Los periodistas mayormente son intimidades y amenazados, el Estado es el principal perpetrador y el nivel federal ocupa el segundo lugar en las tres órdenes de Gobierno en efectuar agresiones: esas son algunas de las conclusiones a las que llegó Artículo 19 en su más reciente reporte.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- La organización no gubernamental (ONG) Artículo 19 reportó 272 agresiones contra periodistas en México durante el primer semestre de 2023, sumando así un total de dos mil 941 ataques en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el primer informe semestral de este año por la ONG, titulada Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado, en México se reporta un sostenimiento de la violencia para representantes de medios de comunicación debido a “una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, catalogándolos como adversarios a la ciudadanía, y de una impunidad y falta de atención a los casos de violencia contra periodistas, tanto del pasado como del presente”.
INTIMIDACIONES, HOSTIGAMIENTO, USO ILÉGITIMO DEL PODER Y AMENAZAS: LAS MAYORES CONSTANTES EN EL PAÍS
De las 272 agresiones reportadas en este primer semestre de 2023, 86 de ellas fueron intimidaciones y hostigamiento, cifra equivalente al 25 por ciento del total. Luego sigue el uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43 por ciento) y amenazas con 49 reportes (18.01 por ciento).
Las tres categorías anteriormente mencionadas conforman el 65 por ciento de todas las agresiones y ataques en contra de periodistas y medios en México.
Las intimidaciones y hostigamientos “continúan siendo, como en los últimos tres años, el tipo de violencia más común al cuál se enfrentan las y los periodistas en México”, precisó. Ejemplos de ello son las comunicaciones enviadas, ya sea de manera directa a la prensa, o colocadas en espacios públicos para intimidarla, provocando en ambos casos un efecto de censura.
Para el caso de uso ilegítimo del poder público, de los 61 reportados, 47 corresponden a estigmatización en contra de periodistas, a lo que Artículo 19 citó como ejemplo al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien se ha negado a ofrecer entrevistas a medios bajo el argumento de “ustedes no”, o “ya sabemos lo que van a publicar”.
Al respecto, la ONG ha externado su preocupación ante “comentarios hostiles contra la prensa por parte de personas funcionarias públicas del equipo de presidencia, así como por las consecuencias y el efecto cascada de que estos discursos se repitan por actores en otros niveles de gobierno, así como por particulares”.
Asimismo, otros 12 casos tienen que ver con procesos administrativos, judiciales y ministeriales contra la prensa, provocando que las y los periodistas se enfrenten a la presión de posibles consecuencias legales cuyos fines son “amedrentar, inhibir, censurar y desgastar física, mental y económicamente” a los comunicadores.
De esos 12 procesos, ocho, están vinculados a investigaciones de corrupción de los gobiernos locales o estatales; mientras que otros tres están relacionados a indagatorias o publicaicones sobre derechos humanos como desapariciones y feminicidios. Otro caso fue vinculado a publicaciones sobre la situación de inseguridad.
En el caso de agresiones por amenazas, de los 49 registrados, 23 fueron de muerte; es decir, una de cada dos.
Por su parte, el bloqueo o alteración de contenido contó con un reporte de 25 casos; ataques físicos y a bienes materiales, 15 cada uno; acceso ilícito, 13; privación de la libertad ocho; allanamiento, seis; y remoción de contenido, cinco.
Para el caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, fueron registrados tres agresiones; mientras que para asesinato, desplazamiento, dominios falsos o cuentas falsas, y ataques de denegación de servicio, contaron con un caso documentado cada uno.
Las cifras reportadas durante la primera mitad de este año equivalen a una agresión cada 16 horas cometida contra periodistas y medios de comunicación en el país.
ASESINATOS Y DESAPARICIONES: EL SILENCIAMIENTO LATENTE
La versión más reciente del informe presenta el asesinato de por lo menos tres periodistas en lo que va del año, los cuales ocurrieron al cumplir su labor periodística: Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrida el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, el 7 de julio; y Nelson Matus Peña el 15 de julio.
Si bien al desglose de agresiones en lo que va de este año sólo se reporta uno, el de Marco Aurelio, ésto se debe a que los otros dos homicidios ocurrieron posterior al 30 de junio, por lo que los dos restantes se reflejarán en el Informe anual de 2023.
Con dichos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 200 ascendió a 161, de los cuales 41 ocurrieron en la actual Administración, mientras que otros 32 permanecen desaparecidos. Cinco de ellos corresponden al Gobierno en turno.
Marco Aurelio Ramírez fue asesinado el pasado 23 de mayo en el municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla mientras conducía su vehículo color negro, cuando en eso fue interceptado y baleado en múltiples ocasiones. Debido a esto, perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol.
Marco Aurelio se desempeñó durante muchos años como periodista y corresponsal de la región de Tehuacán. También se desempeñó como director general de Gobernación en la administración de Felipe Patjane, quien hoy está preso por diversos delitos.
Ejerció el periodismo enfocado en nota roja durante casi cuatro décadas. Su experiencia en temas de seguridad permitió desmantelar bandas delincuenciales. Reveló una red de trata de personas y acusó que en ocasiones los delincuentes quedan libres porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no hace bien su trabajo.
Unos días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desvinculó la labor periodística de Marco Aurelio como posible motor de su asesinato.
“Era una buena persona, esa es la información que tenemos. Ya se está viendo, pero parece que no tiene que ver con la actividad periodística reciente, es un asunto… es que fue secretario del ayuntamiento”, declaró durante la conferencia de prensa del pasado 26 de mayo.
El pasado 8 de julio, Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien fungía como corresponsable del diario La Jornada en Tepic, Nayarit, fue encontrado muerto en el poblado de Huachines anexo a la localidad de El Ahuacate.
La Fiscalía de Nayarit informó que abrió una carpeta de investigación desde el viernes 7 de julio, cuando “tuvo noticia de la desaparición del periodista”, de quien su esposa dejó de tener comunicación desde el miércoles 5 de julio, activando de inmediato el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, así como el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
La familia declaró al diario que el reportero pudo ser sustraído por la fuerza de su domicilio, ubicado en El Armadillo, municipio de Xalisco, Nayarit.
Frente a la @SEGOB_mx , periodistas reclaman justicia para el reportero Luis Martín Sánchez de @lajornadaonline , quien fue hallado sin vida en #Nayarit este fin de semana.
Exigen cero impunidad en crímenes contra periodistas y seguridad para su labor. pic.twitter.com/cWp6K5rLIj
— Tamara Mares (@tmaresriv) July 11, 2023
La información publicada también agrega que no se encontraron en el domicilio del periodista algunos materiales de trabajo como su computadora, su celular, un disco duro, así como su acreditación del medio, donde trabajaba desde hacía año y medio.
El día de su desaparición, Luis Martín había estado junto con su esposa Cecilia en el municipio de Acaponeta, pero él volvió en autobús hacia Tepic y se comunicó con su familia más tarde, alrededor de las 20:43 de la noche, para informarles que no había luz en su casa.
Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública, detalló durante la conferencia de prensa matutina del pasado 11 de julio, que las investigaciones han partido de varias líneas de investigación.
Sin brindar detalles, Bucio aseguró que la línea principal es aquella que compete a su labor como motor para la privación de su libertad, y el de la vida de uno de ellos.
⚠️ARTICLE 19 documenta el asesinato de Nelson Matus Peña, director del medio Lo Real de Guerrero.
El ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hrs de hoy en la col. Emiliano Zapata, de Acapulco.
En 2019 sufrió un atentado, cuando le dispararon sin lograr herirlo. pic.twitter.com/PBXEcMyYsg
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 16, 2023
Por su parte, Nelson Matus, director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, fue asesinado a balazos el 15 de julio en el estacionamiento de Coppel, de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco.
De acuerdo con reportes policiacos a las 15:20 horas se alertó que en el bulevar Vicente Guerrero, en el estacionamiento de la tienda departamental Coppel, había una persona herida de bala.
Artículo 19 documentó que al menos desde el 2017, Matus había sido víctima de constantes intimidaciones y amenazas. Por ejemplo, el 5 de diciembre de dicho año, dio a conocer en una publicación en sus redes sociales sobre actos intimidatorios en su contra.
En dicha ocasión, recibió el reporte de usuarios sobre un auto abandonado y que de su cajuela escurría sangre. Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente encontró el vehículo y con un cuerpo sin vida en el maletero; sin embargo, también llevaba una cartulina rosa donde venía un mensaje donde se le pedía a las autoridades federales investigar a Matus por su supuestamente recibir dinero por parte de un grupo delictivo, ya que siempre llegaba primero donde había un ejecutado, una cartulina o una manta.
“Invito a las autoridades federales a realizar una investigación a mi persona, y si es posible, dejaré este oficio que de años he ejercido día y noche las veinticuatro horas del día, siempre disponible para llevar la información de primera mano y que las personas envidiosas o celosas de mi trabajo puedan crecer y avanzar, porque no han podido hasta ahorita superarme”, escribió el reportero.
AUTORIDADES, PARTICULARES Y DELINCUENCIA ORGANIZADA: LOS PRINCIPALES PERPETRADORES
El principal agresor contra la prensa continúa siendo el Estado, apuntó Artículo 19. Durantes los primeros seis meses de este año, las autoridades tienen la responsabilidad de la perpetración de 140 de ellas, equivalente al 51.47 por ciento del total.
“Dicho de otra forma, las autoridades son responsables de una de cada dos agresiones contra periodistas y medios”, señaló.
De esas 140 agresiones, 102 fueron cometidas por funcionarios públicos, equivalente al 37.50 por ciento; 34 fueron por fuerzas civiles (12.50 por ciento); y cuatro por fuerzas armadas (1.47 por ciento).
Partidos políticos efectuaron 16 agresiones (5.88 por ciento); particulares realizaron 48 de ellas (17.65 por ciento); el crimen organizado provocó otros 30 casos (11.03 por ciento); mientras que 38 reportes levantados por Artículo 19 no cuenta con elementos de procedencia (13.97 por ciento).
Las agresiones más cometidas por autoridades son el uso ilegítimo del poder público, perpetrado en 53 ocasiones; seguido de intimidaciones y hostigamientos con 24. Las fuerzas de seguridad civiles atacaron en su mayoría a través de intimidaciones y hostigamiento, con ocho casos reportados, y seguido de la privación de la libertad con siete.
De las cuatro agresiones atribuidas a fuerzas armadas, tres de ellas se realizaron a través del bloqueo y alteración de contenido; mientras que la otra restante fue por ataques a bienes materiales.
Funcionarios públicos a nivel estatal son los que más ataques a la prensa efectuaron, con 64 casos, seguido del nivel federal con 53 y el municipal con otros 23.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”, externó Artículo 19.
Asimismo, resaltó que al ser particulares la segunda entidad que mayor perpetra ataques contra la prensa, sus representantes se ven bajo el asedio tanto de personas públicas como privadas y grupos delictivos. Éste último tuvo la misma cantidad respecto al primer semestre de 2022, con un total de 30 casos.
GEOGRAFÍA Y GÉNERO: UNA RADIOGRAFÍA DE LAS AGRESIONES
El reporte, que abarca hasta junio de 2023, concluyó con 26 entidades federativas con casos de violencia contra prensa. Esto quiere decir que arriba del 81 por ciento del territorio nacional registra por lo menos un tipo de agresión contra periodistas.
Los cinco estados con más reportados son la Ciudad de México con 65; Quintana Roo con 21; Guanajuato, 19; Puebla, 18; y Coahuila con 17 casos. El que menos tiene son Nuevo León y Durango con uno.
De las más de 60 agresiones registradas en la capital del país, en su mayoría fueron a medios de presencia nacional cuya sede principal es la Ciudad de México como Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, el periodista Ciro Gómez Leyva, entre otros.
“[Durante las conferencias de prensa matutinas], el Poder Ejecutivo federal mencionó y calificó de manera negativa a la prensa en 114 ocasiones, de las cuales 42 fueron calificadas como agresiones directas”, puntualizó.
En cambio, Hidalgo, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Tabasco, fueron las únicas entidades sin ningún caso registrado.
Con respecto al género, 84 periodistas mujeres fueron violentadas por ejercer su labor, representando el 30.88 por ciento de los casos; mientras que 148 periodistas hombres acapararon el 54.41 por ciento de los casos registrados de agresiones. Asimismo, hubo otros 40 ataques en contra de medios de comunicación.
De igual manera, registró que seis periodistas pertenecientes a la comunidad LGBT+ sufrieron violencia. En la mitad de las agresiones fueron se les insultó o agredió con discursos homofóbicos o transfóbicos, “resaltando así la multiplicidad de vulnerabilidades que viven las, los y les periodistas LGBT+ en México”.
LAS COBERTURAS MÁS PELIGROSAS
La cobertura de mayor riesgo fue sobre corrupción y política con 137 casos, cerca del 50.37 por ciento del total. La segunda fue seguridad y corrupción, comúnmente conocida como “nota roja”, con 67 casos (24.63 por ciento).
Después de ambas, les sigue protesta o movimientos sociales con 29; derechos humanos con 26; sector privado con nueve; y tierra y territorio con cuatro casos.
En su desglose por género, 40 mujeres y 76 hombres fueron agredidos por cubrir corrupción y política; 12 mujeres y 48 hombres por “nota roja”; 15 mujeres y 13 hombres por protesta o movimientos sociales; cinco mujeres y cuatro hombres por sector privado; y finalmente, ninguna mujer y tres hombres por cubrir tierra y territorio.
LA PRECARIZACIÓN LABORAL: OTRA CARA DE LA VIOLENCIA
Al hablar sobre violencias contra periodistas a través de la carencia de las condiciones laborales, Artículo 19 resaltó que, si bien solicitó a periodistas que informaran sobre ello, recabaron datos correspondientes a 166 comunicadores, por lo que no equivale a un estadístico representativo de la situación; sin embargo, sí permite otorgar una referencia de las violencias estructurales que sufren algunas secciones de la prensa en México.
Con respecto a su tipo de contratación, 44 periodistas —13 mujeres y 31 hombres— lo tienen por tiempo completo; cuatro de ellos, todos hombres, por medio tiempo; otros 61, 30 mujeres y 31 hombres, no cuentan con contrato y se les paga por nota; mientras que otros 57, 45 hombres y 12 mujeres, no tiene contrato al ser directores.
art19_2023_informe semestral_V3-kepdpkt45tnwpph5gbm1pg5zzaAsimismo, las condiciones salariales representan un problema pues existe una brecha de género de casi el doble entre mujeres y hombres. Ocho mujeres perciben menos de cinco mil pesos contra 10 hombres que ganan la misma cantidad.
Conforme sube el rango de salario, la brecha se evidencia más: 21 mujeres y 24 hombres ganan entre cinco mil y 10 mil pesos; 20 mujeres y 45 hombres perciben un salario de 10 mil a 20 mil pesos.
El peor escenario es el siguiente: cuando el salario es superior a los 20 mil pesos, tan sólo ocho mujeres lo ganan, mientras que 25 hombres también lo perciben.
— Con información de Ambas Manos y El Sur
