el corazón de esta reforma constitucional plasma en el Artículo 2 de la Carta Magna el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas ya no de entidades de interés público, como se les considera en la actualidad, sino como sujetos de derecho público, lo que representa el reconocimiento pleno de sus derechos.
De esta manera se fortalece el reconocimiento de sus sistemas normativos y especificidades culturales en el marco de esta Constitución. Otro aspecto nodal es respecto del acceso a la justicia, con lo cual se obliga a las instituciones jurisdiccionales a que garanticen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Pero no solo eso.
CONSULTA E INDEMNIZACIÓN
La Reforma también incorpora a la Constitución el derecho “a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe” cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que lleven a afectaciones o impactos significativos en la vida o entorno de las comunidades indígenas, esto con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo.
Los cambios a la Ley ahora contemplarán que cuando un particular se beneficie por cualquier medida administrativa sujeta a una Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el costo debe ser cubierto por este privado. “De igual forma, cuando se obtenga un lucro por estas medidas, se debe otorgar a las comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo”.
“La importancia de prever esta figura en la Constitución radica en que sean consultados los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para obtener su consentimiento o se llegue a un acuerdo para la realización de proyectos que ameriten la actividad del Estado vía concesiones, permisos, autorizaciones o cualquier medida administrativa o legislativa, y en caso de que se otorguen a particulares con fines de lucro, reciban un beneficio y así evitar abusos en su contra. En virtud de lo anterior, es indispensable dar un reconocimiento efectivo al derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, en el que realmente se escuchen la voz de los pueblos indígenas y que sus decisiones sean respetadas por el Gobierno, la sociedad y particulares”, se lee en la minuta aprobada por los Diputados.
AL RESCATE DE LAS LENGUAS
Una de las principales deudas hacia los pueblos indígenas es el reconocimiento de sus lenguas. En México, hay 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas, con 364 variantes.15 Esto lo hace uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente. Por lo mismo, la reforma busca que se establezca en la Constitución la obligación del Estado mexicano de: “promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación”.
De igual forma, se lee en la minuta, se garantiza que se haga uso de sus lenguas y otros elementos culturales en medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, en sus pueblos y comunidades. “Asimismo, se reconoce el derecho del uso de las lenguas indígenas en la construcción de los modelos educativos, con la finalidad de reconocer la composición pluricultural de la Nación”.
En relación a este rescate de las lenguas indígenas, se garantiza y extiende la red de comunicaciones que permite la articulación de los pueblos y comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet de banda ancha.
MEDICINA TRADICIONAL A LA LEY
La Reforma reconoce que existe “la necesidad de expandir y fortalecer el sistema nacional de salud pública desde una perspectiva intercultural comunitaria en la que se reconozcan las prácticas de la medicina tradicional”.
Esta medicina integral pese a estar integrada a nuestra cultura nacional hasta la fecha ha sido relegada a un segundo plano en aras de una modernidad científica que en algunos casos no ha podido superar a la medicina tradicional.
Nuestro respeto a ese tipo de medicina que ha traído grandes aportes a la medicina convencional. Cabe precisar que, en el programa del IMSS-Bienestar de septiembre de 2022 a junio de 2023, se realizaron en conjunto con parteras voluntarias 152 mil 126 acciones de control prenatal para embarazadas”, se lee en la minuta.
Por esta razón, la Reforma “incorpora el reconocimiento, a nivel constitucional, de la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio, en los pueblos y comunidades indígenas, en reconocimiento a la gran labor y aportación que realizan las personas parteras en el país”.