Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La situación de vulnerabilidad en que se encuentran defensores de derechos humanos y periodistas, específicamente en el sur del país, se agrava, aseguraron organizaciones oaxaqueñas integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Según registros de la Red TDT entre 2012 y 2013 se han presentado 44 agresiones contra activistas, lo que coloca a Oaxaca como el estado con mayor índice de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos precisaron que la mayoría de las agresiones se presentan en las comunidades que se oponen a megaproyectos mineros en San José del Progreso o Santa María Zaniza, en los pueblos campesinos que defienden su derecho al agua, así como entre los activistas que exponen y denuncian casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el contexto político.
“Creemos que esta situación es consecuencia también de la falta de justicia en el estado. Nos parece que la falta de acceso a la justicia, permite esta grave situación, porque no hay sanción en los casos denunciados”, afirmó Alba Cruz Ramos, Coordinadora Jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).
El caso más reciente es el del abogado de origen mixteco, Herón Sixto López, representante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas. Quien fue sacado por la fuerza de su oficina el pasado 15 julio. Y hasta hoy, las autoridades no tienen pistas sobre su paradero.
Herón Sixto defiende los derechos de los pueblos indígenas en la zona triqui y representa legalmente a personas indígenas en procesos legales.
“Lo que sabemos es que fue sacado de su domicilio, por unos hombres que no fueron identificados por sus vecinos. Las autoridades lo único que dicen es que ya tomaron cartas en el asunto, que lo están buscando, que están haciendo las investigaciones, pero pasan los días y Herón no aparece”, detalló Alba Cruz.
Otro caso reciente que se mantiene en la impunidad, es el asesinato del periodista Alberto López Bello, del diario El Imparcial. El 17 de julio, la Procuraduría General de Justicia oaxaqueña encontró el cuerpo del reportero de la sección policiaca del periódico local, junto con un acompañante que no identificó, en Trinidad de Viguera, en el municipio de Oaxaca de Juárez.
A decir del comisionado de la policía estatal, César Alfaro, los cuerpos presentaban “lesiones contundentes” y había piedras a su alrededor.
En mayo pasado, Alberto López, junto con otro periodista del mismo diario, Jacobo López, fueron detenidos por la Policía Estatal por fotografiar una manta que contenía amenazas a la corporación policiaca.
Las organizaciones externaron su preocupación sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos en contra de activistas, así como por la criminalización de la protesta social.
Lamentaron, además, que Oaxaca se encuentra entre los estados más peligrosos para ejercer el derecho a la defensa y promoción de los derechos humanos, según el informe más reciente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado en el estado.
AUTORIDADES INVOLUCRADAS EN AGRESIONES
Las organizaciones denunciaron que autoridades locales y municipales están involucradas en las agresiones contra defensores y periodistas en Oaxaca.
“Han sido amenazas telefónicas, amenazas de muerte. En los casos de periodistas tenemos el caso de un medio local que se agredió físicamente, se lesionó a un periodista. Otra compañera, Ixtli Martínez (periodistas y corresponsal de MVS Radio) fue agredida en una manifestación. Otros más agredidos tanto pública como privadamente. (…) Son agredidos tanto como por personas civiles como por autoridades”, Alba Cruz Ramos, Coordinadora Jurídica del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
Ante esta situación los activistas presentaron la campaña Defendamos la Esperanza, que tiene como fin destacar la importante labor que desempeñan las personas defensoras en la entidad e invitar a la ciudadanía a apoyar la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, llamaron al gobierno de Oaxaca a coordinarse con las autoridades federales para implementar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en la región.
“La importancia de que las autoridades estatales hagan un reconocimiento público de la labor de las personas defensoras en la región, y que pongan fin a la impunidad existente en los casos de agresiones, a través de investigaciones efectivas de las denuncias que han sido presentadas”, afirmó Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red TDT.
A nivel nacional, las amenazas contra periodistas son un tema de preocupación creciente. Del año 2000 a la fecha, el 91 % de las agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación permanecen impunes, alertó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que de 143 casos registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 47 fueron consignados ante autoridades judiciales y de ellos solamente en 12 se ha dictó sentencia condenatoria.
La Senadora de la Peña indicó, además, que cifras oficiales reconocen que se han cometido a la fecha 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos particularmente en los estados de Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y Baja California. Solamente en estos cuatro estados se concentra el 41.5 por ciento de las agresiones.
“Lo fundamental es que haya justicia, si no hay justicia frente a crímenes, si siguen sin ser solucionados y se castiga los responsables, pues obviamente el mensaje que estamos mandando es que en ese estado se puede seguir matando a periodistas y defensores de derechos humanos y no pasa nada. Es decir existe impunidad”, sostuvo.
NO HAN SERVIDO DE NADA EXHORTOS DEL CONGRESO
Este jueves, el Senador del PRD, Alejandro Encinas, mediante un comunicado de prensa exigió a las autoridades del estado de Oaxaca intervenir inmediata para la localización con vida de Herón Sixto López.
Pidió, además, se investiguen a profundidad los hechos y se castigue a los responsables de la desaparición del abogado del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, “no se puede permitir que estos actos violentos obscurezcan la lucha en defensa de los Pueblos Indígenas”, enfatizó.
Por otra parte, el pasado 10 de julio, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para invitar a siete entidades federativas que no han firmado el Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a que lo suscriban cuanto antes.
El exhorto solicitado por los senadores Angélica de la Peña y Alejandro Encinas pide a los estados de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal, que suscriban el Convenio, a fin de establezcan los mecanismos de protección a víctimas de distintos factores de la delincuencia organizada y la violencia en nuestro país.
En la justificación del punto de acuerdo, la Primera Comisión de la Permanente especificó:
“No se trata de una concesión a defensores de derechos humanos y periodistas sino de la obligación del Estado de cumplir con el mandato legal de cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención y las medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
Y es por esto que la Senadora De la Peña solicitó en el punto de acuerdo que los Gobernadores de todos los estados del país entreguen un informe, por escrito y detallado acerca de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las solicitudes de colaboración.
“Nosotros somos un país en paz, no tenemos una guerra civil, pero de repente encontramos que los datos van al parejo de otros países que están enfrentando guerras internas. Yo creo que esa es una gran incongruencia respecto a lo que somos como nación y esa es una cuestión que tiene que atenderse”, apuntó la legisladora perredista.
Lamentablemente los esfuerzos que se realizan desde el centro del país, poco o muy poco, han servido para mejorar la seguridad, vida e integridad física de defensores y periodistas en las entidades federativas y el propio Distrito Federal. Por lo que terminan como se dice popularmente en “simples llamados a misa”.
Y es que por ejemplo, el gobierno del estado de Oaxaca sí firmó el Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, esta entidad es una de las afectadas por la violencia contra activistas.
“Terminan en solamente una declaración de buena voluntad en cuanto a que harán caso de este llamado, en relación a este mecanismo de protección o a que están platicando con las víctimas o los afectados, pero solamente se reduce a eso. Son palabras o declaraciones, pero nada concreto”, afirmó Alba Cruz Ramos, de Código DH.
Para evitar que las leyes y exhortos queden en letra muerta, la Presidenta de la Comisión de Derechos del Senado recomendó acabar con la impunidad, establecer políticas que respeten las leyes constitucionales, a fin de garantizar la libertad de expresión y una corresponsabilidad irrestricta por parte de las entidades federativas.
