@guerrerochipres

Dos logros fundamentales con escaso precedente en materia de detención de objetivos generadores de violencia ocurrieron en una sola semana.

Y esto sí es singular: tanto el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Ejecutivo que lidera Claudia Sheinbaum Pardo en la capital nacional, demostraron casi simultáneamente la valía del argumento fáctico, el que habla mediante hechos.

En contraste con cualquier elaboración únicamente retórica, el impacto social para quienes participan de la empresa delictiva como para quienes la combaten y quienes la sufren como ciudadanos, es generar una percepción de capacidad institucional frente a la inseguridad.

Se favorece la seguridad y el combate a la impunidad mediante denuncias, operación e inteligencia policial y las detenciones que resultan de ello, especialmente las dirigidas a los centros de operación —en términos de recursos humanos, financieros, redes territoriales— de los organismos delictivos de alta peligrosidad.

Habrá argumentos y observadores a favor del intento de localizar en la DEA una parte fundamental de la operación —lo cual es difícil de sostener hasta para la corporación estadounidense que ya ha sido corregida por su Gobierno—, como los habrá también en el sentido de que lo más importante no son las detenciones, sino el tamaño del problema que esas mismas detenciones ilustran.

Por supuesto el problema es grave. Y también, como se dice con frecuencia, el Gobierno no está cruzado de brazos.

A nivel internacional la recaptura de Rafael Caro Quintero y a nivel regional en el centro del país la detención de diez individuos integrantes de organismos delictivos que operan en esa zona, pero cuyas comandancias originariamente se encuentran en el occidente y en el noroeste del país, son noticias positivas.

Ambos casos son parte del mismo ciclo de tendencias paradójicas: de un lado las capacidades del Estado mexicano son exhibidas cuando existen determinación política y capacidad técnica en convergencia, y del otro, no se conoce del todo la causalidad de la inhibición aparente de esas mismas capacidades.

Caro Quintero pasó los últimos meses escondido en Choix, luego de que en 2013 fuera liberado en cumplimiento a un amparo; Milenio ha presentado evidencia de cómo pudo haberle ayudado el Gobierno de Enrique Peña Nieto a su expedita salida.

De los 10 detenidos dice muchísimo la capacidad y determinación ciudadana de denunciar a personas con armas, conectados con zonas donde la economía informal linda con la ilegalidad abierta vinculada a secuestros, talamontes, linchamientos y extorsión.

El diplomado que organizamos la Universidad Iberoamericana y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y que abordará el gran asunto de la seguridad a partir del 16 de agosto próximo, tiene ahora nuevos datos que son semejantes a los de un ciclo histórico iniciado en los años 80, en que la delincuencia organizada se convierte regionalmente en la primera amenaza contra la seguridad.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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