El obradorismo cerró el sexenio sin rastros de pasividad. La reforma judicial desató júbilo popular acompañado de inconformidad en una minoría nada silenciosa. “La república ha muerto”, sentenció Krauze con habitual grandilocuencia. Conforme a lo esperado, la oposición partidista operó una autodenominada “resistencia” mediante la movilización de jueces, funcionarios y anexos que buscaron intimidar a los representantes populares con obstruccionismo violento.  Y aunque fueron la cara furibunda de la derrota, voces más sensatas y libres de un interés directo comparten zozobra y al menos un lugar común que bien vale diseccionar: un supuesto lastre no solicitado e inexorable para Claudia Sheinbaum.

Como sucedió con la reforma eléctrica, simpatizantes progresistas explicitaron su insatisfacción y fijaron una postura entre desalineada y antioficialista. Si vale la generalización, esta crítica nace de opinadores más próximos al institucionalismo académico y al liberalismo social que a la izquierda materialista y a la nacional-popular. Al segundo agrupamiento, debatible por diseño, lo distinguen cinco rasgos esenciales versus el primer contingente, a saber: mayor (1) tolerancia a redistribuciones de poder e ingreso aun en escenarios de suma cero, (2) propensión crítica frente a los poderes fácticos, (3) receptividad a soluciones idiosincráticas ante los problemas nacionales, (4) desconfianza de la tecnocracia y la democracia representativa y (5) inconformidad hacia estructuras funcionales al statu quo en una economía de mercado con marcadas desigualdades, como la mexicana. Con estos cinco atributos de trasfondo como origen de la simpatía más convencida, es posible contraargumentar desde la razón que Sheinbaum gana con una aprobación sin demoras de la reforma judicial.

El punto de partida es que cualquier desgaste político transita en el sexenio de López Obrador, de gran capital político de entrada y salida. En jerga bélica, una guerra relámpago de su antecesor ahorró a Sheinbaum sobrecostos y concesiones naturales a cualquier negociación legislativa que trastoca intereses enquistados. Al absorber los impactos como escudo, AMLO minimizó la articulación de minorías y obsequia margen de conciliación a su sucesora, a reserva de que con alta probabilidad la presidenta electa evitaría mostrar debilidad para minimizar distractores y regateos.

Un segundo contraargumento para quienes solo ven presión en la olla es que una aprobación sin rodeos permite priorizar la legislación secundaria, en cuyos detalles descansarán santos y diablos. Por otro lado, una ventana de incertidumbre más angosta reduce el riesgo de que el poder judicial rete al ejecutivo en el interregno con sentencias adversas que torpedeen a la siguiente presidenta. Sheinbaum tendrá oportunidad de imprimir su toque personal a los reglamentos y de amortiguar una guerra de guerrillas institucional mediante lawfare radicalizado.

Una tercera recompensa a una aprobación acelerada es la reducción de riesgo de descarrilamiento o dilución de la iniciativa original. Existe una máxima legislativa no escrita que dicta aprobar los dictámenes en cuanto se juntan los votos. Además, el traslape de legitimidad entre López Obrador y Sheinbaum potenció las fuerzas políticas de dos dirigentes para maximizar lealtades hasta lograr una mayoría calificada. Asimismo, esperar al relevo sexenal obsequiaba espacio a una contrapuesta del poder judicial con fines dilatorios.

Otro beneficio de la vía rápida es que el optimismo por la aprobación de una reforma popular tiende puentes político-afectivos con el arranque sexenal. Cualquier dirigente de ánimo transformador prefiere bases con motivos de lucha y sin apoltronamiento. El sentido de urgencia es indispensable para atender los problemas nacionales, y las batallas propias y ajenas que enfrentará la presidenta tendrán como activo adicional un epílogo atípico que galvaniza al obradorismo ante adversarios que pretenden conservar estructuras anquilosadas.

Un aspecto que la oposición relaciona al autoritarismo como marco partidista es la remoción de barreras administrativas erigidas por jueces obstructores.  En específico, los recursos judiciales de Elektra y otros grandes contribuyentes que impugnan créditos fiscales merman ahora mismo los esfuerzos de recaudación. Los nuevos contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas podrían convertirse en una suerte de reforma fiscal silenciosa y paulatina durante el sexenio de Sheinbaum: otra virtud.

Una preocupación común entre voces críticas es el presunto golpe al crecimiento económico. Como contraargumento, los inversionistas extranjeros desconfían desde siempre de los tribunales mexicanos y suelen acudir directo al arbitraje internacional, práctica que la reforma no cambiaría y que incluso podría revertir de largo plazo. Asimismo, la reducción en costos y tiempos de obras estratégicas es favorable a la inversión pública, el empleo y la recaudación tributaria por menores litigios y subejercicios. Como pruebas de los marcos partidistas desproporcionados, el peso mexicano acumuló un 4 por ciento de apreciación en días posteriores a la reforma y la calificadora más importante (Standard & Poor’s) aclaró que monitorea el proyecto de presupuesto 2025 antes que la reforma judicial como evento crediticio relevante: cachetada con guante blanco a la especulación. En cualquier caso, asumiendo sin conceder un escenario con depreciación cambiaria, esta serviría para reactivar las exportaciones ante la desaceleración de los Estados Unidos.

En general, varios gestos de sana complicidad podrían elevar el atractivo de la reforma judicial. En primer lugar, combatir la desconfianza sistémica es un triunfo en sí mismo; cuantificar avances ayudaría a mitigar inconformidad residual. En segundo sitio, la legislación secundaria es una oportunidad dorada para zanjar incertidumbres naturales y conciliar malestar legítimo. En tercero, una campaña de información al exterior en el marco de la revisión — no renegociación— al TMEC que apele a la percepción secular de corrupción judicial y su atención audaz podría persuadir a los socios comerciales a dar votos de confianza o al menos una oportunidad temporal a la reforma en un marco de reciprocidad soberana.

Sheinbaum encabeza un gabinete solvente que puede tejer en fino, con pulso suave pero firme, un tirante que comunique al viejo y al nuevo sistema judicial. Contra los marcos partidistas y lugares comunes krauzianos compartidos a ratos por sectores progresistas, la república no está muerta sino que empieza a salir de la terapia intensiva donde la situaron gobiernos del PRI y del PAN que hicieron de la corrupción sistémica, la desconfianza popular y el institucionalismo faccioso una trampa antidemocrática perpetuadora de desigualdades crónicas. Toca sacudir expectativas y transformar estructuras rígidas e irrecuperables, por el bien de todos.

Mario Campa

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Mario A. Campa Molina (@mario_campa) es licenciado en Economía y tiene estudios completos en Ciencia Política (2006-2010). Es maestro (MPA) en Política Económica y Finanzas Internacionales (2013-2015) por la Universidad de Columbia. Fue analista económico-financiero y profesor universitario del ITESM. Es planeador estratégico y asesor de política pública. Radica en Sonora.

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