Mucho se ha escrito sobre el intento del Congreso de Baja California de extender el Gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años. No es para menos. Esta acción es un despropósito y constituye un precedente antidemocrático que podría ser replicado en Congresos de otros estados o en el Congreso de la Unión. Sin embargo, la llamada “Ley Bonilla” no es el único precedente de este tipo gestado recientemente en un Congreso estatal.

Esta semana, desde el otro extremo del país, se confirmó otra acción antidemocrática que tendría que ser tomada muy en serio: el Congreso de Yucatán decidió utilizar una votación secreta para rechazar modificaciones legales que permitirían garantizar el pleno reconocimiento del matrimonio igualitario.

No es la primera vez que las legisladoras y legisladores de ese estado recurren a esta forma de votación para rechazar la misma iniciativa. Apenas en abril, 19 representantes decidieron no aprobarla mediante voto secreto. El resultado entonces fue de 15 votos en contra y de 9 votos a favor. La iniciativa modificada por comisiones obtuvo el mismo resultado esta semana -aunque, tal como explica un reportaje de Diario de Yucatán, no todos los legisladores habrían votado en el mismo sentido en ambas ocasiones.

Aunque el rechazo al reconocimiento pleno del matrimonio igualitario en Yucatán fue reportado en la prensa nacional e internacional, el empleo del sistema de la votación secreta puede ser opacado por el rechazo inconstitucional e inhumano de una iniciativa que busca garantizar los mismos derechos a todas las personas. Dado que este sistema podría ser replicado en otras partes del país, vale analizar con detenimiento de dónde surgió esta posibilidad, cómo fue justificada y los motivos reales que se esconden tras su implementación.

La pregunta inicial obligada es cómo fue posible que el Congreso de Yucatán cuente con la posibilidad de recurrir a un método descaradamente antidemocrático. La respuesta a esta pregunta pasa por considerar que la votación secreta, o “votación por cédula”, es una posibilidad contemplada en los reglamentos del Congreso de Yucatán -y posiblemente de otros Congresos en México-. Se supone que este tipo de votación existe en Yucatán para elegir a las personas que integrarán los consejos de organismos autónomos, pues la idea es que, al no conocer quienes votaron por ellas, las personas elegidas tendrán favores que devolver a quienes las seleccionaron.

En Yucatán, la redacción del documento legal donde se establece lo anterior es ambigua y no incluye textualmente una prohibición del empleo de este método más allá de su propósito original. Sin embargo, es, por decir lo menos, cuestionable si el Congreso tiene la facultad de votar cualquier iniciativa en secreto; es decir, si debería poder utilizar este mecanismo para un fin distinto para el que fue establecido o si lo ha hecho de forma tramposa y legalmente disputable.

Y es que es fácil notar que un escenario con un Congreso legislando anónimamente y votando en la oscuridad es un contrasentido. Si ésta fuera la constante sería imposible conocer, cuestionar y llamar a cuentas a las personas que dicen ser nuestros representantes. Justamente por estos motivos, existen dos amparos presentados Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán contra el uso de la votación secreta. El resultado de los amparos en curso es relevante para todo el país, pues podría tener alcances dentro y fuera de Yucatán.

Sabemos cuál fue la puerta por la que quienes mandan en el Congreso de Yucatán introdujeron el método votación secreta. Ahora nos falta una justificación; es decir, una explicación de por qué la iniciativa del matrimonio igualitario, y no algún otro tema previo, ameritó abrir esta puerta por primera vez.

Si bien algunas diputadas y diputados locales intentaron justificar el uso del voto secreto, su explicación al público fue francamente ridícula. El pretexto para emplear la votación por cédula fue la “seguridad” de las diputadas y diputados locales. A su vez, esta “preocupación” se deriva de las supuestas amenazas o presiones que han sufrido en redes sociales.

El problema es que esta justificación no se sostiene y termina rayando en lo ridículo. Por principio de cuentas, si la seguridad de quienes nos representan fuera pretexto para votar en secreto, entonces los Congresos locales de los estados con más violencia o incluso con asesinatos de políticos podrían siempre emplear este pretexto. Incluso en Yucatán existen votaciones que lucen mucho más riesgosas para la seguridad de las legisladoras y legisladores.

Por ejemplo, el mismo día en que fue rechazado el matrimonio igualitario se aprobó, sin mayor revisión u oposición, un endeudamiento multimillonario para comprar cámaras de video y equipo de seguridad. Si este endeudamiento sirve para lo que se ha anunciado, entonces los criminales tendrían que ser los más afectados. Pero entonces resultaría que quienes usaron la votación secreta para rechazar el matrimonio igualitario tienen más miedo al grito de las personas discriminadas que alas posibles represalias crimen organizado.

A lo anterior tenemos que sumar que Yucatán es de los estados más seguros del país, y que no hay denuncia formal alguna por estas supuestas “amenazas”. En consecuencia, debemos concluir que estamos ante un uso tramposo de la polarización en redes sociales como justificación para votar en secreto. Las implicaciones son evidentes: si esta fuera una explicación válida para Yucatán, congresos en todo el país podrían empezar a votar todas sus iniciativas en secreto basados en la polarización en Facebook o Twitter.

La votación por cédula en Yucatán es un método contemplado en el reglamento, pero su uso para fines distintos a su razón de ser es tramposo y probablemente ilegal. Además, el pretexto para votar en secreto en es ridículo e indefendible. Pero una justificación tan irracional como la que han planteado obliga a preguntar por qué las diputadas y diputados locales decidieron votar en secreto, a pesar del evidente sinsentido que ello representa. La respuesta corta a esta pregunta fue gritada con claridad por activistas cuando terminó la sesión en que se rechazó el pleno reconocimiento al matrimonio igualitario: la votación fue secreta por simple y llana cobardía.

Para ver de dónde viene esta cobardía es necesario considerar la enorme presión que se generó en Yucatán en las vísperas de las votaciones sobre la iniciativa para reconocer plenamente el matrimonio igualitario. No es exagerado afirmar que no hay registro de una legislatura local y de una iniciativa que hayan generado tanto interés y reflectores en ese estado -normalmente lo que ocurre en el Congreso local y los nombres de las personas que coordinan las bancadas pasan de noche-. Sin embargo, gracias a esta iniciativa, a la cobertura en la prensa local y nacional de este proceso y a las declaraciones discriminatorias de Felipe Cervera Hernández (PRI) y Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) -los coordinadores de las dos principales bancadas en el Congreso -, el interés y la presión se incrementaron exponencialmente.

A esta reacción adversa al Congreso hay que sumar que es un hecho conocido que la amplia mayoría de las personas jóvenes en México aprueban el matrimonio igualitario. De acuerdo con la Encuesta Intergeneracional Sobre Actualidad Latinoamericana, elaborada con el apoyo del Fondo de Población de las ONU, entre 7 y 8 de cada 10 personas menores de 35 años están a favor de reconocer plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y de “reconocer todos los derechos que ello implica”.

Lo importante para efectos de este análisis es que como consecuencia de la presión visible y de este fenómeno bien documentado, el costo político de rechazar abiertamente el reconocimiento pleno al matrimonio igualitario se volvió impagable. Aunque diputadas o diputados nieguen este costo, es posible argumentar que su reconocimiento de esta realidad puede ser fácilmente inferido de sus acciones.

En primer lugar, el PRI cambió radicalmente su estrategia. De un discurso discriminatorio e intentos de minimizar el movimiento proderechos, su coordinador pasó a hablar del matrimonio igualitario como un derecho humano del que no había nada que discutir. Sin embargo, un estimado de Diario de Yucatán deja ver que el coordinador de los priistas en el Congreso y la mayoría de los integrantes de esa bancada, habrían votado en contra. Por su parte, el PAN pasó de las burlas y desplantes de su coordinadora y de las declaraciones del diputado Manuel Díaz comparando el matrimonio entre persona del mismo sexo con animales en la primera votación al silencio total en la segunda. Sin embargo, la votación secreta permitió que buena parte del PRI y casi todo el PAN votaran contra la iniciativa proderechos.

El método de votación secreta también habría sido aprovechado por la bancada de Morena, un partido supuestamente progresista, para votar esta semana, en silencio y sin hacer olas, contra el matrimonio igualitario. Ante la posibilidad de votar en secreto, la bancada de Morena en el Congreso de Yucatán despreció los exhortos del dirigente local de ese partido, las sanciones a representantes antiderechos de Morena otros estados y las declaraciones del presidente. Ninguno de estos representantes quiso mostrar a las cámaras el sentido de sus votos.

Pero, más allá de los detalles específicos, la lógica antidemocrática que vimos esta semana en Yucatán es relevante para todo el país por dos motivos principales. El primero es lejano y circunstancial, pero digno de ser colocado sobre la mesa: lo ocurrido en el Congreso local muestra el estado de la democracia y del respeto a los derechos humanos en un estado gobernado por un individuo -Mauricio Vila- que aspira a ser candidato del PAN a la presidencia. Lo ocurrido en el Congreso, y particularmente la posición de toda la bancada del PAN -con la notable excepción de Kathya Bolio- no se explica sin el visto bueno y total respaldo del gobernador del estado.

El segundo motivo por lo ocurrido en Yucatán puede ser relevante para todo el país es, sin embargo, mucho más importante e inmediato: de lo comentado arriba se desprende que la votación secreta sólo puede ser explicada como una forma de evadir la rendición de cuentas y de evitar así, cobarde y tramposamente, el costo político de decisiones injustificables. Y, siguiendo la misma lógica, Congresos en otras partes de México pueden pasarse por el arco del triunfo la constitución, los derechos humanos y la democracia.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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