Y casi dos años después, totalmente a destiempo dicen los especialistas en transparencia y rendición de cuentas, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo:

“Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos”.

Lo dijo ayer durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Palacio Nacional, el mismo día en que Virgilio Andrade Martínez renunció a la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cargo al que llegó el 3 de febrero de 2015, completamente a destiempo, porque esa responsabilidad estuvo acéfala desde 2012.

El que el Presidente no nombrara desde el primer día de su sexenio a un titular de la Función Pública –cuya obligación es vigilar el desempeño de los servidores públicos federales, auditar el gasto de recursos federales y “consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente”, como dice en su página web– fue interpretado por organizaciones de la sociedad civil y por expertos en la materia como una muestra de desprecio a la transparencia por parte del nuevo Gobierno federal.

Luego, el 9 de noviembre estalló el escándalo “casa blanca”, derivado de una investigación realizada por el equipo de Aristegui Noticias, donde se reveló que el Primer Mandatario y su esposa, Angélica Rivera Hurtado, eran propietarios de la residencia ubicada en Sierra Gorda número 150, en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares de entonces, según un avalúo independiente contratado para esta investigación– era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, uno de los consorcios más favorecidos con contratos por millones y millones de pesos de parte del actual Gobierno federal y, antes, en el Estado de México, por la administración que comandó el propio Peña Nieto.

El escándalo pronto alcanzó dimensión nacional e internacional, y se volvió indignación cuando la propia esposa del Presidente salió a dar la cara públicamente –él no lo hizo y la mandó por delante– y afirmó haber ganado el dinero para pagar la “casa blanca” con su trabajo como actriz de Televisa, cosa que fue refutada por otras actrices que como ella han sido consideradas en su tiempo las mejores pagadas de esa empresa.

El daño a la imagen del Presidente y de su administración fue aún mayor cuando la prensa extranjera publicó que Grupo Higa –propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú– prestó una propiedad para la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, y que la familia San Román –otra con quienes el Presidente y algunos de sus integrantes del Gabinete llevan una cercana relación– le vendió al mandatario una mansión en Ixtapan de la Sal, además de Grupo Higa financió al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, una residencia de retiro en una exclusiva zona de Malinalco, Estado de México.

Las críticas fueron, y han sido incesantes. Por eso al Presidente no le quedó otra que, a destiempo, nombrar a Virgilio Andrade como titular de la SFP. Esa elección fue otro error costosísimo: el nuevo Secretario era un amigo muy cercano de Videgaray Caso, y así las sospechas no hicieron sino crecer. Esas dudas sobre la imparcialidad de Andrade se corroboraron el 21 de agosto de 2015, cuando el titular de la Función Pública informó que ni el Presidente ni su esposa incurrieron en conflicto de interés en la compra de su casa de las Lomas de Chapultepec. En esa ocasión también exoneró a Videgaray Caso por su residencia en Malinalco, al comprobar, dijo entonces, que no existió conflicto de interés en los contratos de compra-venta de dicha propiedad.

Estos escándalos marcaron por el lado de la opacidad y la poca disposición a la transparencia al sexenio de Enrique Peña Nieto y los han exhibido internacionalmente.

Lo de ayer, de acuerdo con especialistas, no es sino un intento por congraciarse con los ciudadanos que lo tienen ubicado, de acuerdo con las encuestas, como el Presidente con la menor aceptación en la historia.

Peña Nieto está tratando, como sea, de rescatar un poco de lo mucho que dejó ir en estos 3 años y 8 meses de administración, por mantener oídos sordos y ser ciego no sólo a las exigencias ciudadanas sino incluso a sus propios excesos, a los de sus funcionarios más cercanos y a los de otros gobernantes del PRI.

Ahora, en una condición endeble por el fracaso del Gobierno federal en prácticamente todos los rubros, con su partido en crisis y hasta con sus otrora gobernadores fieles armándole rebeliones en diversas partes del país, el Primer Mandatario trata, muy a destiempo, de enderazar un barco que un mar de errores se comenzó a tragar incluso apenas unos meses después de haber comenzado su expedición.

Es por eso que el escenario sobre el tema de la “casa blanca” se ve peor para el mandatario porque abre aún más dudas. Si el reconoció el “error” y pidió perdón, ¿qué es lo que sigue?: ¿Qué es lo corresponde aplicar jurídicamente a un Presidente que está reconociendo su culpa? ¿Se actuará para reabrir el caso “casa blanca”, una investigación por la que, además, un equipo de periodistas encabezado por Carmen Aristegui fue despedido? ¿Se exigirá al nuevo titular de la SFP que vaya contra Peña Nieto y Videgaray? ¿El hecho de que un Presidente mienta en un tema tan delicado alcanza para exigir su renuncia?

Porque, otra vez, si no hay consecuencias entonces el perdón para el Presidente no sólo no va a llegar sino al contrario: la fractura que muestra la sociedad con su Gobierno y su partido se hará todavía más profunda. Todo por actuar a destiempo.

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

Rita Varela Mayorga

https://www.sinembargo.mx/author/ritavarela

Periodista especializada en economía y finanzas. Fundadora y Directora de Información de SinEmbargo.mx, fue también Directora de la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios, Directora Editorial de El Economista y Editora en el diario Reforma. Es consultora editorial y ha participado en procesos de reingeniería de una decena de medios de comunicación nacionales. Además es coautora de los libros Los Suspirantes (Editorial Planeta, 2005); Los Amos de México (Editorial Planeta, 2007); Los Suspirantes 2012: Los precandidatos de carne y hueso (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2012), y Los Suspirantes 2018: La carrera por la Presidencia de México (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2018).

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