México

Primera etapa, 2022

Demanda de México contra fabricantes de armas de EU ya tiene fechas y plazos

19/09/2021 - 5:04 pm

El Gobierno mexicano demandó a 11 empresas fabricantes y comercializadoras de armas en Estados Unidos, las cuales tendrán hasta el 22 de noviembre para presentar su respuesta y hasta febrero de 2022 para las contrarréplicas.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este domingo el calendario con los plazos para la primera parte del proceso jurídico que seguirá en Estados Unidos la demanda del Gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas de fuego en aquel país por promover prácticas comerciales, “negligentes e ilícitas” que ocasionan problemas en su vecino del sur.

“La Corte federal del Distrito de Massachussets, encargada del litigio iniciado por el Gobierno de México en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego por su responsabilidad en el tráfico ilegal de armas a México, emitió este 17 de septiembre de 2021 una orden mediante la cual aprueba el calendario propuesto por las partes para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial”, informó la dependencia.

“Conforme a dicha orden judicial, las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes”, remarcó la Cancillería mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.

Cumplido ese plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022.

Esto quiere decir que esta primera etapa se concretaría durante el primer trimestre de 2022.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Consultoría Jurídica, seguirá coordinando a las dependencias y entidades federales mexicanas competentes para dar seguimiento a este importante litigio y actuar oportuna y contundentemente en defensa de los intereses del Estado mexicano”, indicó la SRE en su comunicado del domingo.

La industria de las armas tanto personales como para uso del ejército en Estados Unidos es sumamente poderosa. Se considera indispensable siempre para decidir presidentes en ese país, y no solamente eso: el lobbying que hace en el Capitolio es el más importante de todos, lo que le permite tener a su disposición los votos de enormes porciones de los legisladores, sobre todo republicanos. A eso se enfrenta México.

 

Con esta demanda, México busca compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

¿QUÉ PIDE EL GOBIERNO MEXICANO?

Que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en juicio y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.

¿QUÉ OTRAS EXIGENCIAS SE PRESENTARON?

El Gobierno mexicano pidió a las empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. También que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.

La foto de archivo del 19 de junio de 2016 muestra armas exhibidas en el puesto de Smith & Wesson en una exposición de armas y caza en Las Vegas.
La foto de archivo del 19 de junio de 2016 muestra armas exhibidas en el puesto de Smith & Wesson en una exposición de armas y caza en Las Vegas. Foto: John Locher, File, AP

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES?

El principal es que el Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos y los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México.

–Con información de EFE

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