Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Los derechos de las personas migrantes que transitan por México continúan siendo vulnerados, pese a las legislaciones que el gobierno de este país se ha encargado de impulsar a través de disposiciones y hasta acuerdos internacionales, aseguró Felipe González Morales, Relator de los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el marco de la presentación del informe derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, el Comisionado comentó que “el nivel de implementación [de las leyes] es muy bajo”, por lo que es absolutamente indispensable reforzar si se quiere avanzar seriamente en la solución de este problema.
El documento presentado por la CIDH detalla los obstáculos que enfrentan las personas en situación migratoria irregular en México como son: homicidios, secuestros, desapariciones, violencia sexual, trata de persona, tráfico de migrantes, discriminación y detención migratoria sin garantías procesales y protección judicial.
El Comisionado agregó que es preocupante la “persistencia de las afectaciones a la vida y a la seguridad de las personas migrantes y destacó que dentro los grupos más vulnerables están las mujeres y lo menores que transitan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, la mayoría de ellos, procedentes de Centroamérica.
En el caso de los defensores de migrantes, el Comisionado dijo que los activistas enfrentan un panorama de inseguridad y agregó que hay medidas cautelares por parte de la Comisión donde “el Estado mexicano ha cooperado, y no ha habido necesidad de pedir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es posible que las personas vivan en esa situación de incertidumbre por su propia vida”.
“Nos parece muy importante que se refuerce la seguridad de los defensores de los migrantes y que se refuerce la capacidad de monitorear a los migrantes tanto los que están en detención como los que están en libertad, es importante que el gobierno vea esto como un aporte y no como un obstáculo, por eso pedimos que la población tenga acceso a los centros de detención migratoria”.
En ese sentido, la Hermana Leticia Gutiérrez, de la organización Scalabrinianas, comentó a este medio que en México el acoso hacia los defensores de migrantes es “algo que ya ha llegado ante la Comisión y tiene que tiene que ver mucho con la violencia que viven los migrantes. Nuestra violencia ha sido como una reforma de represión e impedimento para evitar que los migrantes sigan siendo explotados” y recordó el caso del Hermano Ramón Verdugo, en Tapachula, Chiapas, quien denunció extorsiones por parte de un grupo criminal lidereado por policías.
Al respecto, el Comisionado de la CIDH dijo en entrevista “hemos recibido denuncias de ese tipo, lo cual hace aún más grave la situación. Los policías actúan con el crimen organizado o actúan de manera directa”, advirtió.
“Eso tiene que terminar, nos parece muy importante que haya mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos permanentes. Aquí pasa que salen autoridades de golpe, eso denota que hay un problema muy serio, es porque no se ha venido haciendo esa rendición de cuentas de manera cotidiana, el llamado es que se haga de manera regular”, dijo.
Felipe González mencionó que las autoridades mexicanas deben prestar atención a la violencia ejercida contra los defensores de los migrantes – hecho que se expone dentro del informe realizado por la CIDH entre 2008 y 2013– , pues dijo que “también observamos que la participación de la sociedad civil ha sido de impacto para las reformas legislativas, por eso llamamos al Estado para que se asegure su participación en las próximos procesos legislativos”.
Pese a que el gobierno de México ha avanzando en una serie de medidas legislativas como la reforma constitucional en material de derechos humanos de 2011 – con la que se elevó a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por México– , el decreto de 2008 mediante el cual se despenalizó el ingreso de personas indocumentadas al territorio mexicano o la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos en 2012, aún queda mucho por hacer, dejó ver el Comisionado durante la presentación del informe.
“A pesar de este reconocimiento, la respuesta del Estado mexicano ha sido claramente insuficiente para prevenir, proteger, procesar, sancionar y reparar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra las personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana”, advirtió la Comisión.
El PROBLEMA DE LAS INSTITUCIONES
De acuerdo con el informe presentado, uno de los problemas que enfrentan los migrantes en su tránsito por México son las violaciones a sus derechos que se realizan sobretodo al momento de ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración, pues de acuerdo con Felipe González, la reclusión debe ser una excepción y no una regla.
En ese sentido, en entrevista con SinEmbargo, precisó que “más que una falla del sistema judicial se trata de una responsabilidad del Poder Ejecutivo y dijo que “hay un reconocimiento de derecho para los migrantes que son detenidos que en la práctica es menor que si fueran acusados en procesos penales y dicen [las autoridades] bueno, no necesitan abogado, cuando por supuesto que tienen derecho a uno y a un juez conforme lo marcan los estándares internacionales, y las personas están privadas de la libertad sin habérseles imputado un delito penal”.
El experto en derechos humanos reiteró que “se deben reforzar las formas de control judicial”, ya que en el caso de los niños “ nos se debe proceder a detención”.
Destacó que “el Poder Judicial, el principal problema tiene que ver con los niveles de impunidad [ …] a nivel de los tribunales inferiores hay mucho qué hacer. Hay una historia de impunidad mucho antes del tema de los migrantes, que está relacionada con las violaciones a los derechos humanos”.
Aparte del no reconocimiento y de la falta de aplicación de la ley por parte de los sistemas judicial y penal, también existe el hueco que dejan las instituciones al no reconocer las garantías que por ley o por decreto, pertenecen a las personas migrantes reconocidas, o no, ante el INM.
Al respecto, Daniel Otero, coordinador educativo de la organización Casa de Refugiados, comentó a SinEmbargo que no hay un reconocimiento por parte de las instituciones, ya que “el problema es que no existe una traducción de la ley escrita a la realidad con las personas refugiadas que ya cuentan con un documento expedido por el INM, los servidores públicos que ni siquiera reconocen el documento que los acredita como refugiados”.
LA VIOLENCIA
De acuerdo con el informe presentado, en México se documentaron “casos de abusos y crímenes en contra de personas migrantes por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Esto incluye casos de masacres de decenas de migrantes así como secuestros masivos de los mismos”.
En el caso de los niños, el documento informa que los menores frecuentemente son víctimas de abusos verbales, violencia explotación maltrato y abandono.
“En cuanto a las mujeres migrantes, la violencia sexual se ha convertido en una parte del recorrido en su tránsito hacia Estados Unidos, y además se ven amenazadas por la trata con fines de explotación sexual o prostitución ajena”, precisó el texto.
El informe presentado por la CIDH detalló que la violencia que se vive en México, como en otros países, es un factor importante en la toma de decisiones para garantizar seguridad a los migrantes y explica que “la situación de violencia generalizada que afecta algunos países de la región , también ha llevado a que muchas personas se vean forzadas a migrar de sus países de origen o a desplazarse internamente como consecuencia de temores fundados en persecución”.
Lo que refiere a México, la CIDH comentó que “el incremento de violencia criminal durante los últimos años ha tenido un impacto especial sobre las personas en movilidad. Esto ha planteado desafíos sumamente complejos para el Estado mexicano, por lo que requiere que el Estado adopte medidas para salvaguardar la seguridad de las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción”.
