El sector de salud pública en México es uno de los que registra uno de los niveles más bajos de inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con expertos, las quejas por desabasto de medicamentos y escándalos por negligencias médicas en todo el país, responden a una crisis, no sólo económica, sino de corrupción sistemática y un manejo inadecuado de los recursos.
Para algunos es una estrategia premeditada del gobierno mexicano y está encaminada a privatizar la salud y adoptar el modelo anglosajón, en el que son los ciudadanos quienes a través de la compra de seguros médicos se hacen responsables de su salud.
En México existe desabasto de medicamentos, doctores, enfermeras y camas para atender a la totalidad de la población derechohabiente. En contraparte, hay subdirectores y directores de los subsistemas de salud que tienen hasta dos choferes y seguros de gastos médicos para hospitales privados, acusan quienes conocen del tema.
Una repartición desigual, que deja en desventaja al paciente que al final del día, en el mejor de los casos, debe esperar hasta tres horas para agendar una cita en su unidad médica y si tiene un poco de suerte, obtener una atención que no comprometa más su salud y no termine en una negligencia médica.
En general, en el sistema de salud público actual existen 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada mil habitantes.
México está por debajo de Alemania, que cuenta con 101 camas por cada mil habitantes. El país es menos eficiente que Afganistán, que tiene cuatro camas por el mismo número de personas.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Margarita Vázquez Pérez es afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y padece diabetes, hipertensión, colesterol y otras enfermedades degenerativas. La mujer de 57 años espera de pie a las afueras de la entrada de urgencias del Centro Médico Nacional La Raza, ubicado al norte del Distrito Federal. Su hija se encuentra recibiendo atención en Urgencias y ella permanece a la espera de noticias desde hace una hora en la banqueta ubicada sobre Paseo de las Jacarandas.
A pesar de que el IMSS ocupa el primer lugar en el número de denuncias por negligencias médicas al año, Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), a Margarita la seguridad social pública le ha funcionado: siempre la atienden conforme a la hora de la cita y no tiene problemas para surtir el medicamento que le recetan los médicos para paliar su diabetes en las farmacias de Instituto.
Pero reconoce que es cuestión de suerte: “yo no he tenido ningún problema con el seguro, pero es la suerte de cada quien. Tengo una hermana que siempre está peleando por la mala atención, porque dice que no hay ni aspirinas. Conozco gente que se queja del servicio, pero pues, en mi caso he tenido mucha suerte”.
En ese mismo hospital, dos niños no tuvieron tanta suerte: fueron infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Servicio de Aféresis y de Transfusiones por negligencia, y el caso trascendió porque sus familiares ganaron una batalla legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este año. Los pequeños serán indemnizados por un millón 336 mil pesos cada uno.
Tampoco la fortuna estuvo a favor del bebé Fernando Valdez Gastélum cuando fue intervenido quirúrgicamente por el oftalmólogo Armando Cisneros Espinoza el 26 de junio pasado, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS de Ciudad Obregón, Sonora, y quien en lugar de extraerle el ojo izquierdo por un tumor canceroso, extrajo el derecho y lo dejó completamente ciego
Los casos de estos niños no son únicos. En 2014 la Conamed recibió dos mil 050 quejas, de las cuales el IMSS lideró con 925. En el sector privado, por ejemplo, sólo se recibieron tres denuncias.
De las gestiones por especialidad derivadas de las quejas que la Conamed recibió el año pasado, medicina familiar lidera la lista con 185 casos, seguida de ortopedia general con 145; urgencias médicas, 109; cirugía general, 100 y medicina interna, 89.
EL ROSTRO DE LA MALA SUERTE
La “mala suerte” entonces, de acuerdo con los expertos en el sector salud en México, tiene un rostro concreto y no es propiamente el azar: se trata de uno de los presupuestos más pobres entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una fallida distribución de los recursos, reformas que no abonan a la mejora de la atención médica y como muchos otros temas en el país; una corrupción sistemática en todos los niveles de la cadena de suministro: desde la compra de un naproxeno, construcción de hospitales y equipo del más costoso.
Existe también, coinciden los expertos, una estrategia del gobierno mexicano, desde las administraciones panistas, de hacer creer a la población que los subsistemas del sector de salud público, donde se atiende a la mayoría de la población, están en quiebra: el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hasta el programa más ambicioso de la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, con el único objetivo de privatizar la salud para adoptar el modelo anglosajón, en el que la población es la que compra paquetes de seguros médicos.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayor parte de la población derechohabiente, un 85 por ciento, se encuentra afiliada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), constituido por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación.
Un porcentaje muy marginal de la población, 2.8 por ciento, se atiende en instituciones privadas, sin que este dato signifique que esta cantidad de mexicanos cuenten con los recursos para pagar un Seguro de Gastos Médicos Mayores o para pagar la cuenta de un hospital privado cuando se requiere.
De acuerdo con Miguel Ángel González, director de Servicios a Programas de Salud de la práctica de Salud de la consultora PricewaterhouseCoopers México (PwC), 16 por ciento de ese 2.8 por ciento se atiende con médicos en puntos de venta, es decir, consultan en las farmacias, un servicio que está de moda y que se ha popularizado entre la población.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que dos terceras partes de la población infantil de cero a 14 años y de los adultos de 30 a 59 años, están afiliadas en alguna institución de salud.
Los adultos mayores tienen la mayor cobertura con más de 70 por ciento, pero los jóvenes de 15 a 29 años, presentan el acceso más bajo.
“El sistema público es muy importante. Ha sido construido con mucho esfuerzo y es patrimonio de todos los mexicanos. Hay que defenderlo. Sí quieren privatizar. El IMSS y el sector, desde 1982, ha sido desmantelado y privatizado selectivamente”, dice Oliva López Arellano, del departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
López Arellano explica que el presupuesto en salud en 1982 era del 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para la administración del Presidente panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), el porcentaje cayó a 2.7 por ciento y sólo sufrió una recuperación hasta 2007, con la implementación del Seguro Popular de la Secretaría de Salud.
Actualmente es de 3.1 por ciento, uno de los más bajos de la OCDE, precisa Oliva López Arellano.
“El gasto en seguridad social está castigado, el pastel de los recursos no se incrementa sustancialmente. Sí hay un empuje al Seguro Popular, porque este modelo es lo que se busca implementar con el concepto de universalidad. Esto busca reducir los servicios del IMSS y plantear un Seguro Universal con un paquete básico para primero y segundo nivel de atención. Es una propuesta regresiva. Por eso hay una política para no fortalecer al IMSS”, explica.
El presupuesto para el IMSS este año es de 497 mil 695 millones de pesos, es decir un aumento de sólo 4.2 por ciento respecto a 2014.
El del ISSSTE es de 208 mil millones de pesos y el del Seguro Popular asciende a 74 mil 539 millones de pesos.
“La lógica que prevalece es el modelo norteamericano, a partir de seguros médicos, con un cierto número de paquetes de intervenciones y que la gente pague lo adicional. Todo es seguro básico, si uno tiene otros problemas que la gente lo pague, esa es la idea. Estamos en la ruta. Como el sistema de salud colombiano, que ha mostrado muchos problemas y un gran agotamiento con un sistema que es el Seguro Popular llevado a su máxima expresión”, dice.
De acuerdo con el artículo “¿Hacia donde debe ir el sistema de salud en México? una perspectiva desde el derecho a la salud”, escrito por López Arellano y Edgar C. Jarillo, la falta de financiamiento de la salud pública afecta al fondeo del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, principalmente por la privatización del fondo de pensiones que se dio en la reforma de 1997 con el ex Presidente priista Ernesto Zedillo Ponce de Léon (1994-2000).
0.45 MÉDICOS POR HABITANTE
El déficit del IMSS para invertir en infraestructura médica es de 60 mil millones de pesos. De 1982 a 2006 la capacidad instalada de consultorios por cada mil habitantes cayó de 1.2 a 0.4.
En general, en el sistema de salud público actual existen 0.45 médicos, 2.5 enfermeras y 0.71 camas por cada mil habitantes.
México está por debajo de Alemania que cuenta con 101 camas por cada mil habitantes. El país es menos eficiente hasta que Afganistán, que ostenta cuatro camas.
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán son los estados con menos médicos. En el Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima hay entre 1.6 y 2.7 médicos por cada mil habitantes.
En Chiapas el sacerdote jesuita y vicario episcopal de la zona tzotzil de la diócesis de San Cristóbal de la Casas, Pedro Arriaga, dijo en 2013 a SinEmbargo, que las condiciones de las clínicas en las poblaciones indígenas de la zona, son lamentables.
“Lo veo ahí en Chamula [San Juan], donde sí hay clínicas, pero están sin médicos, una infraestructura de pobreza tremenda. Al hospital de Las Culturas en San Cristóbal, le decimos el hospital de las sepulturas. Es muy desesperante ver que la gente se muere”, narró el sacerdote.
En el hospital regional en una ocasión se “sacaron las sábanas desgarradas a asolearse a la calle”, contó el Vicario.
En cuanto al acceso a la salud, la cobertura es deficiente: 30.9 por ciento de los pueblos rurales con entre mil 500 y dos mil 500 habitantes, no tienen un centro médico.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 alrededor de 38 millones de personas presentaban carencia de acceso a la salud.
Aunque el Seguro Popular constituye un avance importante para mejorar el acceso a la salud de los mexicanos, según datos de PwC hasta 2013 el 20 por ciento de la población aún no estaba afiliada a esta modalidad de servicio. Mientras que 13 por ciento del padrón está duplicado con población derechohabiente del IMSS o del ISSSTE.
SÍ HAY DINERO PERO MAL EMPLEADO
Contrario a lo que sucede en el promedio mundial de la OCDE, donde solo 4 por ciento de la inversión en salud pública se destina al pago de nómina y gastos administrativos, en México es del 12 por ciento.
Los subsistemas públicos están golpeados también por el pago de pensiones. Sólo en el ISSSTE este rubro representa 60 por ciento de su presupuesto.
De acuerdo con los expertos en salud, en México, aunque el presupuesto no es el idóneo, con lo que hay se podría brindar un mejor servicio a la población.
“Hay una campaña desde que tomaron el poder los panistas de exagerar esta visión del IMSS y del ISSSTE de que están en quiebra. Cuando en realidad lo que tenemos son reformas fallidas que comprometieron su viabilidad financiera: en el primer caso la reforma de Zedillo que despojó al IMSS de su principal fuente de recursos para financiar la atención médica y, en el caso del ISSSTE, la reforma de [Felipe] Calderón en 2007”, explica el experto Gustavo Leal Fernández.
Leal indica que los recursos asignados a la salud en México deberían ser utilizados bajo un criterio clínico distinto, pues no se destina a priorizar en criterios sanitarios, sino que se emplea en la administración.
En cada estado del país, detalla, hay un aparato obeso, que replica los cargos que ya se tienen a nivel federal. Es decir, hay que multiplicar por tres la administración de los recursos.
“No hay criterios médicos precisos para atacar las epidemias que están matando a la gente en México, como en el Reino Unido, en donde los cánceres y los accidentes cerebro vasculares, están siendo atacados con recursos y con políticas preventivas de alto calado. Nosotros no tenemos nada de eso, se gasta un formidable recurso en un criterio administrativo y a eso hay que sumarle la corrupción”, argumenta.
Para Gustavo Leal, la actual administración no ha respondido a las principales demandas del sector que tienen que ver con la mejora de los servicios, la ampliación del catálogo de beneficios en el IMSS y el ISSSTE, pues los mexicanos están muriendo de epidemias crónico degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión y SIDA.
Sin embargo el gobierno ha restringido paulatinamente el catálogo de beneficios, incluso los que ofrece el Seguro Popular.
A las demandas de la población se suman las que realizan los médicos y enfermeras. Los equipos que atienden a la población demanda que 60 por ciento de las patologías se atiendan en el primer nivel de atención y reservar el 40 por ciento a los hospitales de especialidad.
Gabriela Luna Ruiz, especialista en Economía de la Salud de la Universidad Iberoamericana, indica que debería reducirse sustancialmente el gasto administrativo.
“No entendemos por qué cada director general tiene uno o dos choferes. Porque como parte de las prestaciones de subdirectores para arriba, con nuestros impuestos se tienen que pagar seguros de gastos médicos privados. Algo que tiene muy poco sentido”, dice.
Luna Ruiz explica que alrededor de 30 por ciento del personal administrativo en el sector Salud, tiene seguros de gastos médicos privados.
“Es muy respetable que no se quieran atender en los hospitales públicos, pero que paguen sus seguros de sus bolsillos. Esto no incentiva la creación de mejores clínicas y mejor servicio”, indica.
El desabasto de medicamento es otro de los problemas que un derechohabiente debe librar. Se estima que 33.6 por ciento el gasto de bolsillo que realizan los pacientes, tiene que ver con la compra de medicina que no surten las farmacias del sector público.
“Por ejemplo, en el ISSSTE no daban ni siquiera la insulina. Hay alrededor de un 30 y 35 por ciento de desabasto en general”, dice.
Luna, Leal y López Arellano coinciden en que la compra de medicamento es uno de los rubros en donde hay mayor corrupción con las farmacéuticas.
“Hay diferencias muy marcadas de cómo se compra un mismo medicamento de un estado a otro. Hay hasta mil por ciento de diferencia en los precios”, dice Oliva López Arellano.
Por ejemplo de acuerdo con artículo “”Organización del abasto de medicamentos en los servicios estatales de salud. Potenciales consecuencias de la mezcla público-privada”, publicado en la revista Seguridad Pública en México, entre 2005 y 2006 se compró la insulina en Guanajuato a 50.90 pesos al proveedor, mientras que en Yucatán a 158 pesos. Ese año se vendió en las farmacias al público a 174.30. Es decir, la variación en las compras de las entidades entre el máximo y el mínimo costo de este medicamento fue de 310 pesos.
EL PROBLEMA ES LA CALIDAD
Para Miguel Ángel González, de PricewaterhouseCoopers México (PwC), el problema de México en salud, es de calidad.
Uno de los ejemplos principales es el manejo de la diabetes, la primer causa de muerte en el país, pues a pesar de que entre 60 y 80 por ciento de los enfermos de diabetes lograron acceso a servicios médicos de manera regular, menos de 30 por ciento logran los indicadores de calidad necesarios para evitar complicaciones.
Las guías prácticas para el manejo de la diabetes indican un manejo temprano de la insulina, pero en México cuando una persona inicia con este medicamento es porque ya su manejo es complicado y la diabetes avanzó.
Los médicos del sector público en el país se abstienen de iniciar con un manejo de insulina temprano, debido a la pobreza de los pacientes.
Hay enfermos que ni siquiera tienen recursos para comprar las jeringas que deben usar dos o tres veces al día.
Ante este panorama, entre 80 y 85 por ciento de los enfermos de diabetes en el país tienen alguna complicación de la enfermedad.
Margarita Vázquez Pérez padece el mal desde hace años, pero sus médicos hasta el momento, no le han recetado insulina.
A las afueras del Centro Médico Nacional La Raza, rodeada de puestos de tacos, caldos de gallina y comida chatarra, bromea y dice que tiene todos los padecimientos juntos a sus 57 años.
“Tengo diabetes, hipertensión, colesterol alto. Todas las enfermedades tengo, pero aquí me atiendo en el seguro”, indica.
Vázquez Pérez se siente afortunada. Hasta el día de hoy no ha tenido problemas con el IMSS y nunca ha buscando el servicio médico privado.
Pero a unos pasos de Margarita está sentada, en una de la jardineras, Mercedes Arbez Ché. La mujer es originaria de Campeche y desde hace ocho días está en la Ciudad de México, pues a su sobrina le diagnosticaron desprendimiento de retina en un ojo.
Mercedes como Margarita, también padece diabetes y se atiende a través del Seguro Popular en una clínica de la Secretaría de Salud de su pueblo.
Hasta la fecha siempre ha podido surtir su receta médica, pero en cuestión de atención, no todo lo ha dejado a la fortuna como Margarita.
“Una vez me enfermé y traía una molestia muy grande, ya no aguantaba. Si iba al Centro de Salud, pues eran unas tres horas de espera para que me atendieran, además me sentía muy mal. Fui con un particular y me curó rápido”, cuenta.
La mujer que se dedica a vender frutas, lavar y planchar ajeno en su pueblo, pagó 500 pesos por una consulta con un médico privado, porque “no confiaba en el seguro”.
