Quienes asistieron al desfile tradicional del 16 de septiembre pudieron ser testigos de un contingente del ejército ruso que caminaba en las avenidas del centro de la Ciudad de México.

Aunque es normal que el gobierno mexicano invite a marchar a comitivas castrenses de otros países, a muchas personas atentas, les pareció una afrenta que soldados rusos hayan sido invitados a la ceremonia mexicana por excelencia.

La razón debería ser clara. El 24 de febrero del 2022 inició la escalada de la guerra que Rusia ha impuesto a una nación soberana que es miembro de las Naciones Unidas, como lo es Ucrania. Casi nadie duda que el ingreso de las tropas rusas al territorio ucraniano, con el fin expreso de conquistar Kiev, constituyó una invasión en el sentido clásico del término.

Así lo han señalado las naciones del planeta, a través de los más importantes mecanismos de concertación multilateral, empezando por el sistema de las Naciones Unidas. El régimen ruso no sólo violó la soberanía de Ucrania, sino que transgredió el derecho internacional sin el cual no puede existir una verdadera convivencia civilizada entre las naciones. Lo ha hecho, además, de una manera sanguinaria. Las atrocidades cometidas por sus ejércitos han sido extensivamente documentadas y constituyeron el fundamento jurídico, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, para que la Corte Penal Internacional haya emitido una orden de arresto contra el líder ruso, Vladimir Putin. Teóricamente, si Putin pisara suelo mexicano el gobierno tendría que arrestarlo, como sería en el caso también de las otras naciones del planeta. La seriedad de esta situación no puede soslayarse.

Ante esto, el gobierno mexicano respondió con una invitación al gobierno ruso, que hoy es un paria entre las naciones del mundo, con justa razón. Lo que hizo el gobierno mexicano habría sido como si Lázaro Cárdenas hubiera invitado a Hitler después de la toma de París por sus tropas. Esa es la verdadera dimensión del increíblemente irresponsable acto del gobierno obradorista.

Desde el 24 de febrero del 2022, la posición mexicana ha sido contradictoria. Por un lado, los diplomáticos mexicanos -probablemente presionados por sus pares- han condenado la guerra rusa en Ucrania, en lugares como la ONU. Por otro lado, sin embargo, el presidente mexicano parece solapar la acción rusa en Ucrania. Decir que la posición mexicana respecto al tema es timorata es ser muy cauteloso. Recordemos que el gobierno actual en México se dice aliado de regímenes autoritarios en el Hemisferio Occidental como el cubano y el venezolano que, a su vez, son aliados confirmados de Rusia. Recordemos también que un prominente funcionario estadounidense comentó hace poco que México es el país con la mayor red de espías rusos en todo el planeta.

Por lo pronto, la embajadora de Ucrania en México ya elevó la voz, denunciando la invitación del gobierno mexicano al régimen ruso para marchar en las calles mexicanas.

No podía ser de otra manera y ahora habrá que ver qué decisión tomará el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. No debería sorprendernos si amenaza con romper relaciones con México. Y, francamente, eso sería una acción apenas justa de su parte.

También habrá que esperar a la reacción del Departamento de Estado estadounidense, cuyos cuerpo diplomático dedicado a nuestro país sabe perfectamente que el gobierno mexicano no es un aliado confiable, por decir lo menos.

Mientras tanto, la política exterior obradorista continúa promoviendo alianzas con los regímenes más autoritarios del planeta. Sin embargo, el caso de su invitación al gobierno fratricida de Putin parece haber cruzado una línea peligrosa. Todo esto no es sino un recordatorio de que las elecciones cuentan y que en 2024 el papel de México ante el mundo también estará en la boleta.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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