Ante la escasez de agua, integrantes de más de 20 comunidades indígenas protestaron en marzo 2021 para exigir que la embotelladora Bonafont, parte de la transnacional Danone, dejara de operar. Desde entonces, la empresa frenó sus actividades, pero las y los habitantes siguen sin garantía de que no las retomarán, por lo que continúan organizándose para proteger sus pozos y ríos de la zona de esta y otras industrias contaminantes.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– Por años, grandes empresas, entre ellas las embotelladoras de agua, han sido beneficiadas por generosas concesiones para explotar los acuíferos. Los perdedores han sido las comunidades. Es el caso de lo que ocurrió en una región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla. Ahí no faltaba el agua para consumo humano, pese a la invasión industrial desde hacía varias décadas. Hasta que la situación cambió y se vieron obligados a organizarse para expulsar a quienes saquearon y contaminaron sus pozos.
En esta región no sólo están contaminados los ríos Atoyac y Metlapanapa por desechos industriales, sino que además, las comunidades comenzaron a padecer una creciente escasez de agua provocada por la sobreexplotación del recurso en los parques industriales. Entre las empresas que sobreexplotaron el agua en la región destaca Bonafont, filial de la corporación francesa Danone. Desde que Bonafont llegó a ese municipio, hace tres décadas, la capacidad de algunos pozos en la región se redujo. Otros ya se secaron por completo. La situación los llevó a tomar cartas en el asunto.
Adela, integrante de Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, platicó el programa En Defensa del Consumidor, del Estudio B de SinEmbargo, cómo en 1992, en el marco del Tratado de Libre Comercio, llega esta empresa, pero con el nombre de Arcoiris. “Llega a decir que van a abrir un pozo con fines para la agricultura, un pozo profundo agrícola, y las personas que participaron en una encuesta en ese tiempo estuvieron de acuerdo porque ellos pensaban que era beneficio y la sorpresa fue que no, que era un pozo industrial y que era para una embotelladora”.
“Para poder lograr esto impusieron a un presidente municipal que pues les dio todos los permisos y empezó a operar la empresa Arcoiris los primeros años, aproximadamente en el 94 abiertamente se dice que es de parte de Bonafont, parte de la empresa transnacional Danone que tiene su origen en Francia”, platicó. “A partir de ahí empezaron a extraer el agua llenando garrafones de 20 litros todos los días las 24 horas del día, aproximadamente estaban sacando dos millones de litros de agua diariamente, eso eso se cuenta por supuesto lo que rellenaban, pero también el agua que utilizaban para lavar los garrafones y el agua que desperdiciaban al momento del llenado”.
Las 20 comunidades aledañas, organizadas como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, analizaron las afectaciones y el 21 de marzo de 2021 decidieron instalarse en un plantón permanente afuera de la empresa. Para el 8 de agosto de ese año tomaron las instalaciones. La planta de Bonafont se convirtió en el Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, para gestionar la recuperación de los pozos de agua, desarrollar proyectos culturales y educativos, y crear un centro de reunión para la organización de los pueblos. A seis meses de cerrar la planta, los sedientos pozos empezaban a recargarse de agua.
Sin embargo, este proceso se interrumpió de golpe. En la madrugada del 15 de febrero de 2022, la Casa de los Pueblos fue desalojada por elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía municipal para devolverle a Bonafont sus instalaciones.
A ello se suma la criminalización que desde hace años sufren las y los defensores de la tierra y del río. De hecho, desde el inicio del plantón integrantes de Pueblos Unidos denuncian haber sido objeto de una campaña intimidación y criminalización, e incluso se han abierto carpetas de investigación en contra de algunos de ellos.
“Ahí vimos de qué se trataba en realidad este contubernio entre el Estado y las empresas, y bueno, recuperaron esas instalaciones, intentaron reabrir un espacio de distribución, pero de antemano los pueblos nos mantuvimos alertas y activos para decirles que no lo íbamos a permitir, que nosotros no íbamos a hacer cómplices del despojo de otros territorios y que se fuera almacenar ese robo en nuestros pueblos”, apuntó Adela.
“El pozo del cual extraían el agua nosotros lo clausuramos cuando entramos y sigue clausurado, entonces desde marzo del 2021 no han sacado ni una gota y sí se recuperaron nuestros Ameyales, nuestros canales, nuestros ríos, nuestros pozos, y eso es lo que seguimos defendiendo”.
En este sentido, Adela explicó a la periodista Montserrat Antúnez que como organización no sólo están defendiendo el agua del río sino también el agua que está en el subsuelo, que está siendo saqueada y contaminada.
Al ser cuestionada si han tenido algún acercamiento por parte del gobierno, la integrante de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes aseguró que las autoridades se han negado y que todo ha sido a través de la violencia.
Fue el 8 de agosto del 2021 cuando la organización convocó a los representantes del gobierno federal y estatal, de Conagua, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de Bonafont para dialogar sobre los motivos por los que los pueblos se han negado a que la empresa trasnacional siga extrayendo agua de los pozos, pero ninguno acudió a la cita.
Meses después, en el 2019, la ONG defendió el río Metlapanapa para evitar las descargas de desechos tóxicos de Ciudad Textil, pero como respuesta sólo recibieron agresiones. Además, Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, integrantes de los 20 pueblos nahuas del valle de Puebla, fueron acusados de cargos que no cometieron por lo que tuvieron que soportar años de persecución.
Por otra parte, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes también se han tenido que enfrentar al proyecto integral Morelos puesto que denuncian que dentro del territorio el gasoducto pasa cerca de los volcanes, y más recientemente a un basurero que llevaba activo desde hace casi 30 años.
“En el tema del basurero, el 30 de abril de este año sufrimos una represión muy fuerte. Esta vez un grado más de violencia, que ya fue con el uso de armas de fuego directamente a nuestros compañeros. Afortunadamente por la oscuridad y por la noche no lograron herir a ningún compañero, pero esa era la intención, herirlos de muerte y eso es algo que sí nos preocupa bastante, que ya el grado de represión hacia nosotros va incrementando en el nivel de la violencia”, expuso Adela.
