El PRI acusó al Gobierno de utilizar los aparatos del Estado en contra de los opositores.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia.
“Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, publicó el partido en su cuenta de Twitter en solidaridad con Murillo Karam.
El PRI acusó al Gobierno de utilizar los aparatos del Estado en contra de los opositores.
“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, destacó.
La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas.
Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos.
— PRI (@PRI_Nacional) August 19, 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este viernes al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
Murillo Karam estuvo a cargo de esa investigación desde septiembre de ese año hasta febrero de 2015 y fue quien calificó como “verdad histórica” una versión de los hechos que decía que los 43 jóvenes fueron quemados en una gran hoguera encendida en un basurero, una explicación que después un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra.
La Fiscalía dijo en un comunicado que la detención tuvo lugar en el exterior de su domicilio y sin que el exfuncionario opusiera resistencia.
El arresto se realizó un día después que la Comisión de la Verdad creada para investigar el caso de los estudiantes desaparecidos dijera en un informe que se había tratado de un “crimen de Estado”.
El Subsecretario de Gobernación y presidente de esa comisión, Alejandro Encinas, ya había adelantado en 2019 que Murillo Karam era uno de los altos funcionarios que estaba en la mira de las autoridades.
El jueves, al presentar el informe, Encinas indicó que ya se habían presentaron en la Fiscalía todos los elementos necesarios para que se deslindaran responsabilidades a 33 personas pero lo único que aclaró es que el expresidente Enrique Peña Nieto no estaba entre ellos.
La Comisión consideró probado que la desaparición de los 43 jóvenes y la ocultación de la verdad sobre el crimen fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del gobierno”, que según dijo alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Murillo Karam dijo que la “verdad histórica” de esos hechos fue que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en una gran hoguera que hicieron en un basurero de un municipio vecino —Cocula—. Después, según su versión, los criminales tiraron los restos a un río cercano.
Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados, tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la actual Fiscalía y la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero y confirmaron que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Además, aseguraron que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia. Las torturas fueron confirmadas también por la ONU.
A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes están con vida pero todavía se desconoce qué hicieron con ellos.
