Las órdenes de aprehensión emitidas son por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia, todos ellos vinculados con el caso Ayotzinapa.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las órdenes de aprehensión involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Todos ellos estarían vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

En un comunicado la FGR informó que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

Este viernes, la FGR también detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México hace ocho años.

Murillo Karam estuvo a cargo de investigar uno de los crímenes que más ha conmocionado dentro y fuera de México. Fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual fiscalía mexicana echaron por tierra.

Fue Procurador de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después de la desaparición de los estudiantes dejó el cargo tras haberse convertido en una de las personas más odiadas por los padres de los 43 alumnos. En una ocasión, llegó a detener una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.

La Fiscalía dijo en un comunicado que la detención tuvo lugar en el exterior de su domicilio en Ciudad de México y sin que el exfuncionario opusiera resistencia. El portavoz de Presidencia, Jesús Ramírez, indicó que sería remitido a una cárcel del norte de la capital.

El arresto se realizó un día después de que la Comisión de la Verdad creada para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos dijera en un informe que se había tratado de un “crimen de Estado” .

La Comisión consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del crimen y se ocultaron no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.